El Supremo acorrala a Alvise: desde financiación ilegal a difamación, pasando por amenazas o acoso 

El líder de ‘SALF’ se enfrenta a seis causas judiciales mientras esquiva las notificaciones oficiales

Luis ‘Alvise’ Pérez, eurodiputado de extrema derecha y líder de ‘Se Acabó La Fiesta’ (SALF), tiene frente a sí un horizonte judicial complicado. Hasta seis causas judiciales esperan a que el Tribunal Supremo decida si las admite a trámite, incluyendo acusaciones de financiación ilegal, difamación y amenazas. El agitador ultra, conocido por usar sus redes sociales para difundir bulos y acosar a rivales políticos, se enfrenta a un proceso que podría poner fin a su carrera política, o al menos desgastarla considerablemente. Según informa elDiario.es, el Tribunal Supremo tiene la última palabra sobre su futuro legal.

ACUSACIONES DE FINANCIACIÓN ILEGAL Y DIFAMACIÓN

Una de las acusaciones más graves a las que se enfrenta Alvise Pérez es la de financiación ilegal. La Fiscalía investiga si el eurodiputado recibió 100.000 euros en efectivo de un empresario del sector de las criptomonedas, Álvaro Romillo, para financiar su campaña electoral. El dinero fue entregado, según el testimonio recogido en el informe, un día antes de que Alvise se lanzara a la carrera política. A cambio, el agitador ultra habría prometido legislar en favor del empresario en caso de obtener poder político. La Fiscalía sostiene que hay suficientes indicios para investigar este pago como un posible delito de financiación ilegal.

Alvise ha reconocido haber recibido el dinero y no haberlo declarado a Hacienda, pero lo justificó como “pagos por servicios como autónomo y sin factura”. Esta defensa ha sido suficiente, de momento, para que el Parlamento Europeo no haya tomado medidas disciplinarias, aunque en España la causa está pendiente de que el Supremo decida si abre diligencias formales.

Las acusaciones de difamación también son una constante en el historial de Alvise. El líder de SALF ha sido condenado a indemnizar con 60.000 euros al exministro José Luis Ábalos por difundir una imagen suya en la terraza de su casa y dar a entender que padecía problemas de salud mental. Además, el Supremo tiene pendiente decidir si confirma la condena de 5.000 euros a favor de Manuela Carmena, a la que acusó de recibir un respirador privado en su domicilio en plena pandemia, mientras los hospitales públicos carecían de ese material. El agitador ultra también ha sido condenado a indemnizar con 7.000 euros a la periodista Ana Pastor por difundir información falsa sobre ella.

AMENAZAS, ACOSO Y PROMOCIÓN DE DISTURBIOS

Alvise Pérez también está siendo investigado por su papel en los disturbios de Ferraz de noviembre de 2023. El agitador ultra lideró una manifestación ante la sede del PSOE que terminó con enfrentamientos violentos con la policía. Alvise llegó a marcharse de la concentración anunciando que se iba “a cenar”, mientras sus seguidores se enfrentaban a las fuerzas de seguridad. La Fiscalía investiga si su papel en estos altercados podría considerarse incitación a la violencia.

Otra causa pendiente se relaciona con el acoso a una de las hijas de Pedro Sánchez. Alvise difundió en su canal de Telegram imágenes de la joven, revelando el país en el que estudiaba, lo que puso en riesgo su seguridad. La Agencia Española de Protección de Datos multó al eurodiputado con 5.000 euros por este episodio.

En Sevilla, una magistrada ha denunciado a Alvise por amenazas tras una resolución judicial contra Vito Quiles, uno de los colaboradores del líder de SALF. Alvise insinuó que tenía información comprometedora sobre la jueza y sugirió que la haría pública si esta no rectificaba su decisión. La Fiscalía ha considerado este acto como una forma de coacción y ha trasladado el caso al Supremo.

El patrón de Alvise para evitar las consecuencias legales es evidente: la Guardia Civil ha tenido problemas para notificarle las diligencias porque el eurodiputado ha intentado permanecer ilocalizable. La estrategia incluye evitar las notificaciones oficiales y retrasar los procesos judiciales todo lo posible.

Alvise no solo ha consolidado un espacio en el Parlamento Europeo, sino que también ha conseguido arrastrar a Vox hacia una disputa interna por el voto ultra. El choque con Santiago Abascal ha sido constante, y aunque Alvise ha insinuado que Vox también podría haber recibido financiación ilegal de Álvaro Romillo, el Supremo archivó recientemente una querella de Abascal por calumnias al considerar que las acusaciones de Alvise no eran lo suficientemente concretas para sustentar un delito.

El agitador ultra ha convertido la desinformación y el acoso en una herramienta política rentable, pero la Justicia está cada vez más cerca de ponerle freno.