Opinión | Es el imperio, estúpido 

Cuando el poder tiembla, bombardea.

Durante meses nos han vendido una secuencia de crisis internacionales como si fueran estallidos inevitables de un mundo descontrolado. Bombardeos selectivos, incursiones militares, operaciones “quirúrgicas”, declaraciones inflamadas desde el Despacho Oval. Todo envuelto en la retórica de la seguridad nacional. Pero conviene hacerse una pregunta incómoda: ¿qué estaba ocurriendo en casa mientras el imperio miraba hacia fuera?

La respuesta tiene nombre propio: los llamados “Epstein Files”. Según datos del propio Departamento de Justicia, solo la mitad de los aproximadamente 6 millones de documentos vinculados al caso han sido parcialmente liberados. Lo hicieron, además, semanas después del plazo marcado por el Congreso y con cientos de miles de páginas tachadas. Parte del material había sido revisado y censurado por el FBI en marzo de 2025, antes incluso de su difusión pública.

No hablamos de chismes de tabloide. Hablamos de la posible implicación de élites políticas, empresariales y financieras en una red de abusos sexuales a menores. Hablamos de nombres que orbitan alrededor de centros de poder económico global. Y hablamos de un presidente que mantuvo relación social con Epstein durante más de 15 años en Manhattan y Palm Beach.

EL ARCHIVO QUE QUEMA A LAS ÉLITES

En los documentos ya publicados aparecen referencias incómodas. Figuran comunicaciones de grandes fortunas pidiendo invitaciones a la isla privada del financiero. Se mencionan reuniones sociales en 2012 en el Caribe con figuras relevantes del mundo empresarial. Consta el testimonio de una víctima que relató al FBI una visita guiada a Mar-a-Lago. Nada de esto constituye por sí mismo una condena penal. Pero sí configura un ecosistema de connivencia obscena entre dinero, poder y explotación.

La cuestión no es solo jurídica, es estructural. Las redes de abuso sexual de alto nivel no funcionan por desviación individual sino por jerarquía. El abuso se convierte en moneda de intercambio, en mecanismo de lealtad, en ritual de pertenencia. La historia lo demuestra. El informe del Gran Jurado de Pensilvania de 2018 destapó décadas de encubrimiento sistemático en la Iglesia católica estadounidense. El poder protege al poder. Y el silencio se compra.

Cuando el presidente prometió transparencia y después retrasó y mutiló la publicación de los archivos, parte de su propia base electoral reaccionó. Las encuestas de febrero de 2026 reflejaron una caída significativa en su aprobación entre votantes republicanos que exigían la liberación íntegra de la documentación. El mito del líder que “lo va a contar todo” empezó a resquebrajarse.

En ese contexto, la agenda exterior se aceleró. Bombardeos en el Caribe. Operaciones militares en América Latina. Despliegues federales en ciudades del interior bajo el pretexto de combatir amenazas difusas. La retórica de la guerra volvió a ocupar el prime time. Y cada comparecencia pública desplazaba el foco del archivo hacia el enemigo externo.

No es un patrón nuevo. El historiador Andrew Bacevich ha documentado cómo, tras el 11 de septiembre de 2001, la política exterior estadounidense se convirtió en herramienta de cohesión interna y neutralización de disidencias. El politólogo John Mearsheimer ha descrito la lógica de las potencias en declive que intensifican su proyección militar cuando su hegemonía se erosiona. El imperio golpea fuera cuando se pudre dentro.

GUERRA PARA NO HABLAR DE ABUSO

La distracción no es improvisación. Es doctrina. Desde la vieja Doctrina Monroe de 1823 hasta las guerras contra el terror tras 2001, el hemisferio occidental ha sido tratado como patio trasero estratégico. En 2026, con una economía tensionada por décadas de sobreextensión militar y una reputación internacional dañada, la tentación de recentrar la narrativa en la seguridad nacional es evidente.

Mientras tanto, los archivos siguen incompletos. Las víctimas siguen esperando verdad. Y la ciudadanía recibe una dieta constante de alarmas geopolíticas que diluyen el escándalo.

Algunos dirán que centrarse en los “Epstein Files” es caer en la agenda de la derecha. Error. La explotación sexual de menores no es patrimonio ideológico. Es un crimen transversal al poder. Y precisamente por eso resulta tan incómodo. Porque obliga a cuestionar no solo a un líder concreto, sino a la arquitectura institucional que permite que durante años nadie vea, nadie sepa y nadie actúe.

La cultura de la violación no nace del consumo cultural ni de la marginalidad. Nace de la impunidad jerárquica. Nace de estructuras donde la obediencia se premia y la denuncia se castiga. Desde la familia nuclear patriarcal hasta la cúspide del Estado, el abuso se reproduce cuando el poder no tiene contrapeso.

Liberar íntegramente los 6 millones de documentos sin tachaduras no es morbo, es higiene democrática. Permitir que periodistas, fiscales y la ciudadanía examinen los nombres y las conexiones es la única forma de romper el pacto de silencio. Lo contrario es administrar el escándalo hasta que la siguiente crisis lo sepulte.

No se trata de elegir entre denunciar la guerra o denunciar el abuso. Se trata de comprender que forman parte de la misma lógica. La violencia hacia fuera y la violencia hacia dentro comparten raíz: la concentración extrema de poder sin control social.

El imperio necesita enemigos externos para que no miremos sus sótanos. Pero los sótanos siguen ahí. Y la democracia no se defiende con bombardeos ni con documentos censurados. Se defiende abriendo las ventanas aunque el olor sea insoportable.