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Cuando la política se queda sin argumentos, algunos vuelven a desenterrar fantasmas para mantener vivo el miedo.
Ayer, 11 de marzo, en pleno aniversario de los atentados del 11M de 2004, el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja volvió a pronunciar una de esas frases que resumen toda una forma de entender la política: “Tenemos que prepararnos para un escenario en el que vamos a ver gobernar a ETA”. A su lado estaban José María Aznar y Isabel Díaz Ayuso, arropando la presentación de un libro que, en teoría, pretendía ofrecer un “testimonio de una época”. En la práctica, terminó siendo otra escena de la larga campaña de agitación que ciertos sectores de la derecha española llevan décadas construyendo alrededor de un mismo recurso: ETA como excusa permanente.
La escena no era nueva. Un escenario, tres figuras del viejo aparato político del Partido Popular y un discurso que mezcla conspiraciones, advertencias apocalípticas y la insinuación constante de que el Gobierno democrático de turno forma parte de un complot histórico. Mayor Oreja habló de un supuesto “Frente Popular” formado por las izquierdas, por ERC y por ETA, como si la banda terrorista —disuelta desde hace años— siguiera siendo una fuerza política que pudiera gobernar España. Aznar, por su parte, alertó de que las elecciones generales de 2027 tendrán un carácter “semi constituyente” y que el país podría acabar fragmentado en “republiquillas”.
El problema no es solo la exageración retórica. El problema es que ese discurso se repite desde hace más de dos décadas como una estrategia política deliberada.
EL FANTASMA QUE NUNCA SE VA
La organización terrorista ETA anunció el cese definitivo de la violencia en 2011 y se disolvió formalmente en 2018. Durante décadas fue responsable de asesinatos, secuestros y atentados que marcaron profundamente la historia reciente de España. Nadie discute la gravedad de aquel periodo ni el sufrimiento de las víctimas. Pero precisamente por eso resulta especialmente grave que su memoria se utilice hoy como arma propagandística.
Convertir a ETA en una herramienta política permanente implica vaciar de sentido el propio recuerdo de lo que ocurrió.
Mayor Oreja lo hizo otra vez el 11 de marzo de 2026, justo en el aniversario de la mayor masacre terrorista de la historia de España. Aquella mañana del 11 de marzo de 2004, una serie de bombas colocadas en trenes de cercanías provocó 193 muertos y más de 2.000 personas heridas en Madrid. La investigación judicial, las sentencias de la Audiencia Nacional en 2007 y del Tribunal Supremo en 2008 dejaron claro que los autores fueron terroristas yihadistas vinculados al extremismo islamista.
A pesar de ello, parte de la derecha española lleva más de veinte años insinuando que la historia no está cerrada. Aznar lo hizo en su momento desde el Gobierno, lo repitieron medios afines durante años y ahora lo retoma Mayor Oreja en forma de insinuación conspirativa. Según su relato, el atentado “se hizo para cambiar el rumbo de España”. Un argumento que ignora deliberadamente lo que establecieron las investigaciones judiciales y que vuelve a colocar el fantasma de ETA en el centro de la escena.
No es una casualidad ni un error. Es una estrategia política.
El miedo es una herramienta poderosa. Funciona especialmente bien cuando se invoca un enemigo que ya no puede responder. ETA ya no existe, pero su sombra sigue siendo útil para construir un relato en el que cualquier adversario político puede ser presentado como un peligro existencial para el país.

CUANDO LA POLÍTICA SE ALIMENTA DEL MIEDO
La presentación del libro de Mayor Oreja no fue solo un acto editorial. Fue una demostración de cómo ciertos sectores del conservadurismo español siguen utilizando el mismo guion político de principios de siglo.
Ese guion es simple: construir la idea de que España vive bajo una amenaza constante, que el Gobierno es parte de esa amenaza y que solo un bloque político puede salvar al país. En este esquema, ETA no es una realidad histórica cerrada, sino un recurso retórico que se reactiva cada vez que resulta conveniente.
El problema es que este discurso no solo deforma el debate político, también erosiona la memoria colectiva.
Cuando se repite que ETA puede “gobernar España”, no se está describiendo una realidad política. Se está fabricando una narrativa que convierte a las y los adversarios políticos en enemigos internos. Y esa lógica tiene consecuencias. Alimenta la polarización, legitima el insulto y transforma cualquier debate democrático en una batalla existencial.
La paradoja es evidente. Quienes dicen defender la Constitución utilizan un discurso que presenta la democracia como una amenaza permanente. Quienes aseguran proteger la memoria de las víctimas instrumentalizan su sufrimiento para atacar al rival político.
Mientras tanto, los problemas reales del país —la desigualdad, la precariedad laboral, la crisis climática, el deterioro de los servicios públicos— quedan fuera de escena. El fantasma de ETA sirve precisamente para eso: para evitar hablar de las cuestiones que afectan a la vida cotidiana de millones de personas.
La derecha española lleva más de veinte años repitiendo esta estrategia. Cambian los gobiernos, cambian los contextos internacionales, cambian las crisis económicas. Pero el argumento sigue siendo el mismo.
ETA como amenaza eterna. ETA como arma electoral. ETA como coartada para convertir la política en un campo de batalla permanente.
Y así, mientras la realidad avanza, algunos siguen luchando contra un fantasma que solo existe porque se empeñan en mantenerlo vivo.
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Los atentados yihadistas cometidos el 11 marzo 2004, tres días antes de las Elecciones Generales, desataron en España un terremoto político cuyas consecuencias aún perduran. Marcaron la historia de España.
Los cuatro o cinco principios básicos, que sustentaban el espíritu de concordia desde que se inició la “transición” en los años 70, desaparecieron a partir de estos atentados. PSOE y PP utilizaron los atentados según sus intereses, con el consiguiente advenimiento de nefasto Zapatero, quién abrió la brecha del resentimiento con la ley de “Memoria Histórica”.
Nunca debió de darse esta situación. Los TEDAX, dos horas después de las explosiones, 10:00 horas del mismo día 11, antes de neutralizar dos bombas que no explosionaron (Atocha y El Pozo), observaron que la sustancia explosiva era de color blanco. No de color rojo como la dinamita Titadyn utilizaba ETA.
Aznar se precipitó con un telegrama a embajadas y organismos internacionales el mismo día 11, a las 17:30 hrs., acusando a la banda criminal ETA como autora de los atentados. Este fue el origen y causa (justificación) de la manipulación mediática que vino después.
Pedro J Ramírez, Casimiro García Abadillo y Federico Jiménez Losantos, con mentiras y medias verdades, acusaron a policías, jueces y fiscales de conspirar para encubrir a terroristas (por ejemplo, «Informe ácido bórico», 2006). Con sus “teorías de la conspiración del 11 M”, ignoraron y despreciaron las sentencias de Audiencia Nacional (2007) y Tribunal Supremo (2008).
Con su mala praxis periodística dividieron a las victimas y causaron la crispación social y política cuyas secuelas aún están presentes. Ayudaron a Zapatero a ganar su segunda legislatura en 2008, con las preguntas parlamentarias de Zaplana dictadas por Pedró J Ramírez.
Aún, en junio de 2009, estos periodistas seguían insistiendo en la autoría de la banda criminal ETA con la promoción del libro «Titadyn» (dinamita utilizada por ETA). Casimiro García Abadillo lo prologó con una extensa recopilación de las “teorías” y las especulaciones que ellos habían inventado y difundido.
Datos comunicados inmediatamente a las autoridades policiales, como se refleja en una nota incorporada inmediatamente al sumario.
Así consta en página 30 y en documento oficial nº 5 del anexo del libro «Las Bombas del 11-M. Relato de los hechos en primera persona». (Amazon 2014) del que fuera jefe de los TEDAX, comisario Juan Jesús Sánchez Manzano. Acceso gratuito portal bibliográfico universitario Dialnet.
En el 2022 se estrenó un documental en Netflix, “11 M (2022)”, muy interesante e ilustrativa, con la intervención de victimas, jueces, fiscales, policías, bomberos, servicios sanitarios, periodistas, políticos