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«No estamos ante una incoherencia. Estamos ante una gramática del privilegio«.
Por Javier F. Ferrero
Hay silencios que no son ausencia de palabras, sino presencia de un orden. El de Isabel Díaz Ayuso ante el caso de acoso denunciado en Móstoles no es un despiste, ni una torpeza política, ni una contradicción coyuntural. Es algo más sofisticado y, por eso mismo, más inquietante: un silencio con arquitectura.
Hace apenas dos meses, en diciembre de 2025, Isabel Díaz Ayuso utilizó el pleno de la Asamblea de Madrid para cargar contra el PSOE por las denuncias de acoso que afectaban a Francisco Salazar, exasesor del presidente del Gobierno. No existía entonces denuncia judicial. No se habían presentado pruebas documentales. Había, únicamente, el testimonio de dos trabajadoras de La Moncloa. Para Ayuso y para la dirección del PP fue suficiente. El acoso era incuestionable, estructural, moralmente evidente. Dudar de la palabra de las mujeres equivalía a ser cómplice. La presunción de inocencia quedó suspendida en nombre de una indignación selectiva, y el PP se erigió en guardián repentino de un feminismo que hasta ese momento había despreciado.
Hoy, febrero de 2026, el escenario es otro y, sin embargo, la lógica es la misma. La denunciante es una mujer. Se llama exconcejala del Partido Popular en Móstoles. El denunciado es Manuel Bautista, alcalde del municipio y dirigente del PP madrileño. Esta vez no hablamos solo de testimonios. Hay nueve correos electrónicos enviados directamente a Isabel Díaz Ayuso, hay reuniones con Alfonso Serrano y Ana Millán, hay un escrito de 20 páginas remitido al Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido, hay frases literales reconocidas por la propia cúpula regional que describen el patrón clásico del acoso sexual seguido de represalias laborales. Pero ahora el acusado ya no es un adversario político. Es un cargo del PP. Y entonces el acoso deja de ser evidente, se vuelve confuso, sospechoso, incómodo. Entonces aparece la palabra fetiche del poder cuando se siente amenazado: “montaje”.
No estamos ante una incoherencia. Estamos ante una gramática del privilegio.
El Partido Popular ha desarrollado, con precisión quirúrgica, una doctrina variable del acoso. Una teoría cuántica de la víctima: existe o no existe según quién ocupe el centro del encuadre. Cuando el foco apunta hacia fuera, la víctima es sagrada. Cuando apunta hacia dentro, se convierte en ruido. En estorbo. En riesgo reputacional.
La exconcejala de Móstoles hizo lo que se le pide siempre a las mujeres cuando denuncian: acudir a los cauces internos, no judicializar, no hacer ruido, confiar en la organización. Lo hizo durante ocho meses. Y recibió a cambio el viejo catecismo patriarcal, actualizado en clave institucional: piensa en tu familia, no te expongas, no denuncies, no dañes al partido. El amparo pasa por callar. El cuidado, por desaparecer.
Ayuso no la recibió. Pero sí recibió al alcalde denunciado cinco días después de uno de esos correos. No es un gesto menor. Es una escena perfectamente legible: el poder siempre encuentra agenda para sí mismo.
Después vino el archivo. Sin entrevista personal. Sin escuchar a testigos. Sin activar el protocolo que el propio PP dice tener. Y, como colofón, la filtración de correos y datos personales. La revictimización como mensaje disciplinario: a quien rompe el silencio, se le expone.
Ayuso ha dicho que se trata de un caso “fabricado contra el PP”. La frase no es nueva. Forma parte de su léxico político desde que la realidad dejó de serle favorable. Todo lo que la incomoda es una conspiración. Todo límite es una operación. El Estado de derecho solo es legítimo cuando apunta en otra dirección.
Hay aquí un juego de palabras inevitable. Presunción de inocencia, sí. Pero también presunción de poder. Esa certeza íntima de que las reglas no están hechas para quien gobierna, sino para quien estorba. Que la moral es un instrumento retórico, no un principio. Que el feminismo sirve para golpear, no para sostener.
Lo verdaderamente disruptivo de este caso no es la hipocresía, ya conocida, sino la naturalidad con la que se ejerce. Sin rubor. Sin matices. Como si el silencio fuese una política pública.
Y quizá lo sea. Porque lo que Ayuso defiende no es a un alcalde concreto, sino un modelo: uno en el que el poder se protege a sí mismo, incluso cuando para hacerlo tiene que convertir a una mujer en daño colateral.
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