Vauras Investment, un fondo buitre de capital global, ha conseguido imputar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Vauras Investment ha imputado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, porque el Ayuntamiento aplicó la ley catalana de vivienda y sancionó a la empresa por no haber ofrecido alquiler social a las familias vulnerables.
“Nos denuncian por apliciar la ley. ¡Es el mundo al revés!” dijo la alcaldesa en su Instagram. «Llevamos diez denuncias archivadas y por muchas que nos pongan, ningún fondo buitre ni ningún especulador conseguirán asustarnos. Al contrario, nos reafirman en aquello que hemos venido a hacer: defender los derechos fundamentales y el bien común», ponía en otro titular.
Gerado Pisarello explicaba en una rueda de prensa esto mismo, que «se reabría una nueva querella contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por intentar hacer cumplir la ley en materia de vivienda y por proteger a las familias más vulnerables».
«Quien ha presentado esta querella es un fondo de inversión de capital extranjero que pretendía llevar a cabo una operación especulativa para ganar dinero expulsando a vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad de sus casas. Desde el Ayuntamiento se les exigió que cumplieran la ley, que ofrecieran alternativas habitacionales a los vecinos y como no lo hicieron de manera reiterada se impulsó un proceso sancionatorio», explicó Pisarello.
«Son más de 10 querellas que han sido presentadas contra el Ayuntamiento por fondos de inversión, por multinacionales, por sectores, incluso, de ultraderechas que recurren a los tribunales para ver si de esa manera, pues, consiguen hacer valer sus privilegios».
«Nosotros estamos convencidos de que esta querella no va a prosperar, de hecho, ya había sido archivada en primera instancia, porque no tenía rigor jurídico alguno, pero sabemos que lo que estos fondos buscan en realidad va más allá de lo que puedan conseguir en los tribunales. Su objetivo es intimidar e intentar generar desánimo entre las administraciones para que no cumplan con su deber», proseguía.
«Lo que esos fondos buitre, lo que esos fondos de inversión quieren, es que no haya alternativas a los desahucios para las familias más vulnerables y no quieren que las leyes sirvan, pues, para que la gente», declaraba de forma rotunda.
«Lo que vamos a hacer es defender más que nunca la necesidad de que la nueva ley de vivienda, que se va a discutir, en este Congreso sea una ley que blinde el compromiso de las administraciones públicas con el derecho a la vivienda y que lo haga a pesar de todas las presiones mafiosas que se puedan ejercer contra esa voluntad», sentenciaba.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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