La Ley no regula qué se considera una «muestra de cortesía» y qué no, sin embargo, la Junta podría haber limitado económicamente el valor de dichos regalos, como han hecho otras administraciones Públicas
El Gobierno de Castilla y León, formado por el Partido Popular y Vox, ha decidido aprobar la modificación del Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos en la Comisión de Ética Pública, que prohibía a los altos cargos admitir regalos «de cortesía» como gratificaciones, regalos, viajes y comidas.
Por tanto, se cambiará el pacto acordado en el año 2020 entre Ciudadanos y el PP y que prohibía cualquier tipo “de regalo ni beneficio” que, en caso de ser “de escasa entidad o valor residual”, se debía poner a disposición de la consejería o entidad y, en caso contrario, se debía devolver al donante. Si no se pudieran devolver, deben remitirse a la consejería responsable del patrimonio.
Además, tampoco se podían admitir “invitaciones, comidas o entradas a cualquier tipo de espectáculo o acontecimiento deportivo, lúdico o cultural”, excepto si los altos cargos asistían en una representación institucional que reflejara su agenda.
La excusa de la Junta de Castila y León
La Junta de Castilla y León ha puesto como excusa que la Ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración recoge la necesidad de actualizar dicho código ético «siempre que sea necesario y, al menos, al inicio de cada legislatura».
En el momento que Código Ético sea aprobado por el Consejo de Gobierno, que después debe remitirse a las Cortes autonómicas, los altos cargos del Ejecutivo autonómico tendrán vía libre para recibir «muestras de cortesía habitual, objetos conmemorativos, oficiales o protocolarios que le puedan ser entregados en razón de su cargo».▷ La hipocresía de Ana Pastor sobre la izquierdaLeer más…
Además, la Junta de Castilla y León no delimita qué se considera una «muestra de cortesía habitual», aunque sí es algo que hacen otras autonomías y ayuntamientos, por lo que los futuros obsequios recibidos por altos cargos del Gobierno de Castilla y León estarán abiertos a interpretación.
La Ley no regula qué se considera una «muestra de cortesía» y qué no, sin embargo, la Junta podría haber limitado económicamente el valor de dichos regalos, como han hecho otras administraciones Públicas.
Ayuntamiento de Segovia
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Segovia aprobó en 2004 un reglamento de regalos que limitaba el valor de las dádivas en 30 euros. Si superan los 30 euros y eran productos perecederos, se donan a organizaciones benéficas. Además, los regalos se registran y se hacen públicos en la página web.
Ayuntamiento de Madrid
El Ayuntamiento de Madrid limitó la política de regalos en 2015 y aún sigue vigente. El límite fijado está en 50 euros y la suma de los regalos procedentes de la misma persona es de 150 euros al año. También prohíbe que un tercero pague los gastos de manutención y hospedaje y las atenciones derivadas de la participación en un acto público o visita oficial en ponencias, congresos, seminarios o actos similares de carácter científico, técnico o cultural.
Ayuntamiento de Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona aprobó en 2017 que los regalos no debían superar «individualmente o agrupados» los 50 euros. En caso de recibir regalos o presentes por un valor superior deben devolverse y, si la devolución no es posible, deberán ser entregados al órgano competente para incorporarlos al patrimonio de la Corporación.
Otro ejemplo es el personal de la Unión Europea, que no puede recibir dádivas que superen los 50 euros y no se permite la acumulación de obsequios.
Pablo Fernández reacciona a la modificación del Código de Austeridad del Gobierno de Mañueco
A juicio del procurador en Cortes de Unidas Podemos, Pablo Fernández, esta modificación del Código de Austeridad del Gobierno de Castilla y León se trata de «una alfombra roja a las corruptelas» y así lo ha manifestado a través de su perfil de Twitter.
«PP y Vox poniendo una alfombra roja a las corruptelas. Otra más», ha escrito.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
PAYPAL MAFIA: INFORME DEFINITIVO sobre los DUEÑOS del PODER #ReportajeSR
Durante las últimas semanas hemos ido desgranando las figuras que convirtieron a la «PayPal Mafia» en una de las redes de poder e influencia más determinantes del planeta a través de los…
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