En sesión extraordinaria y telemática el pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó sancionar con hasta 3.000 euros la mendicidad.
El pasado mes de febrero en Alicante se daba luz verde a esta nueva ordenanza que han titulado como normativa de Convivencia Cívica. Esta tuvo el rechazo de PSPV, Compromís y UP, que sostienen que el texto hace una ciudad «más cruel».
La norma fue aprobada en su texto enmendado en la anterior Comisión de Presidencia por las propuestas de Cs y sin integrar las once alegaciones de Unides Podem-EUPV que habían llevado a la sesión.
La ordenanza municipal, que establece sanciones por conductas consideradas incívicas, obedece a un pacto de PP y Ciudadanos con Vox para aprobar los presupuestos municipales. En caso de que la mendicidad se practique con menores o de personas con discapacidad, la sanción subirá hasta los 3.000 euros.
Desde PSPV, Compromís y UP afirman que esta normativa «persigue a los más vulnerables y que así Alicante se convierte en una ciudad más inhumana, triste y cruel».
«Son unos mentirosos y unos cínicos. Nosotros somos los únicos que hemos trabajado y ayudado a las personas más vulnerables porque ustedes (PSPV, Compromís y UP-EUPV) las dejaron en manos de las mafias al derogar la anterior normativa. No hicieron nada y ahora están en el momento de poder ayudarles», ha indicado el concejal de Seguridad, José Ramón González.
Por su parte, la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez (Cs), sostuvo que este equipo de gobierno «ha apostado por dar un marco jurídico a nuestra Policía Local para que pueda actuar frente a actos incívicos que a ningún vecino le gusta encontrarse a las puertas de su casa, ni en su calle ni en su barrio».
Los partidos del gobierno valenciano (PSPV-Compromís-Unides Podem) lamentaban la aprobación de la ordenanza de convivencia del Ayuntamiento de Alicante (PP-Cs) al considerar que supone «volver a la ley de vagos y maleantes».
El socialista Manolo Mata advirtió que es una medida «vergonzosa y aporófoba» y ha acusado al bipartito de Alicante de querer volver a «la ley de vagos y maleantes del franquismo». «
Esto hay que pararlo (…) No podemos criminalizar a las personas más vulnerables», ha reivindicado.
En torno a 200 personas viven y duermen cada día y cada noche en las calles de Alicante. Al menos la mitad de las personas han sufrido agresiones y un 77% no recibe ningún tipo de ayuda ni prestación social, según el informe que se realizó con la campaña Homeless Meet Up Alicante, impulsada por la Red de Entidades de Atención a las Personas sin Hogar de Alicante (REAPSHA) y la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante.
Lejos de buscar una solución, el Ayuntamiento tomaba el camino opuesto, comenzaron las multas, por lo que se ha puesto en marcha una campaña de protesta con cartelería que expresa que «dormir en el Hotel Meliá Alicante son 217€ con desayuno. Dormir en el banco de enfrente son 750€ con multa».
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
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