El ultra Vito Quiles tendrá que declarar como investigado por difamar al secretario general de Facua 

¿Hasta cuándo tendremos que seguir lidiando con personajes que creen que están por encima de la ley?

La difamación ha dejado de ser un simple acto de irresponsabilidad verbal. En la España contemporánea, asistimos a una proliferación de casos donde la injuria y la calumnia se han convertido en herramientas políticas, mediáticas y sociales. Vito Quiles, colaborador cercano de Luis ‘Alvise’ Pérez, es solo uno más de una larga lista de agitadores que utilizan sus plataformas para lanzar ataques desmedidos, sin filtro y sin responsabilidad, contra quienes consideran sus enemigos ideológicos.

La reciente citación judicial a Quiles en un juzgado de Sevilla, tras la querella presentada por Rubén Sánchez, secretario general de Facua, es un recordatorio inquietante de cómo estas figuras construyen su reputación a partir de la difamación. No hablamos solo de críticas, que son parte esencial de cualquier democracia. Hablamos de falsedades deliberadas, diseñadas para destruir la reputación de individuos y organizaciones. En este caso, Sánchez fue acusado de participar en extorsiones, amenazas de muerte y otros delitos graves, sin una sola prueba que lo respalde. El hecho de que la difamación pueda ser utilizada como una herramienta de lucha política no solo es alarmante, sino que pone en peligro el tejido democrático.

LA DIFAMACIÓN COMO HERRAMIENTA POLÍTICA

Es imposible no observar cómo el caso de Vito Quiles encaja en una tendencia más amplia. La extrema derecha, con su narrativa de confrontación y desprecio por la verdad, ha adoptado la difamación como una estrategia política legítima. Las redes sociales y los canales de televisión digital como «Estado de Alarma» amplifican estos mensajes sin ningún tipo de filtro, fomentando un ambiente de crispación en el que la verdad se distorsiona hasta volverse irreconocible.

No se trata solo de Quiles. Otros personajes, como el youtuber conocido como ‘Un Murciano Encabronao’, han sido condenados por difundir mentiras con la misma ligereza con la que se comparten memes. Estos individuos no buscan informar o aportar al debate público, sino sembrar la desconfianza, el odio y el caos. La reciente condena a ‘Un Murciano Encabronao’, que deberá pagar 30.000 euros a Rubén Sánchez por afirmar falsamente que usaba fondos públicos para comprar drogas, es solo una pequeña victoria en una guerra cultural mucho más amplia. Sin embargo, la pregunta permanece: ¿cuántas otras mentiras quedan impunes?

El uso sistemático de la difamación tiene consecuencias reales. No solo pone en peligro la integridad de las personas afectadas, sino que debilita la confianza en las instituciones democráticas. Cuando las personas pierden la fe en la verdad, en la información fiable, es fácil manipular sus emociones y exacerbar las divisiones sociales. El resultado es un ambiente tóxico, donde el diálogo se sustituye por la confrontación y la verdad por la posverdad.

EL PAPEL DE LA JUSTICIA EN UN ESCENARIO DE MENTIRAS

El sistema judicial se enfrenta a un reto titánico. A medida que la difamación se propaga a través de canales digitales con una velocidad sin precedentes, las y los jueces se ven desbordados por el volumen de casos. La citación de Vito Quiles es solo uno de muchos, pero este tipo de procesos rara vez terminan con una verdadera rendición de cuentas. A menudo, quienes difaman se amparan en la libertad de expresión, confundiendo deliberadamente su derecho a opinar con su derecho a mentir.

El hecho de que la jueza del caso tuviera que recurrir a la Policía Nacional para localizar a Quiles, un «periodista» acreditado en el Congreso, subraya la falta de seriedad con la que se toman estos procedimientos. La impunidad, o al menos la percepción de ella, está siempre presente. ¿Hasta cuándo seguirán las y los jueces lidiando con personajes que creen que están por encima de la ley?

El contexto político tampoco ayuda. Con una creciente polarización en el país, el sistema judicial está bajo presión constante, y no faltan quienes cuestionan su imparcialidad. Sin embargo, no es la justicia la que debe ser puesta en entredicho, sino aquellos que la utilizan para sus propios fines, difamando a sus enemigos y luego intentando evadir cualquier tipo de responsabilidad legal. En el caso de Quiles, su comportamiento evasivo y la necesidad de la intervención policial demuestran claramente su desprecio por el sistema.

Las redes sociales y los medios digitales han facilitado la difusión de mentiras a un nivel nunca antes visto. Y aunque las personas tienen el derecho a expresarse libremente, este derecho no puede ser una carta blanca para difundir falsedades sin consecuencias. El caso de Vito Quiles es solo un ejemplo de cómo las figuras públicas utilizan estas plataformas para lanzar ataques personales y políticos, sin importarle las consecuencias que esto tiene en la vida de los afectados. Es necesario que la justicia actúe con firmeza para frenar esta tendencia peligrosa.

En última instancia, la responsabilidad también recae en quienes consumen y propagan estas mentiras. Es fácil señalar a los Vito Quiles y ‘Murcianos Encabronados’ del mundo, pero no podemos ignorar el hecho de que estas figuras tienen una audiencia, una masa dispuesta a creer cualquier cosa que diga su líder ideológico de turno. El problema no es solo quién miente, sino quién está dispuesto a creer y repetir esas mentiras.

Sin consecuencias reales, los difamadores seguirán actuando con impunidad, confiados en que el sistema es demasiado lento o ineficaz para detenerlos. Y mientras eso siga ocurriendo, la verdad, esa pieza esencial de cualquier sociedad democrática, seguirá siendo una víctima más en esta guerra cultural.