25 Sep 2022
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No proteger el medioambiente sale muy caro: las multas millonarias de la UE al Estado español 

En 2018, el Tribunal de Justicia (TJ) de la UE puso una multa millonaria a España debido a que nueve aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes continuaban vertiendo sus aguas residuales sin un tratamiento adecuado.

Por Eulixe

La multa, que asciende ya a 62.96 millones de euros y crece cada seis meses mientras sigan los incumplimientos, se seguirá pagando hasta al menos el 2025. Por otro lado, la Comisión Europea ha advertido recientemente a España que “lo pagará caro” si permite que Doñana se seque y no lo remedia, tal y como ordenó el TJ de la UE el pasado junio. Por último, el pasado miércoles la Comisión anunció que llevará al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la UE por “no haber traspuesto íntegramente la legislación comunitaria a la protección radiológica y a la preparación ante accidentes nucleares”.

Las palabras pronunciadas en contra de la ganadería extensiva por el ministro de Consumo Alberto Garzón han levantado una enorme polvareda recientemente. ¿La raíz? La crítica hacia un modelo que no respeta ni el bienestar animal ni el medioambiente.

R 10

Hace pocos días, la Vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó que considerar como inversiones verdes la nuclear y el gas, tal y como señala la propuesta de la Comisión Europea, es un “gran error” y subrayó que “apuesta por acelerar la transición ecológica”.

Desde que Pedro Sánchez ocupa el asiento de la Moncloa, es decir, desde 2018, el cuidado del medioambiente o de las personas ha sido “una prioridad” para actual administración, o por lo menos eso es lo que han afirmado a bombo y platillo desde el Gobierno.  

Sin embargo, la realidad muestra que, aunque la protección medioambiental o de las personas pueda ser una prioridad, todavía quedan muchas lagunas y problemas que solucionar.

VERTIDO DE AGUAS FECALES

En 2018, el Tribunal de Justicia (TJ) de la Unión Europea multó al Estado español debido a que nueve aglomeraciones urbanas de más de 15.000 habitantes del país continuaban vertiendo sus aguas residuales sin un tratamiento adecuado. Cuatro años después, la cuantía de la multa asciende a 62,96 millones de euros y crece cada seis meses mientras sigan los incumplimientos.

Cuando se hizo público la decisión del TJ, el Gobierno central presentó un calendario en el que se afirmaba que “en cuatro años estaría resuelto el problema” y que todas las depuradoras de esas nueve localidades funcionarían adecuadamente.

Sin embargo, ya han pasado 4 años desde que se impuso la multa, y el Ejecutivo reconoce ahora, por escrito, que el completo cumplimiento no se dará hasta por lo menos el 2025. Y esto tiene un efecto claro: la mayor multa europea a la que ha tenido que hacer frente el Estado seguirá engordando los próximos tres años.

En términos de competencias, son los municipios los que tienen el control sobre la depuración de las aguas fecales. Según el periodista Manuel Planelles, el problema es el siguiente:

Muchas veces los Ayuntamientos no tienen presupuesto para construir o mejorar las depuradoras o para mantenerlas. En otras ocasiones, no hay voluntad política por el rechazo que la instalación de este tipo de infraestructuras despierta entre algunos colectivos de vecinos. Ante esta situación, el Gobierno central y las comunidades autónomas han ido declarando de interés estatal o autonómico estas obras para que se ejecutaran en los últimos años – Manuel Planelles / El País

Según Planelles, el Ejecutivo ha ido trasladando a las comunidades autónomas afectadas parte de la multa de 62,96 millones de euros que el país ha tenido que ir pagando. «En concreto, el Estado se ha hecho cargo de 32,7 millones, la cantidad correspondiente a las depuradoras declaradas de interés estatal. Los más de 30 millones restantes los han tenido que afrontar los Gobiernos autonómicos», subraya.

La obligación para que las localidades depuren adecuadamente sus aguas fecales antes de verterlas al mar y a los ríos viene recogida en una directiva europea que establecía el año 2001 como fecha límite para cumplir con estas obligaciones.

Sin embargo, ante los sucesivos incumplimientos, la Comisión comenzó a conceder diferentes prórrogas. La última fue hasta el 2013, y en ese año 17 núcleos urbanos seguían incumpliendo la normativa europea.

Ante esta situación, Bruselas acudió al Tribunal de Justicia de la UE. Tras un largo proceso, en 2018 el TJ condenó al Estado español a pagar una multa de 12 millones de euros por los incumplimientos en esas 17 aglomeraciones urbanas.

En el momento del fallo, es decir, hace cuatro años, nueve localidades seguían sin cumplir la normativa. Debido a este hecho, el Tribunal estableció además una multa semestral de 11 millones de euros hasta que se depuren adecuadamente las aguas residuales.

Esa cuantía de 11 millones va disminuyendo a medida que se va cumpliendo la normativa. De momento, la Comisión Europea solo ha certificado que dos de las nueve aglomeraciones han cumplido con la directiva: Tarifa (Cádiz) y Coín (Málaga).

La certificación por parte de Bruselas del funcionamiento de estas dos estaciones hará que la multa semestral baje aproximadamente hasta los 5 millones. La cuantía de la sanción está directamente relacionada con el número de habitantes de las localidades.

Sin embargo, según Planelles, cuando se consiga que todas las depuradoras de estas aglomeraciones estén en funcionamiento, el problema de las aguas residuales urbanas no estará solucionado.

La normativa europea establece que las 2.059 aglomeraciones de más de 2.000 habitantes de España deben tratar correctamente sus aguas residuales. Sin embargo, el actual plan nacional de depuración, que data del pasado mes de julio, apunta a que 516 no cumplen con lo que establecen las directivas de aguas, es decir, el 25% del total. Por este motivo, España tiene abiertos cinco expedientes europeos en estos momentos —y en breve podría llegar otro— que también pueden acabar en sanciones millonarias si continúan los incumplimientos – Manuel Planelles / El País.

DOÑANA, BAJO AMENAZA

Otros de los quebraderos de cabeza ambientales que tiene el Gobierno es la protección del Parque Nacional de Doñana, designado Patrimonio de la Humanidad y reserva de la biosfera por las Naciones Unidas.

El Parque Nacional de Doñana tiene 54. 251 hectáreas y se sitúa en un estuario junto al océano Atlántico en el suroeste de Andalucía. Es el hogar de medio millón de aves acuáticas migratorias y uno de los últimos refugios del lince ibérico y el águila imperial española.

La zona circundante es a la vez un destino turístico y un emplazamiento agrícola que produce frutas y verduras que se exportan a toda Europa. Es especialmente notoria la producción de la fresa.

Los regantes del entorno de Doñana son un poder fáctico en una provincia en que la fresa y la frambuesa dan miles de empleos y mueven más de mil millones de euros cada año y llevan años de presiones y de movilizaciones –de «asedio», según los ecologistas– para que algunos de ellos, que se quedaron fuera de los últimos planes de regadíos [el Plan de la Corona Forestal de 2014], se puedan integrar – Raúl Bocanegra / Miguel Muñoz / Público

Sin embargo, el entorno protegido de Doñana está bajo amenaza. Está sometido, según subraya la periodista Teresa López, a “un déficit endémico de recursos hídricos por la falta de lluvia y el agotamiento de sus recursos subterráneos, agravado en las últimas décadas por la extracción ilegal a través de cientos de pozos ilegales”.

La Unión Europea ha informado recientemente al Gobierno de que “lo pagará caro” sí permite que Doñana se seque y no lo remedia, tal y como lo ordenó el Tribunal de Justicia de la UE el pasado junio.

Me veo en la obligación de advertirle que, a menos que se adopte y aplique efectivamente lo antes posible el conjunto de medidas necesarias para cumplir plenamente con la sentencia […] la Comisión podría decidir acudir al Tribunal de Justicia una segunda vez, lo que acarrearía la solicitud de imposición de sanciones pecuniarias – Carta de la directora general europea de Medio Ambiente, Florika Fink, al embajador permanente de España ante la UE, Marcos Alonso / El País

El problema reside en que el Gobierno de la región de Andalucía quiere otorgar derechos de riego a los agricultores en 1.460 hectáreas de tierra que se encuentran cerca del Parque Nacional Doñana, hecho que pondría en peligro un gran refugio de vida silvestre que ya se está secando.

En concordancia con el mensaje emitido desde la UE, la ministra para la Transición Ecológica,Teresa Ribera, exhortó al jefe del Gobierno andaluz a que abandonase el plan. Siguiendo la línea marcada tanto por la UE como por el Ministerio de Transición Ecológica, los colectivos ecologistas, parte de los agricultores, la oposición andaluza, los investigadores de la Estación Biológica de Doñana y la UNESCO también han mostrado su rechazo.

Sin embargó, el pasado miércoles, el Pleno del Parlamento de Andalucia aprobó la toma en consideración de las dos proposiciones de ley “para mejora de la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena de Puerto, Moguer y Rociana del Condado”, presentadas por el PP y Ciudadanos y el PP y Vox, respectivamente.

Resulta cuando menos desconcertante que el Reino de España esté contemplando la adopción de medidas que agravarían la situación y pondrían en grave riesgo el propio cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia, lo cual suscita cuestiones relativas al respeto del Estado de derecho por parte de las autoridades españolas – Florika Fink / El País 

La suma de estos tres grupos (PP, Ciudadanos y VOX) ha permitido que siga adelante el debate sobre esta iniciativa legal que el pasado miércoles afrontó su primer trámite en el Pleno de la Cámara.

A la suma de los votos de los grupos proponentes se le añadió, además, la abstención de los 33 parlamentarios del PSOE, hecho que ha creado tensiones dentro del Partido y el enfado en el Gobierno, ya que este último pidió expresamente el no del grupo socialista. La iniciativa solo obtuvo 11 votos contrarios que vinieron de la mano de los parlamentarios del grupo Unidas Podemos y los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía.

Según informan desde El Economista, «estas dos proposiciones se tramitarán a partir de este momento como un único expediente, con el que se pretende modificar el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío de la corona norte de Doñana, y la Ley Forestal de Andalucía».

Añaden que la tramitación parlamentaria «seguirá la vía de urgencia con la que entró en el Parlamento y, aunque los partidos del Gobierno están abiertos a ampliar plazos, iría a su debate final en este periodo de sesiones».

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y PREPARACIÓN ANTE ACCIDENTES NUCLEARES

El pasado miércoles, la Comisión anunció que llevará al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la UE por “no haber traspuesto íntegramente la legislación comunitaria a la protección radiológica y a la preparación ante accidentes nucleares”.

La normativa fue adoptada en 2018, tras el grave accidente que se registró en 2011 en la central nuclear japonesa Fukushima Daiichi, para “incluir nuevos protocolos de emergencia y proteger mejor a los trabajadores, pacientes y ciudadanos de los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes». 

Europa reprocha al Estado español que, “pese a la insistencia de Bruselas en que Madrid notificara todas sus medidas de transposición, solo ha recibido información sobre una pequeña parte de los requisitos de la directiva”. Es decir, el Estado ha traspuesto solamente “una pequeña parte” de los requisitos de la nueva normativa.

Los Estados europeos tuvieron hasta junio del año pasado para trasponer la norma a su legislación, pero el Estado español no ha cumplido con los plazos previstos. En junio los servicios comunitarios remitieron a las autoridades españolas un “dictamen motivado”, segunda fase en el procedimiento que supone un ultimátum al Estado miembro para que responda a las dudas de la Comisión. Ante el incumplimiento y las «insuficientes» explicaciones del las autoridades españolas, la UE ha iniciado un expediente sancionador.