Seis meses después de la riada que dejó 228 muertes, el president no ha aclarado dónde estuvo durante las horas clave de la catástrofe.
UNO: EL REGISTRO DE LLAMADAS SIGUE OCULTO
La Generalitat Valenciana sostiene que no puede mostrar el registro de llamadas de Carlos Mazón la tarde del 29 de octubre porque la operadora contratada «no emite facturas individuales». Sin embargo, el pliego del contrato de telefonía pública obliga a la empresa a conservar los datos de tráfico de llamadas, como demuestra el documento oficial publicado en el DOGV.
Mazón relató verbalmente que hizo 16 llamadas, terminando a las 19:43, pero aún no había llegado al Cecopi, donde entró a las 20:28. Ese vacío temporal es especialmente grave porque fue cuando se decidió el envío del Es Alert, según la investigación judicial. Ningún documento oficial respalda la versión de Mazón.
DOS: LAS CÁMARAS DEL PALAU FUERON BORRADAS
La Generalitat admitió que las imágenes de seguridad del Palau de la Generalitat, donde Mazón dijo haber estado trabajando, fueron borradas siguiendo un «protocolo» que elimina las grabaciones a los 15 días.
Ese supuesto protocolo no se suspendió, ni siquiera tras una tragedia que costó centenares de vidas humanas, como exige cualquier manual de emergencia institucional. Como informa Levante-EMV, la oposición exigió acceso a esas imágenes antes de su eliminación, sin éxito.
El gobierno autonómico decidió destruir la única prueba que podría haber demostrado si Mazón decía la verdad.
TRES: SIN RASTRO DE LOS VEHÍCULOS OFICIALES
Presidencia respondió a las preguntas parlamentarias sobre los trayectos de los coches oficiales aportando únicamente el parte de dietas del conductor, donde consta que trabajó de 8:00 a 2:00. Ningún dato de geolocalización, ningún itinerario, ninguna prueba.
Cuando se solicitó la ubicación del móvil oficial de Mazón, la respuesta fue surrealista: el president «no tiene teléfono móvil personal», un argumento tan ridículo como peligroso en un cargo de responsabilidad pública.
Sólo un informe pericial privado ha logrado aportar indicios sobre los movimientos de su vehículo, pero el Consell sigue sin aportar datos oficiales.
CUATRO: LA FACTURA DEL VENTORRO PERMANECE ESCONDIDA
La comida que Mazón compartió con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro, mientras el río Magro se desbordaba, tampoco ha quedado aclarada. La factura podría fijar con exactitud la hora de pago y, por tanto, desmontar su coartada, pero Presidencia argumenta que la comida fue privada y pagada por el Partido Popular.
Según la versión oficial, la reunión fue para ofrecer a Vilaplana la dirección de À Punt, la televisión autonómica. Sin embargo, el ticket sigue sin aparecer, a pesar de que el Tribunal de Cuentas debe fiscalizar los gastos partidistas.
El esqueleto de la verdad yace enterrado bajo excusas partidistas.
CINCO: SE NIEGA EL ACCESO A LAS GRABACIONES DE L’ELIANA
Aunque Presidencia difundió una imagen que acredita la llegada de Mazón al Cecopi a las 20:28, las formaciones como Compromís exigen las grabaciones completas de las cámaras del centro de coordinación de emergencias en l’Eliana.
La negativa a entregar esas grabaciones se justifica alegando tecnicismos del reglamento parlamentario.
¿Qué se oculta exactamente en esas grabaciones que tanto pánico provoca en el Palau?
SEIS: NO EXISTEN ACTAS NI GRABACIONES DEL CECoPi
En un escenario de muerte y devastación, el Cecopi no dejó ni un acta de sus deliberaciones, ni una grabación, ni un registro oficial de decisiones. Emergencias asegura que no existen documentos sobre lo que se habló y decidió aquella tarde crucial.
Sin embargo, la Fiscalía investiga quiénes participaron y qué papel jugó Mazón, ya que el Cecopi fue descrito como «una burbuja aislada de la realidad» por la jueza encargada de la instrucción. Una burbuja de irresponsabilidad que dejó a cientos de personas atrapadas y sin aviso.
La Generalitat ha construido un muro de silencio alrededor del Cecopi, y cada día que pasa sin respuestas es un insulto a la memoria de las 228 víctimas.
La sombra de la DANA sigue proyectándose sobre València, pero la sombra de Mazón sobre la dignidad institucional es aún más larga.
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