Una gran Marea Blanca rechaza la gestión sanitaria del Gobierno de Ayuso 

Una Marea Blanca organizada por trece organizaciones sindicales, sanitarias y vecinales, entre ellas la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, más de 20.000 personas se han manifestado entre Neptuno y la plaza de Colón en Defensa de una Sanidad Pública, universal y de calidad

“La respuesta ciudadana a la convocatoria ha sido extraordinaria. Tras este éxito, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debería pararse a reflexionar y corregir su política sanitaria en diálogo con los profesionales, usuarios, vecinos y vecinas”. De esta manera valoraba la organización la masiva Marea Blanca que esta mañana ha llenado de colorido la distancia que separa la plaza de Cánovas del Castillo y la plaza de Colón de Madrid. Unas 20.000 personas, perfectamente distribuidas en hileras y separadas gracias a sus paraguas abiertos, han marchado por el Paseo del Prado y el Paseo de Recoletos hasta la famosa plaza en un grito común por una sanidad pública, universal y de calidad.

Abrían la manifestación representantes de las trece organizaciones convocantes, portando cada uno de ellos y ellas una letra de las cuatro palabras que conformaban el lema de la movilización: “Lucha por tu salud”. Detrás de esta nueva Marea Blanca, que por su carácter unitario y masivo recuerda a las mareas blancas de 2014, que consiguieron frenar el plan privatizador de Fernández Lasquetty, se encuentran la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), la Asociación Madrileña de Enfermería (AME), Comisiones Obreras (CCOO Madrid), la Confederación General del Trabajo (CGT), CSIT-Unión Profesional (CSIT-Unión Profesional), la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), el Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de Sanidad (MATS), la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid-Marea Blanca (MEDSAP-Marea Blanca), la Plataforma Centros de Salud, [email protected][email protected], el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETESS), SummAT (SUMMA 112– Asamblea de Trabajadores) y la Unión General de Trabajadores (UGT Madrid). Un movimiento amplio y plural como lo eran las y los manifestantes que esta mañana ocuparon el centro de la capital.

Muchos de ellos y ellas eran trabajadores de la sanidad pública madrileña, de nuestros hospitales, centros de especialidades y centros de salud, personas que desde hace siete meses forman la columna vertebral de la lucha contra la Covid-19, que han recibido una y otra vez los aplausos de la ciudadanía por su tesón y entrega, pero también el ninguneo, y a veces el desprecio, del Gobierno regional. Fruto de esta falta de consideración, la Comunidad de Madrid ha cosechado en este tiempo once dimisiones y ceses de altos cargos relacionados con la gestión de la pandemia y un aluvión de protestas y movilizaciones del personal sanitario.

Meses de protestas

Protestas que, como esta mañana, han convergido con aquellas impulsadas por las asociaciones vecinales y los colectivos en defensa de la sanidad pública, que llevan meses manifestándose ante los centros de salud y otros establecimientos sanitarios, para reclamar cosas tan elementales como más rastreadores y un refuerzo de las plantillas de la Atención Primaria y hospitalaria. Grupos de médicos, sindicatos de enfermería, celadores, técnicos sanitarios, han marchado junto a colectivos de barrio de todos los distritos de la capital y de otros municipios de la región.

Los lemas coreados en la marcha hacían referencia al polémico hospital de emergencias Isabel Zendal, que ya ha costado 100 millones de euros a las arcas públicas, el doble de lo previsto, a pesar de que únicamente abrirá una pequeña parte de su espacio y a día de hoy solo cuenta con un centenar de profesionales, que además proceden de otros centros sanitarios de la Comunidad. Por si acaso no se usa para lo que fue concebido, y será porque Madrid no dispone de naves para tal fin, Ayuso lo ha ofrecido al Gobierno central como almacén de la vacuna de la Covid-19.

Frente a este tipo de ladrillazo como solución a la crisis sanitaria que padecemos, los colectivos impulsores de la Marea Blanca apuestan por un claro refuerzo y consolidación de los servicios y equipamientos sanitarios existentes. Así, han pedido esta mañana la apertura inmediata de todos los centros de salud y Servicios de Urgencia de Atención Primaria que aún siguen cerrados, así como la habilitación de las 16 camas de UCI del Hospital Infanta Sofía clausuradas y del resto de camas que continúan sin uso erradas en los demás hospitales públicos de la región.

También han demandando la contratación de las y los profesionales necesarios para garantizar una asistencia regular a pacientes Covid y no Covid y un número suficiente de rastreadores para conseguir la localización de los contactos de los nuevos casos del virus. “Exigimos la conversión de todo el personal contratado por Covid (10.000 de todas las categorías) en personal interino, para acabar con las listas de espera y prestar la atención adecuada de patologías no relacionadas con la pandemia”, puede leerse en el manifiesto que ha dado origen a la movilización de esta mañana y que ha recibido el apoyo de más de 4.000 personas y 160 organizaciones.

Marea Blanca por una sistema sanitario público y justo

“Hay que reorientar el sistema sanitario público en base a la Salud Comunitaria, donde la Atención Primaria recupere su papel vertebrador y sus características esenciales centradas en la persona y su entorno, priorizando la salud frente a la economía. Sin salud no hay economía, sin frenar los contagios la economía no se recupera” han dejado claro las entidades impulsoras de la marcha.

Por ende, los manifestantes han alertado sobre los intentos de privatización de nuestro sistema sanitario, y por ello han solicitado la derogación de las normas y leyes que abrieron la puerta a la externalización de servicios y recursos. Además, han reclamado el cese inmediato de las políticas de confrontación entre el Gobierno autonómico y el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la atención sanitaria pública de todas las personas mayores y dependientes que se encuentren en residencias, potenciando una mejor coordinación entre los servicios sanitarios y los sociales.