Revelan que mantener a Juan Carlos I no sale gratis 

El emérito no cobra asignación pública desde marzo de 2020, pero sus gastos de escolta siguen corriendo a cuenta del Estado.

El diario Público ha llevado a cabo un reportaje en el que se revela que «el rey emérito no sale gratis». Algo que no sorprende que fuera así desde su abdicación, ni su presunto abandono de la actividad pública, ni su abandono de España.

El medio descubre que «el Estado sigue cubriendo los gastos derivados de la atención que Juan Carlos I requiere al tratarse oficialmente de un miembro de la Familia Real».

«Se trata del anterior jefe del Estado en España, y su seguridad concierne al Estado español», se limitó a aclarar el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, allá por agosto de 2020. Entonces y ahora surgía una misma pregunta: ¿Cuánto dinero suponen los tres escoltas que acompañan al emérito? 

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu intentó averiguarlo, pero fracasó en el intento. Y no una vez, sino hasta tres. «¿Cuál es el número de personas, con salario público, que trabajan para Juan Carlos I en su estancia en el exterior?».

La respuesta del Gobierno frente a la insistencia de Inarritu fue escueta: «el personal eventual al servicio de los miembros de la Familia Real en la Casa de Su Majestad el Rey presta sus servicios de conformidad con el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de julio de 2005».

En aquel Consejo de Ministros «se autorizó a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), para que aprobase la Relación de Puestos de Trabajo de personal eventual que realizan funciones calificadas expresamente de especial confianza», de conformidad con la ley reguladora del Patrimonio Nacional. 

En la respuesta del Gobierno no aparece ni una sola vez la palabra «euros», por lo que la consulta concreta de Inarritu quedó sin resolverse.

«No corresponde al Ministerio del Interior confirmar o desmentir las informaciones que pudieran publicar los medios de comunicación social, ni tampoco informar sobre los desplazamientos y actividades de los miembros de la Familia Real o de otras altas instituciones del Estado», respondió el Gobierno en marzo de 2021.