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Durante la pandemia de COVID-19, las residencias de ancianos se convirtieron en el epicentro de una tragedia silenciosa y desgarradora. Sin embargo, las recientes afirmaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la supuesta igualdad de la crisis en todas las regiones de España han sido desafiadas por datos objetivos, revelando una realidad mucho más sombría y alarmante.
PROTOCOLOS DISCRIMINATORIOS Y FALTA DE DERIVACIONES HOSPITALARIAS
Los datos oficiales muestran que en la Comunidad de Madrid se aprobó un Protocolo altamente restrictivo el 18 de marzo de 2020. Este Protocolo estableció criterios de exclusión que limitaron la derivación hospitalaria de los residentes más vulnerables, independientemente de si tenían o no COVID-19. Ex altos cargos del Gobierno de Ayuso y directoras de residencias han confirmado que se trató de un documento oficial y que se aplicó en los centros. Este Protocolo, único en su severidad, implementó un «triage por nivel de dependencia», donde los residentes con discapacidades, independientemente de su edad, eran excluidos de la derivación hospitalaria. Esta medida discriminatoria contribuyó significativamente a un alarmante aumento de la mortalidad en las residencias madrileñas.
FALTA DE ATENCIÓN Y DESATENCIÓN EN RESIDENCIAS
La falta de derivaciones hospitalarias se tradujo en un escenario desolador, donde un significativo porcentaje de fallecimientos ocurrieron en las propias residencias. En Madrid, el 77% de los residentes perdieron la vida sin recibir atención médica adecuada, mientras que en otras regiones como Cantabria, este porcentaje fue considerablemente menor. La ausencia de atención médica adecuada contribuyó a agravar la crisis en las residencias.
Un estudio científico publicado en la revista Epidemiología reveló que la mortalidad de los mayores con COVID-19 que no fueron derivados a un hospital tras contagiarse fue mucho más alta en Madrid que en el resto de España. Concretamente, en la Comunidad de Madrid, más del 40% de los ancianos que permanecieron en las residencias con la infección por SARS-CoV-2 fallecieron, mientras que en el resto de autonomías ese porcentaje osciló entre el 8% y el 26%.
IFEMA: EL «HOSPITAL MILAGRO» QUE NO CUMPLIÓ SU PROMESA
A pesar de la apertura del hospital de campaña en IFEMA, diseñado para brindar atención a los residentes de las residencias, los datos muestran que este centro no cumplió con su propósito. Apenas un número insignificante de residentes fueron ingresados allí, dejando a la mayoría desatendida en las residencias y aumentando el sufrimiento de los ancianos más vulnerables.
DERIVACIONES PRIVILEGIADAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES IGNORADAS
La preferencia por los hospitales privados para las derivaciones hospitalarias revela una injusticia flagrante, donde solo los residentes con seguro privado fueron atendidos adecuadamente. Además, las resoluciones judiciales que ordenaban la medicalización de las residencias fueron ignoradas, exponiendo la negligencia y falta de responsabilidad en la gestión de esta crisis.
UN LLAMADO A LA JUSTICIA Y LA RESPONSABILIDAD
Los datos objetivos desmienten las afirmaciones de igualdad de la crisis en todas las regiones de España. Más bien, revelan una realidad marcada por la discriminación, la falta de atención médica adecuada y la negligencia gubernamental en Madrid. Es hora de exigir justicia y responsabilidad, y de garantizar que los ancianos sean protegidos y cuidados con dignidad. Las vidas de nuestros mayores merecen más que meras palabras y excusas. Es hora de actuar con urgencia y determinación para asegurar un cambio real en la forma en que se aborda la atención a nuestros ancianos más vulnerables.
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