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Un informe arroja luz sobre una realidad sombría y a menudo ignorada en el tratamiento de las personas migrantes en el territorio español, especialmente en el contexto de las políticas migratorias europeas.
En un informe reciente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), titulado «Frontera Sur 2024», se denuncian las condiciones y la práctica de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España, describiéndolos como cárceles encubiertas que funcionan para amedrentar a la población migrante. Este informe arroja luz sobre una realidad sombría y a menudo ignorada en el tratamiento de las personas migrantes en el territorio español, especialmente en el contexto de las políticas migratorias europeas.
El informe destaca cómo, tras el Acuerdo de Schengen y la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, el país se convirtió en uno de los principales accesos de migración hacia Europa desde África. Esto llevó a la implementación de leyes y medidas de internamiento para las personas migrantes que llegaban a España en situación irregular, con la supuesta finalidad de controlar la inmigración y facilitar las expulsiones. Sin embargo, la APDHA argumenta que estas medidas han derivado en prácticas abusivas y violatorias de los derechos humanos.
El informe documenta condiciones deplorables en varios CIEs y otras instalaciones usadas para el internamiento, como comisarías y cuarteles de la Guardia Civil, donde las personas son retenidas en espacios inadecuados, a menudo sin acceso a servicios básicos como atención médica adecuada, espacios para el esparcimiento o asistencia legal. Se mencionan casos de internamientos prolongados sin justificación legal, abuso y negligencia que han llevado a la muerte de migrantes en custodia, como Samba Martine en Madrid y Idrissa Diallo en Barcelona, cuyas tragedias catalizaron la creación de la campaña «CIEs NO».
La falta de transparencia y acceso a la información sobre el funcionamiento y las condiciones dentro de los CIEs es otro punto crítico del informe. Este oscurantismo institucional impide una fiscalización adecuada de estas instalaciones y contribuye a la deshumanización y criminalización de las personas migrantes.
A pesar de que los CIEs se presentan como instalaciones no penitenciarias destinadas únicamente al internamiento de personas en proceso de deportación, la APDHA los describe como cárceles encubiertas que sirven dos propósitos principales: amedrentar a la población migrante y segregarla, contribuyendo a su estigmatización ante la sociedad española y europea en general. La asociación argumenta que estas prácticas no solo son ineficaces desde el punto de vista de la política migratoria, dado que una gran parte de los internados no son finalmente deportados, sino que también son profundamente inhumanas y contrarias a los principios de los derechos humanos.
La conclusión del informe es un llamado urgente a la acción para abolir los CIEs y buscar alternativas más justas y humanitarias al tratamiento de las personas migrantes. La APDHA insta a las autoridades españolas y europeas a reconsiderar las políticas de internamiento y a invertir en sistemas de acogida y asilo que respeten la dignidad y los derechos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio.
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