Denunciaron abusos sexuales sistemáticos dentro de una prisión federal de Estados Unidos. Ahora el sistema que permitió esos crímenes intenta expulsarlas del país.
El sistema penal estadounidense tiene una larga tradición de hipocresía institucional, pero pocos casos lo ilustran con tanta crudeza como el de las mujeres que sobrevivieron a los abusos sexuales en la prisión federal de mujeres de Dublín, en California. Este artículo está basado en una investigación de Truthout, publicada el 8 de marzo, que documenta cómo varias supervivientes que denunciaron agresiones sexuales cometidas por funcionarios penitenciarios se enfrentan ahora a la detención y deportación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Puedes leer la investigación completa aquí:
Lo que emerge de esta investigación no es solo una cadena de abusos individuales, sino un mecanismo institucional que primero permite la violencia sexual, luego castiga a quienes la denuncian y finalmente intenta expulsarlas del país. Un sistema que se presenta como garante de la ley y el orden, pero que, en la práctica, funciona como una maquinaria de impunidad.
UNA PRISIÓN CONOCIDA COMO “EL CLUB DE LAS VIOLACIONES”
La prisión federal de mujeres de Dublín, cerrada finalmente en abril de 2024, arrastraba desde hacía décadas una reputación siniestra entre las personas encarceladas. No era una exageración: muchas internas la llamaban directamente “the rape club”, el club de las violaciones, por la frecuencia con la que funcionarios penitenciarios abusaban sexualmente de ellas.
Uno de los casos documentados en la investigación es el de una mujer identificada con el seudónimo “Cristal”, residente permanente de Estados Unidos durante años. Tras cumplir condena por un delito de drogas, esperaba poder reconstruir su vida con sus hijas de 12 y 6 años. Pero el día de su liberación en noviembre de 2022 no terminó en casa con su familia: un agente de ICE la esperaba con cadenas para trasladarla a un centro de detención migratoria en Tacoma, Washington.
Cristal no solo había sufrido acoso y violencia dentro de la prisión. También había presenciado abusos contra otras internas. Aun así, cuando salió de la cárcel, el sistema no la trató como una superviviente de delitos graves cometidos por funcionarios públicos, sino como una persona a expulsar.
Los datos muestran que su caso no es una excepción. Según registros del Bureau of Prisons, 227 personas encarceladas en Dublín entre el 1 de abril de 2023 y el 1 de julio de 2024 tenían órdenes de detención migratoria. Una coalición de organizaciones de derechos humanos identificó 35 mujeres que habían sufrido abusos sexuales o habían colaborado con las investigaciones y que posteriormente se enfrentaban a procesos de deportación.
Al menos 20 de ellas ya fueron detenidas y expulsadas tras cumplir sus condenas. Otras 20 siguen detenidas o viviendo bajo la amenaza constante de deportación.
El mensaje implícito es devastador: denunciar abusos sexuales dentro del sistema penitenciario puede terminar con la expulsión del país.
CUANDO EL SISTEMA PROTEGE A LOS AGRESORES
El caso de otra superviviente, identificada como “Beatriz”, revela hasta qué punto la violencia sexual estaba normalizada dentro de la prisión.
Beatriz llegó a Dublín en 2009. Según su testimonio, los abusos eran habituales, pero empeoraron a partir de 2015, cuando un nuevo equipo directivo asumió el control de la prisión.
Uno de los funcionarios más temidos era Darrell Smith, conocido entre las internas y el propio personal como “Dirty Dick Smith”. Durante la pandemia de COVID-19, Beatriz trabajaba en una unidad que funcionaba como zona de cuarentena. Cuando pedía abrir la cocina para llevar agua a las mujeres enfermas, el funcionario respondía con un chantaje explícito: solo abriría si ella le enseñaba el cuerpo.
Las humillaciones no terminaban ahí. Según su testimonio, Smith recorría los pasillos durante la noche obligando a mujeres a levantarse de la cama, bajar la ropa interior y mostrar sus genitales bajo la luz de una linterna.
En una ocasión, aprovechó que la lavandería estaba vacía para agredirla sexualmente. Introdujo los dedos en su vagina mientras sabía perfectamente qué cámaras funcionaban y cuáles no.
Cuando Beatriz denunció el ataque a un superior, no ocurrió absolutamente nada.
El patrón se repitió con muchas otras internas. Las que hablaban con investigadores eran castigadas con traslados a otras prisiones o enviadas a aislamiento en la Special Housing Unit (SHU). La amenaza de aislamiento, pérdida de visitas familiares o represalias laborales dentro de la prisión generaba un clima de silencio.
Cuando finalmente se abrieron investigaciones federales, el escándalo obligó al cierre de la prisión en abril de 2024. Nueve funcionarios, incluido el director, fueron condenados o se declararon culpables y recibieron penas de entre 20 y 96 meses de prisión.
Pero el caso de Smith terminó en un limbo judicial: su segundo juicio federal terminó en nulidad en septiembre de 2024 y los fiscales decidieron no celebrar un tercer juicio.
Mientras tanto, muchas de las víctimas que hicieron posible esas investigaciones enfrentaban un destino irónico y brutal: la deportación.
La ley estadounidense prevé visados especiales para víctimas de delitos graves. El U visa, establecido por la Victims of Trafficking and Violence Protection Act, permite que supervivientes de violencia de género que colaboran con la justicia obtengan protección migratoria.
Durante años, las autoridades migratorias utilizaban su discreción para evitar deportar a personas con solicitudes de este tipo en curso. Pero la segunda administración de Donald Trump eliminó esa política en enero de 2025, abriendo la puerta a nuevas detenciones y expulsiones.
El resultado es una paradoja obscena: mujeres que denunciaron violaciones cometidas por funcionarios públicos pueden terminar expulsadas del país mientras algunos de sus agresores evitan incluso la cárcel.
Para muchas de ellas, el trauma no terminó al salir de prisión. Algunas viven ahora al otro lado de la frontera, separadas de sus familias, esperando durante entre cinco y diez años la resolución de sus solicitudes de visado.
Otras siguen en Estados Unidos, con un brazalete electrónico en el tobillo y la sensación permanente de que cualquier día volverán a ser detenidas.
Un sistema que primero permite la violencia, después silencia a las víctimas y finalmente intenta expulsarlas no es un fallo institucional: es una arquitectura de impunidad.
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