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El debate vuelve, como vuelven siempre las discusiones incómodas cuando rozan intereses económicos, rutinas institucionales y una idea de “normalidad” que hace tiempo debería haberse revisado. El Gobierno prepara la llamada Ley Jane Goodall y, de pronto, una pregunta aparentemente técnica ha encendido todas las alarmas: ¿hay que restringir la cría de grandes simios en los zoos españoles? ¿Hay que esterilizarlos? ¿O, dicho sin rodeos, hay que aceptar que el modelo zoo está agotado?
En España hay alrededor de un centenar de grandes simios en parques zoológicos y unas pocas decenas más en centros de rescate. Gorilas, chimpancés y orangutanes que no están ahí por azar, sino porque durante décadas se asumió que exhibir animales inteligentes, sociales y emocionalmente complejos era compatible con hablar de conservación, educación y ciencia. Hoy esa coartada hace aguas.
El Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, quiere recuperar una iniciativa que quedó congelada en 2006 y que ahora se presenta bajo el paraguas ético de Jane Goodall. La intención declarada es proteger la dignidad, la vida y la libertad de los grandes simios. Y ahí aparece el choque frontal: activistas y centros de rescate defienden que la actual generación sea la última; los zoos reclaman seguir criando para mantener “reservas genéticas” y programas internacionales.
La discusión se disfraza de tecnicismo, pero es profundamente política. No se trata solo de si esterilizar o no, sino de qué modelo de relación aceptamos con animales que comparten con nosotros capacidades cognitivas avanzadas, vínculos familiares complejos y una esperanza de vida que puede superar los 60 años. Animales que no pueden ser reintroducidos en la naturaleza porque su hábitat ha sido arrasado, pero que tampoco deberían servir para perpetuar un negocio basado en la exhibición.
Desde el Proyecto Gran Simio son claros: la cría en cautividad no es conservacionista, es mantenimiento de colecciones. No hay reintroducciones reales de grandes simios nacidos en zoos occidentales. Y, además, el circuito legal facilita —aunque incomode reconocerlo— el blanqueo del tráfico ilegal bajo la cobertura del convenio CITES. La comparación con los neandertales puede incomodar, pero la pregunta de fondo es legítima: ¿por qué aceptamos como normal encerrar a nuestros parientes evolutivos más cercanos para entretener y educar a humanos?
Al otro lado, la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios defiende que limitar la reproducción sería un suicidio conservacionista. Argumentan que, si las poblaciones salvajes colapsan, las de cautividad podrían ser el último recurso. Citan ejemplos de reintroducciones exitosas de otras especies y apelan a la ciencia, a los programas coordinados y al bienestar animal en instalaciones acreditadas.
Pero aquí conviene separar planos. Que existan experiencias positivas con aves o ungulados no responde a la cuestión central: los grandes simios no son especies intercambiables. No son “reservas genéticas” abstractas. Son individuos con biografías, traumas —muchos procedentes del tráfico ilegal— y necesidades sociales que el cautiverio no puede replicar. La ciencia puede estudiar cognición, sí. Pero la ciencia no convierte en ético lo que es estructuralmente injusto.
Los centros de rescate como la Fundación Mona lo dicen con claridad: seguir criando solo amplía el problema. Cada nacimiento en cautividad es una condena de por vida a un encierro sin salida. Y no, no es cierto que esterilizar sea una agresión mayor que mantener generaciones enteras sin posibilidad de elección, movimiento real o vida autónoma.
Quizá la pregunta esté mal planteada desde el principio. No es si hay que esterilizar a los grandes simios en los zoos. Es por qué seguimos aceptando que existan zoos con grandes simios. Por qué seguimos buscando fórmulas para alargar un modelo del siglo XIX con barniz pedagógico y discurso verde. Por qué no somos capaces de asumir que la conservación pasa por proteger hábitats, frenar la deforestación, combatir el tráfico ilegal y financiar santuarios, no por mantener vitrinas vivas en ciudades europeas.
La futura ley tiene una oportunidad histórica: dejar de parchear y empezar a cerrar. Cerrar la cría. Cerrar el comercio. Cerrar, con el tiempo, las jaulas. No desde la emoción, como repiten algunos, sino desde una ética mínima coherente con lo que ya sabemos sobre estos animales. Porque si hablamos en serio de derechos, el debate no termina en la esterilización. Empieza, precisamente, cuando nos atrevemos a imaginar un mundo sin zoos de grandes simios.
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