Las calles arden contra Moreno Bonilla y el desmantelamiento de la sanidad pública andaluza 

Privatización y abandono, un cóctel que está llevando al sistema sanitario andaluz al colapso.

Mientras miles de personas salían a las calles de Andalucía para exigir la defensa de la sanidad pública, desde los despachos de la Junta se respira una preocupante indiferencia. Las políticas de Moreno Bonilla están dejando en manos de empresas privadas lo que debería ser un derecho universal, y las cifras lo confirman: listas de espera que superan los 15 días para una cita en Atención Primaria y demoras que afectan a más de un millón de personas. Este panorama es el resultado directo de un modelo que prioriza el beneficio económico de las clínicas privadas sobre el bienestar colectivo.

Los recortes y la falta de inversión están pasando factura. La Atención Primaria, que debería ser la columna vertebral del sistema sanitario, está asfixiada. Los y las profesionales trabajan en condiciones precarias, atrapados en tareas burocráticas y sin recursos suficientes para atender a la población. No es solo una cuestión de negligencia política; es una estrategia deliberada para debilitar lo público y justificar su sustitución por lo privado.

Los datos de Marea Blanca son alarmantes: mientras se invierten millones en conciertos con empresas privadas, las capacidades de los hospitales públicos permanecen infrautilizadas. El clamor de la calle no puede ser más claro: hace falta más personal, más inversión y una gestión que ponga la salud de las personas en el centro, no las cuentas de resultados de las multinacionales sanitarias.

UNA SANIDAD PARA LAS ÉLITES: EL LEGADO DE MORENO BONILLA

El modelo sanitario que defiende el actual Gobierno andaluz tiene destinatarios claros: quienes pueden pagar. El acceso equitativo a la salud, una conquista histórica, está siendo desmantelado ante nuestros ojos. Desde Sevilla hasta Málaga, las y los manifestantes han señalado lo evidente: la sanidad pública andaluza no está siendo abandonada por casualidad, sino como parte de una agenda política que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría.

No es difícil entender por qué las clínicas privadas han florecido en estos años. Cada recurso que se deriva de la sanidad pública a la privada significa menos camas en los hospitales públicos, menos profesionales en las consultas y menos esperanza para quienes dependen de este sistema. Esta transferencia de fondos no es más que un trasvase de lo público a lo privado, pagado con el sufrimiento de quienes no pueden costearse alternativas.

El impacto de esta estrategia no es solo sanitario, sino social. La precarización de los y las trabajadoras sanitarias, desde enfermeras y enfermeros hasta médicas y médicos, no es solo un síntoma de un sistema en crisis, sino una agresión directa a quienes sostienen la sanidad pública con su esfuerzo. Estas personas son obligadas a trabajar al límite, sin contratos estables ni condiciones dignas, mientras desde la Junta se aplaude la supuesta eficiencia de lo privado.

No es la sanidad la que está en crisis, es la política que la gestiona.