El desguace de las políticas de derechos humanos amenaza con borrar décadas de lucha por la verdad y la justicia en Argentina.
El gobierno de Javier Milei avanza con una agenda que atenta directamente contra la memoria histórica y las políticas de derechos humanos en Argentina. Las Abuelas de Plaza de Mayo, históricas defensoras del derecho a la identidad, han alzado la voz contra lo que describen como un «desguace feroz» de las instituciones dedicadas a esclarecer los crímenes de la última dictadura militar (1976-1983).
Con más de 300 nietos desaparecidos aún sin identificar, el trabajo de las Abuelas resulta más urgente que nunca. Sin embargo, el cierre de la Unidad Especial de Investigación dentro de la CoNaDI y los recortes presupuestarios en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) reflejan una clara intención de dificultar estas búsquedas. El presupuesto del BNDG ha sufrido una caída del 50,4%, mientras que la CoNaDI podría ver reducida su plantilla en un 67%. Este panorama amenaza con paralizar investigaciones clave que requieren recursos, tiempo y especialización.
Además, los ministerios de Defensa y Seguridad han suspendido el acceso a documentación militar y policial, obstruyendo deliberadamente el trabajo de identificación de víctimas y responsables. Esta medida se complementa con la disolución del equipo de análisis de archivos de las Fuerzas Armadas, una acción que entierra información valiosa sobre los crímenes cometidos bajo el terrorismo de Estado.
El informe presentado por las Abuelas, elaborado en colaboración con la Fundación alemana Heinrich Böll, detalla cómo estas medidas regresivas representan un ataque directo a las políticas de memoria, verdad y justicia que posicionaron a Argentina como un referente internacional en derechos humanos.
ATAQUES DISCURSIVOS Y EL SILENCIO DEL GOBIERNO
Las políticas de desfinanciamiento van acompañadas de ataques constantes contra el prestigio de las Abuelas y otros organismos de derechos humanos. Tanto el presidente Milei como su vicepresidenta, Victoria Villarruel, han adoptado un discurso negacionista que busca deslegitimar décadas de lucha por la verdad y la justicia.
Claudia Poblete, nieta restituida y miembro de la comisión directiva de Abuelas, denuncia que el Gobierno está intentando destruir en el imaginario colectivo la relevancia de estas organizaciones. “Es doloroso que mujeres como Estela de Carlotto, de 94 años, tengan que enfrentar estos agravios en lugar de recibir reconocimiento por su inmensa labor”, expresó Poblete.
Los despidos masivos y la precarización laboral en áreas relacionadas con los derechos humanos agravan aún más la situación. En el Ministerio de Justicia, el cese de 2.400 trabajadores, anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni, ha desmantelado prácticamente la Secretaría de Derechos Humanos. Los despidos, justificados bajo el argumento de “contrataciones espurias”, afectan principalmente a empleados y empleadas que llevaban años trabajando en proyectos esenciales como el registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado.
Este desmantelamiento institucional no solo dificulta la búsqueda de los nietos desaparecidos, sino que pone en riesgo los sitios de memoria y los archivos históricos que documentan los crímenes de la dictadura. Para las Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos, estas acciones no son solo recortes económicos, sino una violencia simbólica que perpetúa el negacionismo.
LA LLAMADA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
Ante el bloqueo del diálogo con el gobierno argentino, las Abuelas han recurrido nuevamente a la comunidad internacional, como lo hicieron durante la dictadura militar. “Necesitamos apoyo para proteger todo lo que habíamos conseguido y poder seguir buscando a los nietos que faltan”, declaró Poblete.
El eco internacional es esencial en este momento crítico. Las políticas de derechos humanos en Argentina no solo son una deuda histórica con las víctimas del terrorismo de Estado, sino una base fundamental para la democracia. Los recortes y el desmantelamiento no son actos administrativos: son una afrenta directa a los valores democráticos y los tratados internacionales de derechos humanos.
La lucha por la identidad y la verdad no es un lujo. Es una deuda de justicia.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…