La vía de emergencia: cómo dilapidar dinero público haciendo contratos a dedo usando como excusa el Covid 

La vía de emergencia se ha convertido en una excusa perfecta para saltarse el proceso de licitación pública y asignar contratos a dedo

La crisis del coronavirus ha demostrado que las autoridades españolas tienen una capacidad impresionante para trabajar bajo presión, o al menos eso es lo que ellos mismos parecen creer. Desde el principio de la pandemia, han recurrido constantemente a la vía de emergencia en la contratación pública, a pesar de que dicha fórmula solo se supone que se usa en situaciones catastróficas o de defensa nacional.

Aparentemente, el virus se convirtió en la excusa perfecta para que las autoridades pudieran saltarse el proceso de licitación pública y asignar contratos directamente a dedo. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid utilizó esta vía para construir el Hospital Enfermera Isabel Zendal, un proyecto que resultó ser un completo desastre y que costó tres veces más de lo presupuestado. Pero eso no les detuvo para seguir usando esta fórmula excepcional para contratar servicios como lavandería, limpieza, alimentación, seguridad y mantenimiento. Incluso hoy en día, tres años después del inicio de la pandemia, siguen usando la vía de emergencia para renovar estos contratos una y otra vez.

Pero la Comunidad de Madrid no es la única. La Xunta de Galicia también tiró de la vía de emergencia para contratar un servicio de asistencia jurídica para el sector pesquero, y la Consejería de Medio Rural del Principado de Asturias la usó para arreglar desprendimientos en carreteras, hacer obras de protección, y hasta para instalar un nuevo cable de tractor en el funicular de Bulnes.

Pero lo peor de todo esto es que el gobierno central también ha usado esta vía para adjudicar contratos. En enero de 2023, el Consejo de Ministros aprobó contratos de emergencia para la reparación de un sistema de extinción de incendios en la Dirección General de Tráfico y para la adquisición de uniformes reglamentarios para la Policía Nacional. Además, se adjudicó un contrato de casi 420.000 euros para el suministro y distribución de manuales de miembros de mesa e impresos electorales con motivo de las elecciones del 28M.

Parece que la vía de emergencia se ha convertido en una excusa perfecta para saltarse el proceso de licitación pública y asignar contratos a dedo. Es más, algunos gobiernos parecen haberse acostumbrado tanto a ella que la usan incluso cuando la situación no lo justifica. Los organismos fiscalizadores han advertido sobre el abuso de esta fórmula de contratación, pero parece que estas advertencias han caído en oídos sordos. Es una verdadera lástima que los ciudadanos españoles tengan que pagar el precio de esta negligencia en la gestión de los recursos públicos.