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La vía de emergencia se ha convertido en una excusa perfecta para saltarse el proceso de licitación pública y asignar contratos a dedo
La crisis del coronavirus ha demostrado que las autoridades españolas tienen una capacidad impresionante para trabajar bajo presión, o al menos eso es lo que ellos mismos parecen creer. Desde el principio de la pandemia, han recurrido constantemente a la vía de emergencia en la contratación pública, a pesar de que dicha fórmula solo se supone que se usa en situaciones catastróficas o de defensa nacional.
Aparentemente, el virus se convirtió en la excusa perfecta para que las autoridades pudieran saltarse el proceso de licitación pública y asignar contratos directamente a dedo. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid utilizó esta vía para construir el Hospital Enfermera Isabel Zendal, un proyecto que resultó ser un completo desastre y que costó tres veces más de lo presupuestado. Pero eso no les detuvo para seguir usando esta fórmula excepcional para contratar servicios como lavandería, limpieza, alimentación, seguridad y mantenimiento. Incluso hoy en día, tres años después del inicio de la pandemia, siguen usando la vía de emergencia para renovar estos contratos una y otra vez.
Pero la Comunidad de Madrid no es la única. La Xunta de Galicia también tiró de la vía de emergencia para contratar un servicio de asistencia jurídica para el sector pesquero, y la Consejería de Medio Rural del Principado de Asturias la usó para arreglar desprendimientos en carreteras, hacer obras de protección, y hasta para instalar un nuevo cable de tractor en el funicular de Bulnes.
Pero lo peor de todo esto es que el gobierno central también ha usado esta vía para adjudicar contratos. En enero de 2023, el Consejo de Ministros aprobó contratos de emergencia para la reparación de un sistema de extinción de incendios en la Dirección General de Tráfico y para la adquisición de uniformes reglamentarios para la Policía Nacional. Además, se adjudicó un contrato de casi 420.000 euros para el suministro y distribución de manuales de miembros de mesa e impresos electorales con motivo de las elecciones del 28M.
Parece que la vía de emergencia se ha convertido en una excusa perfecta para saltarse el proceso de licitación pública y asignar contratos a dedo. Es más, algunos gobiernos parecen haberse acostumbrado tanto a ella que la usan incluso cuando la situación no lo justifica. Los organismos fiscalizadores han advertido sobre el abuso de esta fórmula de contratación, pero parece que estas advertencias han caído en oídos sordos. Es una verdadera lástima que los ciudadanos españoles tengan que pagar el precio de esta negligencia en la gestión de los recursos públicos.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.