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Medio millón de personas saldrán de la clandestinidad administrativa mientras PP y Vox convierten el racismo en estrategia electoral, negando hechos, datos y su propia historia.
Pedro Sánchez se dispone a activar en 2026 un proceso de regularización administrativa que puede beneficiar a cerca de 500.000 personas. No es una anomalía ni una excentricidad. Es una decisión tardía y necesaria que ya tomaron gobiernos anteriores del propio sistema político español. En 2000, el Ejecutivo de José María Aznar regularizó a 524.621 personas. En 2005, el de José Luis Rodríguez Zapatero hizo lo mismo con 576.506. La diferencia no está en la medida. La diferencia está en el clima de odio que hoy la rodea.
La regularización actual culmina un proceso iniciado en abril de 2024 con la presentación en el Congreso de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 600.000 firmas. Fue tomada en consideración con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox. También del Partido Popular. Entonces, Alberto Núñez Feijóo afirmaba que su partido era “sensible” con quienes trabajan en España sin papeles. Hoy sostiene que “en la España socialista, la ilegalidad se premia”.
No ha cambiado la realidad. Ha cambiado el discurso. Lo que antes era gestión hoy es presentado como amenaza, porque la extrema derecha ha convertido la xenofobia en su principal capital político y el PP ha decidido competir en ese terreno.
LA REGULARIZACIÓN COMO DERECHO, NO COMO CONCESIÓN
Salir de la irregularidad administrativa no es un privilegio. Es dejar de vivir bajo un régimen de miedo estructural. Personas que trabajan, pagan impuestos indirectos como el IVA y sostienen sectores enteros de la economía podrán, por fin, caminar sin el temor permanente a la deportación, al abuso laboral o al chantaje. La campaña Regularización Ya lo ha explicado con claridad desde el inicio. Es una cuestión de derechos básicos, no de caridad.
El propio Gobierno ha reconocido que el proceso llega tarde. Llega después de años de presión social y de una evidencia incontestable: mantener a cientos de miles de personas en la sombra solo beneficia a quienes se lucran de su vulnerabilidad. Sin papeles no hay derechos laborales, ni capacidad real de denuncia, ni acceso pleno a servicios básicos. Eso no protege el empleo. Lo degrada.
Los datos desmontan la narrativa alarmista. Un estudio de Funcas, difundido en enero de 2026, estima que en España hay 840.000 personas en situación administrativa irregular. El 91% procede de América Latina. No existe invasión ni descontrol. Existe una población ya integrada social y económicamente, a la que el Estado ha decidido no mirar durante años.
Tampoco existe el supuesto “efecto llamada”. La regularización de 2005 no provocó un aumento de la inmigración. En los tres años posteriores, la entrada de personas extranjeras se redujo, incluso con crecimiento económico. No aumentó el desempleo y sí crecieron los ingresos públicos. Los hechos están documentados. Negarlos es una decisión política.
LA DERECHA Y LA COMPETICIÓN XENÓFOBA
Vox no disimula. Su líder, Santiago Abascal, ha recuperado sin pudor la teoría racista del “gran reemplazo”. Ha hablado de “invasión” y de “sustitución del censo”. Su portavoz parlamentaria, Pepa Millán, ha afirmado que la regularización busca fabricar votantes. Es falso. Obtener la residencia legal no da derecho a votar en unas elecciones generales. La nacionalización puede exigir hasta 10 años de residencia, aunque el plazo sea menor para algunas nacionalidades latinoamericanas.
El problema es que el PP ha decidido acompañar ese marco. Feijóo ha vinculado inmigración e inseguridad con frases como “barrios irreconocibles”, pese a que la delincuencia en las grandes ciudades es hoy muy inferior a la de los años ochenta, cuando la población extranjera era mínima. El miedo no responde a datos, responde a una estrategia.
La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha alertado de un supuesto “efecto llamada” y ha relacionado la regularización con la crisis de vivienda. En su comunidad, sin embargo, el principal factor de tensión es el turismo masivo y la compra de vivienda por grandes fortunas europeas, no las personas migrantes. Culpar a quienes menos poder tienen es una forma de no enfrentarse a los intereses reales.
Otros dirigentes del PP han insistido en presentar a las personas sin papeles como privilegiadas. Es una inversión deliberada de la realidad. Quien vive sin papeles no tiene más derechos, tiene menos de todos. Menos salario, menos protección, menos capacidad de defensa. Esa es la base material sobre la que se construye la explotación.
La regularización no rompe la convivencia. La protege. Lo que la amenaza es la normalización del discurso que señala, deshumaniza y convierte a una parte de la población en chivo expiatorio electoral. La competición entre PP y Vox no va de soluciones, va de ver quién grita más fuerte contra quienes no pueden responder.
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