Siete institutos más, obras a dedo y facturas troceadas bajo la lupa judicial del Gobierno de Madrid
La investigación judicial sobre el escándalo de la Formación Profesional en la Comunidad de Madrid acaba de dar un salto cualitativo. La jueza instructora no solo mantiene abierta la causa por presunta prevaricación, sino que amplía el foco a otros siete centros educativos y eleva el nivel de responsabilidad política al llamar como investigado a un exalto cargo del Ejecutivo autonómico. Lo que empezó como un caso aislado en la Ciudad Escolar apunta ya a un patrón sistémico de adjudicaciones irregulares, obras sin concurso y fraccionamiento de pagos para esquivar los controles legales durante el periodo 2021–2023.
La causa nace de una investigación periodística de elDiario.es, que destapó cómo se ejecutaron obras por valor de 2.000.000 de euros sin licitación pública. A partir de ahí, el Juzgado de Instrucción nº 39 de Madrid prorrogó diligencias y, en un nuevo auto fechado el 27 de enero de 2026, ha decidido llamar a declarar a siete directores y directoras de institutos que realizaron obras en el mismo marco temporal. La Fiscalía Anticorrupción ya había advertido de una “grosera y palmaria” omisión del procedimiento legal.
OBRAS A DEDO, PAGOS FRAGMENTADOS Y UN MANUAL PARA ESQUIVAR LA LEY
La Ley de Contratos del Sector Público es clara. Toda obra superior a 40.000 euros más IVA debe salir a concurso para garantizar competencia, transparencia y el mejor uso del dinero público. Según la investigación judicial y los datos publicados por elDiario.es, esa norma fue burlada de forma sistemática: se dividían las reformas en partidas menores (paredes, baños, pintura) para no superar el umbral legal y adjudicarlas a dedo.
La jueza cita como testigos a responsables del IES Antonio Machado, el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, el IES Príncipe Felipe, el IES Virgen de la Paloma, el IES Ciudad de los Poetas y el IES Tetuán de las Victorias, además del IES Alberto Corazón (Escuela de Arte de Alcalá), cuyo caso fue clave para abrir la causa. Dos de esos centros llegaron a sufragar parte de unas obras que alcanzaron 1.200.000 euros, pagando desde distintas instituciones para que “no saltaran las alarmas”, según declaró el constructor denunciante.
El método era doble. Fraccionar pagos y desplazar fondos entre centros para diluir responsabilidades. En otro instituto, el de FP a Distancia Ignacio Ellacuría, Educación habría ingresado dinero a un centro de Móstoles con la instrucción expresa de pagar obras realizadas en Alcorcón. Un circuito opaco que deja a las direcciones de los institutos como ejecutoras sin capacidad real de decisión, y traslada el foco a la Consejería.
LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA SUBE DE NIVEL
El auto judicial no se limita a los centros. Llama como investigado a José María Rodríguez Jiménez, exdirector general de Educación Secundaria y FP del anterior Gobierno madrileño, que había declarado como testigo en julio de 2025. El principal imputado, exsubdirector de FP cesado cuando estalló el escándalo, afirmó ante el juzgado que el entonces consejero de Educación, Enrique Ossorio, conocía el procedimiento y que “era así cuando él llegó y cuando se fue”. Hoy, Ossorio preside la Asamblea de Madrid.
Durante los años investigados, la mano derecha del consejero era Rocío Albert, hoy consejera de Hacienda. Y la cadena de avisos llegó hasta asesores de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, según la documentación y los correos a los que accedió elDiario.es. El empresario denunciante comenzó a reclamar pagos ante los impagos, envió burofaxes a la Dirección General y al actual consejero Emilio Viciana, y se reunió con un asesor de la presidenta que prometió “arreglar” la situación. Nunca hubo contrato oficial.
La reacción institucional llegó tarde y mal. Tras recibir el burofax y constatar que no existía contrato, la Consejería abrió una investigación interna. Un inspector recomendó llevar el caso a la justicia por la gravedad de los hechos. Educación mantuvo el asunto oculto hasta su publicación. Una denuncia de Podemos hizo decaer la investigación fiscal inicial y trasladó todo al juzgado. En la causa están personadas la Comunidad de Madrid, PSOE, Más Madrid y CCOO.
No estamos ante errores administrativos, sino ante un diseño para sortear controles, socializar riesgos y privatizar decisiones con dinero público. Las cifras están ahí: 2.000.000 de euros, 1.200.000 euros, 2021–2023, 40.000 euros como frontera legal rebasada con bisturí. La pregunta ya no es si hubo irregularidades, sino quién las ordenó y quién miró hacia otro lado. Y la respuesta judicial acaba de empezar a señalar hacia arriba.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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