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Cuando quienes sostienen la infraestructura digital del mundo señalan al poder político y económico, ya no hay coartada posible para el silencio.
Durante enero de 2026, algo se ha resquebrajado en el corazón tecnológico de Estados Unidos. Las y los trabajadores de Silicon Valley han decidido romper una obediencia que llevaba dos años acumulando miedo, despidos y autocensura. Lo hacen tras dos asesinatos en dos semanas cometidos por el ICE en Minnesota, con el caso de Alex Pretti como punto de no retorno. Ya no hablan de excesos ni de errores. Hablan de terror, de secuestros y de una violencia que no busca aplicar la ley sino imponer disciplina política.
La carta abierta difundida en las últimas 48 horas reúne más de 800 firmas, más de 500 con nombre y apellidos, procedentes de ingenieras e ingenieros, responsables de producto, directivas y directivos intermedios, y hasta vicepresidencias de grandes corporaciones. El mensaje es directo. Que los ejecutivos levanten el teléfono. Que usen la línea roja que sí funciona. Que llamen a Donald Trump y exijan la retirada inmediata del ICE de las ciudades. Que denuncien públicamente la violencia. Que rompan contratos con una agencia señalada por matar y sembrar miedo.
No es una petición simbólica. En octubre de 2025, recuerdan, las grandes tecnológicas lograron frenar una ofensiva del ICE en San Francisco con una simple llamada. La influencia existe. Lo que ha faltado es voluntad. Por eso el texto no se dirige al Congreso ni a los tribunales, sino a los consejos de administración. Porque el problema no es la falta de información. Es la elección consciente de mirar hacia otro lado mientras se despliega un aparato paramilitar en barrios racializados.
SILICON VALLEY, DEL CONTRAPODER AL SILENCIO CÓMPLICE
Hubo un tiempo en el que Silicon Valley se presentaba como un bastión liberal. En 2024, Trump apenas superó el 28% del voto en el condado de Santa Clara y no pasó del 23% en los otros dos condados clave. Las donaciones a Obama, Clinton o Biden formaban parte del paisaje. Ese relato saltó por los aires con una contrarrevolución interna liderada por Elon Musk y Peter Thiel, que empujó a buena parte del sector hacia un alineamiento abierto con el trumpismo.
La foto de la investidura lo dijo todo. Allí estaban Musk, pero también directivos de Google, Meta, Amazon, Apple y OpenAI, normalizando un pacto tácito con un proyecto autoritario. A cambio de estabilidad regulatoria y contratos públicos, aceptaron despidos masivos, el desmantelamiento de políticas de diversidad y el castigo a quienes protestaban contra la masacre en Gaza.
Ese giro tuvo consecuencias materiales. Se apagó la presión interna que durante el primer mandato de Trump había frenado algunas de sus políticas migratorias. Las plantillas aprendieron que hablar tenía coste. Minnesota lo ha cambiado todo. Cuando los cuerpos armados y enmascarados irrumpen en las calles, el miedo deja de ser abstracto. La violencia ya no afecta a un “otro” distante. Afecta a colegas, vecinas y familiares.
MINNEAPOLIS O EL ENSAYO GENERAL DE LA REPRESIÓN
Minneapolis se ha convertido en un laboratorio. Allí, la presencia del ICE no ha ido acompañada de garantías judiciales ni de transparencia. Dos muertes en dos semanas. Redadas indiscriminadas. Detenciones sin identificación clara. Una lógica de ocupación que busca desmovilizar y castigar la disidencia. Las y los trabajadores tecnológicos lo dicen sin rodeos. Esto no es control migratorio. Es una estrategia de terror.
La carta describe un patrón que se repite de Minneapolis a Los Ángeles y Chicago. Agentes federales enviados durante meses. Criminalización sistemática. Violencia sin horizonte de cierre. Frente a eso, el texto lanza un llamamiento explícito al conjunto del sector. Que nadie se esconda detrás del logo de su empresa. Que nadie vuelva a alegar neutralidad. La neutralidad, aquí, es complicidad.
El gesto es relevante por lo que implica y por lo que pone en evidencia. La economía digital depende de una fuerza de trabajo diversa, migrante y altamente cualificada. Sin ella, no hay innovación ni beneficios. Exigir el fin de la violencia del ICE no es una cuestión moral abstracta. Es una defensa básica de las propias comunidades que sostienen el negocio.
Durante años, Silicon Valley se presentó como motor del progreso mientras externalizaba el coste humano de sus decisiones. Hoy, una parte de sus trabajadoras y trabajadores ha decidido disputar ese relato desde dentro. No piden caridad ni gestos de marca. Exigen que el poder económico deje de financiar la violencia de Estado. Y señalan con nombres y fechas a quienes aún pueden detenerla.
Es la hora de elegir entre los beneficios y la vida. Y ya no queda espacio para fingir que no se entiende la diferencia.
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