Villavicencio era un periodista de 59 años y estaba estrechamente vinculado con el presidente Lasso
El miércoles, tras un mitin de campaña en Quito, Ecuador, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado a tiros. El trágico evento ocurrió a las 18:20 horas locales a las puertas del colegio Anderson. Villavicencio, que se postulaba con un fuerte mensaje contra la corrupción bajo el eslogan «Es tiempo de valientes», ocupaba la cuarta o quinta posición en las encuestas entre los ocho candidatos que compiten por la presidencia.
Al menos 40 disparos fueron realizados, alcanzando a Villavicencio y dejando heridos a otros acompañantes. La persona presuntamente responsable del ataque murió en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, y el actual presidente Guillermo Lasso ha atribuido el asesinato al crimen organizado.
Fernando Villavicencio era un periodista de 59 años y estaba estrechamente vinculado con el presidente Lasso. Durante su campaña, había criticado fuertemente el papel de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado y prometió una depuración de la fuerza policial si era elegido. Además, en los días previos a su muerte, Villavicencio había denunciado amenazas por parte de un grupo criminal conectado con el Cartel de Sinaloa.
La campaña electoral en Ecuador ha estado marcada por la violencia, con el asesinato del alcalde de Manta y un candidato a la Asamblea, y la creciente influencia de grupos de narcotraficantes como Los Choneros. El presidente Lasso ha expresado su indignación en Twitter, prometiendo que «este crimen no va a quedar impune».
Luisa González, la candidata que lidera las encuestas, también suspendió su campaña y condenó el crimen. La seguridad en Ecuador se encuentra en una crisis sin precedentes, y el asesinato de Villavicencio representa un punto de inflexión en una campaña ya tensa y complicada, lo cual ha llevado a muchos a reflexionar sobre la estabilidad y la dirección del país.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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