Albiol tendrá que explicar ante el juez por qué no facilitó un albergue a migrantes desalojados 

La Fiscalía pide explicaciones al alcalde de Badalona por un desalojo masivo que acabó en sinhogarismo, mientras el Ayuntamiento devolvía fondos públicos destinados a atender a personas sin techo.

La pregunta ya no es retórica ni política. Es judicial. La Fiscalía ha pedido a la jueza que exija explicaciones a Xavier García Albiol por no haber facilitado un albergue a las personas migrantes desalojadas del instituto B9. No se trata de una discrepancia administrativa. Se trata de verificar si el Ayuntamiento de Badalona cumplió o no una orden judicial que autorizaba el desalojo pero exigía “atención social” para quienes iban a ser expulsadas y expulsados del único techo que tenían.

Los hechos tienen fechas, cifras y responsabilidades. El 17 de diciembre de 2025, los Mossos d’Esquadra ejecutaron el mayor desalojo de este tipo en el Estado español. 181 personas, según la policía catalana, fueron sacadas del B9, donde malvivían desde hacía dos años. No hubo un recurso habitacional de emergencia. No hubo albergue municipal. No hubo alternativa. Hubo calle, hubo invierno y hubo previsión de temporal. Las primeras noches, decenas de personas durmieron en una plaza. Después, algunas fueron realojadas por entidades sociales y por la Generalitat. Otras acabaron bajo un puente de la autovía, donde más de un mes después seguían sin solución.

La Fiscalía no se opuso al desalojo. Pero sí pidió algo básico: que el Ayuntamiento ofreciera un techo de emergencia. La magistrada rebajó la exigencia a “atención social”, sin concretar el realojo. El consistorio, por su parte, ya había advertido que no pensaba proporcionar una alternativa de vivienda. Hoy, el Ministerio Público quiere saber si esa “atención social” existió de verdad o fue un trámite vacío para cubrir el expediente.

DESALOJAR SIN ALTERNATIVA: LA POLÍTICA DE EMPUJAR A LA INTEMPERIE

El escrito de la Fiscalía, fechado el 8 de enero de 2026, es claro en su intención. Pide a la jueza “verificar si la resolución se ha cumplido en sus propios términos”. Para ello, solicita que el Ayuntamiento aporte el protocolo de atención a personas sin hogar y que explique por qué no se habilitó el albergue municipal de Can Bofí como recurso de emergencia para personas desalojadas, vulnerables y sin medios.

Can Bofí no es una entelequia. Es un albergue que alojaba a 45 personas sin hogar cada noche y que Albiol cerró en 2024. Antes del desalojo del B9, el Ayuntamiento rechazó reunirse con la Taula Sense Llar de Badalona, donde participan entidades como Cáritas, para buscar una salida social. Y devolvió una cuarta parte de los fondos del Govern destinados a atender a personas sin hogar. No es falta de recursos. Es una decisión política.

Las abogadas de las personas migrantes, Marta Llonch y Mireia Salazar, lo dicen sin rodeos. El Ayuntamiento empujó a más de 100 personas al sinhogarismo, en pleno invierno. Y recuerdan algo relevante: el consistorio podía haber suspendido el desalojo o pedido una nueva autorización judicial. No lo hizo. Optó por ejecutar y mirar hacia otro lado.

A este escenario se suma una investigación penal. La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias contra Albiol tras una denuncia del eurodiputado de los Comuns Jaume Asens. El Ministerio Público ha requerido el expediente completo del desalojo al juzgado contencioso. La sombra ya no es solo administrativa. Es penal.

CIFRAS QUE NO CUADRAN Y UNA ATENCIÓN SOCIAL FANTASMA

Cuando se habla de “atención social”, los números importan. Y aquí no cuadran. Los Mossos d’Esquadra y la Guàrdia Urbana informaron de que los servicios sociales de Badalona atendieron a 50 personas el día del desalojo. El Ayuntamiento, en cambio, aseguró haber ofrecido “apoyo, orientación y atención” a 127 personas. La diferencia no es menor. Es el doble.

La realidad observada sobre el terreno desmonta el relato oficial. No había personal de servicios sociales municipales en la plaza tras el desalojo. Quienes recogían datos y trataban de organizar un seguimiento eran voluntarias, voluntarios y las propias abogadas. Un caso lo ilustra todo. Una de las pocas mujeres que vivían en el B9 tuvo que desplazarse en coche, acompañada por militantes del Sindicat d’Habitatge y su abogada, hasta el Ayuntamiento para pedir ayuda. No recibió techo. Recibió una cita para una entrevista en Barcelona, la semana siguiente, para valorar si podía entrar en una casa de emergencia fuera de Badalona.

Las letradas hablan de informes “manifiestamente erróneos, vagos, desajustados y contradictorios”. Hablan de mala fe. Y de un objetivo concreto: evitar que la jueza se pronuncie sobre si el Ayuntamiento cumplió o no la orden que le obligaba a prestar atención social.

Por eso, la defensa de las personas migrantes ha pedido a la magistrada información completa sobre los realojos. Quién realojó. A cuántas personas. Durante cuánto tiempo. En qué municipios. Con qué criterios. La mayoría de esos realojos, recuerdan, no los asumió el Ayuntamiento, sino las entidades sociales y la Generalitat. Sin todos los datos, sostienen, no puede haber una valoración judicial honesta.

Desalojar sin alternativa no es gestionar. Es expulsar. Y cuando se hace con fondos devueltos, albergues cerrados y cifras maquilladas, ya no es solo una política: es una forma de violencia institucional ejercida con despacho, uniforme y silencio.