Elon Musk ya no vende solo coches, cohetes o satélites. Vende una idea mucho más peligrosa: que la infraestructura crítica del futuro puede depender del capricho de un multimillonario.
EL CAPITALISMO DEL COHETE Y LA PROMESA
Elon Musk ha entendido mejor que nadie una verdad obscena del capitalismo contemporáneo: ya no hace falta demostrar que una empresa funciona, basta con convencer al mercado de que algún día será imprescindible. La rentabilidad puede esperar. Las pérdidas se maquillan con épica. Los agujeros contables se tapan con cohetes, frases grandilocuentes y promesas de futuro. Y los inversores, encantados, compran el relato como si compraran un billete de lotería hacia Marte.
La salida a bolsa de SpaceX este junio fue una escena perfecta de esa época. Durante sus primeros días en los parqués, la compañía espacial de Musk llegó a superar en cotización a Amazon, una de las máquinas de hacer dinero más grandes de la historia. El contraste es brutal. Amazon ingresó el año pasado 625.000 millones de euros y obtuvo alrededor de 68.000 millones de beneficio neto. SpaceX facturó unos 17.000 millones de euros y registró pérdidas netas de 4.250 millones. En cualquier economía mínimamente racional, la comparación provocaría sonrojo. En esta, provoca euforia bursátil.
Porque SpaceX no se valora por lo que es. Se valora por lo que promete ser. Y lo que promete no es pequeño: convertirse en una de las empresas que sostengan la infraestructura básica de la inteligencia artificial. Igual que Amazon se convirtió en una columna vertebral de Internet mediante su nube, su logística y su dominio comercial, SpaceX aspira a ocupar una posición parecida en la siguiente fase tecnológica. Satélites, conectividad global, centros de datos masivos, modelos de lenguaje, cómputo orbital. El menú completo del nuevo feudalismo digital.
No es casualidad que SpaceX aparezca dentro de los llamados MANGOS, el acrónimo que agrupa a Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI y SpaceX como el nuevo bloque de empresas llamadas a dominar la IA. De todas ellas, SpaceX es quizá la más extraña. No nació como laboratorio de inteligencia artificial. No es la compañía con el modelo más usado. Grok, el sistema asociado al universo empresarial de Musk, es avanzado, sí, pero está lejos de tener la penetración de ChatGPT, Gemini o Claude, y arrastra polémicas constantes. Aun así, SpaceX representa como pocas la esencia de este nuevo poder: estar donde pasan las infraestructuras.
La inteligencia artificial no vive en una nube mágica. Necesita chips, energía, agua, cables, servidores, satélites, permisos, suelo, contratos públicos y acceso a datos. Necesita territorio. Necesita Estado. Necesita una economía entera reorganizada alrededor de sus exigencias. Musk quiere colocar una parte de esa maquinaria fuera del planeta. Lo dice sin pestañear. En los últimos meses ha insistido en que, en cinco años, habrá más IA en órbita que en la Tierra, y que la forma “racional” de escalar el cómputo de IA es trasladarlo a un lugar con energía abundante y espacio.
Suena a delirio. Puede que lo sea. El historial de Musk está lleno de promesas que parecían inevitables cuando salían de su boca y acabaron convertidas en humo, desde el hyperloop hasta algunos anuncios imposibles sobre conducción autónoma. Pero el error sería reírse y pasar página. Con Musk conviene distinguir entre la fantasía y la infraestructura. La fantasía sirve para inflar valoraciones. La infraestructura sirve para mandar.
Y SpaceX ya manda demasiado.
STARLINK, GUERRA Y EL BOTÓN PRIVADO
El negocio rentable de SpaceX no son los sueños marcianos. Es Starlink, su red de comunicación por satélite. Ahí está el corazón político del asunto. No en la postal del cohete despegando, no en la retórica de la humanidad multiplanetaria, no en la pose de visionario perseguido por burócratas. Está en una red capaz de conectar territorios, ejércitos, empresas, administraciones y zonas de conflicto. Una red privada. Controlada por un magnate. Dependiente de sus decisiones.
La prueba más dura ya se produjo en Ucrania. Musk frenó un contraataque ucraniano que pudo cambiar el curso de la guerra con Rusia mediante el control de Starlink. Esa frase debería pesar como una losa en cualquier democracia. Un empresario privado, no elegido por nadie, con capacidad para condicionar una operación militar en una guerra europea. No es una anécdota tecnológica. Es una mutación del poder.
Durante décadas se nos dijo que privatizar era ganar eficiencia. Que lo público era lento, pesado, caro. Que el mercado resolvería mejor las necesidades comunes. Ahora vemos el resultado: infraestructuras críticas de comunicación, defensa, datos e inteligencia artificial en manos de personas cuya legitimidad procede de una cuenta bancaria. El viejo Estado social se desmonta por ineficiente y el nuevo Estado privatizado se entrega a multimillonarios con acceso directo a presidentes, generales y mercados financieros.
SpaceX encaja en ese modelo con precisión quirúrgica. Se presenta como empresa innovadora, pero depende de contratos, permisos, regulación, lanzamientos, espectro radioeléctrico y relaciones estratégicas con gobiernos. No es un garaje contra el sistema. Es una corporación construida en diálogo permanente con el poder público. La diferencia es que el beneficio se privatiza y la dependencia se socializa. Si funciona, Musk se hace más rico. Si falla, los Estados corren a evitar el desastre porque ya dependen de él.
Ese es el verdadero problema de los tecnoligarcas. No que sean ricos. El problema es que están convirtiendo su riqueza en soberanía. Musk no quiere solo competir en un mercado. Quiere fijar las condiciones materiales de la comunicación, la movilidad, la defensa, el espacio y la IA. Quiere decidir qué se conecta, dónde se conecta y bajo qué reglas. Quiere ser empresario, proveedor, árbitro y actor político. Todo a la vez.
La fortuna personal atribuida a Musk ronda los 850.000 millones de euros. SpaceX, fundada en 2002, cotiza en torno a 1,75 billones de euros. Son cifras que ya no describen riqueza, sino una forma de poder que se escapa del lenguaje habitual. Porque una democracia puede regular a una empresa. Pero cuando una empresa controla una infraestructura que la democracia necesita para funcionar, la relación se invierte. Ya no es el poder público el que pone límites. Es el magnate quien negocia desde la amenaza implícita de apagar, retirar, encarecer o condicionar un servicio esencial.
La inteligencia artificial agrava esta dependencia. Si el futuro del cómputo, de los centros de datos y de las redes orbitales queda atrapado en empresas como SpaceX, la próxima década puede estar marcada por una pregunta insoportable: quién manda realmente. El parlamento o la plataforma. Las y los ciudadanos o el accionariado. La ley o el contrato privado. La soberanía popular o el botón de apagado.
Musk ha cultivado durante años la imagen del genio insoportable, del provocador que rompe normas porque ve más lejos que el resto. Esa caricatura le ha servido. Desvía la atención. Mientras el debate público se entretiene con sus exabruptos, sus memes, sus broncas y su narcisismo, sus empresas ocupan posiciones cada vez más delicadas. Coches, baterías, redes sociales, satélites, cohetes, IA. Demasiados sectores. Demasiada concentración. Demasiado silencio institucional.
Y conviene decirlo claro: no hay nada emancipador en que el futuro dependa de un multimillonario. No hay revolución tecnológica cuando las llaves están en manos privadas. No hay progreso si la comunicación de un país, el cómputo de una inteligencia artificial o la capacidad de operar en una guerra pueden quedar sometidas al humor, la ideología o los intereses de una sola persona.
SpaceX resume el peligro de los MANGOS mejor que ninguna otra compañía. No es solo una empresa espacial. Es una pieza central del nuevo capitalismo de infraestructuras, ese que no necesita gobernar formalmente porque le basta con ser indispensable. Musk no quiere llegar a Marte: quiere que la Tierra tenga que pedirle permiso para funcionar.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
¿Qué ocurre cuando las personas dejan de ser tratadas como seres humanos y pasan a utilizarse como herramientas políticas? En este nuevo #ReportajeSR de Spanish Revolution, Léa Gugelmann analiza a fondo la…
THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…