El absoluto ridículo del Ayuntamiento de La Oliva, Fuerteventura, tras intentar crear un bulo sobre Irene Montero 

La estrategia de Coalición Canaria en La Oliva revela una agenda política que busca distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas que aquejan a la isla.

El Ayuntamiento de La Oliva, en Fuerteventura, ha desencadenado una controversia que deja mucho que desear en cuanto a ética política y responsabilidad institucional. Gobernado por Coalición Canaria, este ayuntamiento ha difundido un bulo en redes sociales acusando a Irene Montero, eurodiputada y exministra de Igualdad, de realizar un «uso inapropiado de elementos naturales protegidos». ¿La prueba? Una fotografía publicada en Instagram donde aparecen piedras pintadas, que según la corporación municipal «parecen ser de la isla». Sin embargo, esta acusación no solo carece de fundamento, sino que también refleja una estrategia política de desinformación que busca desprestigiar a una figura pública.

La facilidad con la que una institución pública difunde un bulo es alarmante. En lugar de verificar la información, el Ayuntamiento de La Oliva optó por lanzar acusaciones infundadas contra Montero, insinuando que las piedras mostradas en la foto fueron extraídas de las playas de Fuerteventura para ser utilizadas como «elementos decorativos». Esta afirmación no solo es falsa, sino que también subraya la falta de rigurosidad y responsabilidad con la que se maneja la información desde esta entidad gubernamental. En un mundo donde las noticias falsas se propagan con facilidad, resulta inaceptable que una administración pública se sume a esta tendencia, utilizando su plataforma oficial para atacar sin pruebas a una adversaria política.

ESPECULACIÓN Y TURISMO DESMEDIDO: EL VERDADERO PROBLEMA DE COALICIÓN CANARIA

La polémica creada por el Ayuntamiento de La Oliva no es un hecho aislado. Más bien, es un síntoma de una problemática más profunda que afecta a Fuerteventura y a Canarias en general: la especulación urbanística y la turistificación descontrolada. Mientras el Ayuntamiento se preocupa por difundir bulos contra Irene Montero, los verdaderos problemas que amenazan la isla continúan siendo ignorados o, peor aún, facilitados por la propia administración.

Montero, en su respuesta a la acusación, no solo desmintió la información, sino que también aprovechó para señalar el verdadero peligro que enfrenta el territorio canario. «Combatir la turistificación y la especulación urbanística es lo que realmente debería preocuparnos», afirmó la eurodiputada, subrayando cómo Coalición Canaria ha facilitado proyectos turísticos que ponen en riesgo el patrimonio natural y la vida de los habitantes de las islas.

Es irónico, por decir lo menos, que un gobierno local que se autoproclama defensor del patrimonio natural dedique más energía a difundir una mentira que a abordar los problemas reales que afectan a Fuerteventura. La concesión de licencias a hoteles ilegales y la promoción de desarrollos turísticos sin considerar su impacto ambiental son solo algunos ejemplos de cómo Coalición Canaria ha priorizado los intereses económicos sobre la conservación del entorno natural. El caso del Papagayo Arena y la situación en el Puertito de Adeje son pruebas irrefutables de esta complicidad entre el poder político y el capital privado.

El concejal de Turismo y Medio Ambiente, David Fajardo, ha intentado defender la actuación del Ayuntamiento, afirmando que el gobierno local no acusó directamente a Montero de haber sustraído las piedras de Fuerteventura. Sin embargo, su insistencia en que «de algún lado natural las han sacado» no solo evidencia una falta de claridad, sino también una peligrosa tendencia a la suposición en lugar de la certeza. Es preocupante que una autoridad pública utilice argumentos tan débiles para justificar su intervención, desviando la atención de su propia falta de gestión en cuestiones de mayor relevancia.

Fuerteventura enfrenta un serio problema de expolio y destrucción de su entorno natural, pero estos actos no se ven propiciados por una publicación en Instagram, sino por políticas permisivas que permiten y fomentan la explotación indiscriminada del territorio. Es fácil culpar a una figura pública de algo que no ha hecho, pero es mucho más difícil enfrentar los errores propios y asumir la responsabilidad por la degradación ambiental que realmente está ocurriendo.

La estrategia de Coalición Canaria en La Oliva revela una agenda política que busca distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas que aquejan a la isla. En lugar de centrarse en proteger efectivamente el patrimonio natural, el gobierno local parece más interesado en usar a Irene Montero como chivo expiatorio, una maniobra que, lejos de resolver las preocupaciones ambientales, las oculta bajo una nube de desinformación y manipulación.

Fuerteventura, como tantas otras zonas de Canarias, se encuentra en una encrucijada. La preservación de su entorno natural no se logrará con bulos y acusaciones infundadas, sino con una gestión transparente, responsable y comprometida con el bienestar de sus habitantes y su biodiversidad. Las y los ciudadanos merecen algo mejor que un gobierno que recurre a la desinformación para desviar la atención de sus propias faltas.