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Estas compañías han elegido hacer caso omiso de las repetidas condenas internacionales a la ocupación, colaborando activamente en el desarrollo de infraestructuras que fortalecen el control israelí
La implicación de empresas españolas en la ocupación israelí de Palestina es un hecho que merece ser abordado con la dureza que la situación exige. El conflicto en Oriente Medio, en particular la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel, ha generado una crisis humanitaria de dimensiones catastróficas. A pesar de ello, varias empresas españolas continúan operando en estas zonas, lucrándose a costa de la injusticia y el sufrimiento de un pueblo sometido. Este artículo, creado con la información de Público, se sumerge en la turbia realidad de estas compañías, cuyo papel en la perpetuación del apartheid israelí es innegable.
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS QUE OPERAN EN TERRITORIOS OCUPADOS
La organización Who Profits, que lleva años documentando la complicidad corporativa en la ocupación israelí, ha señalado a seis empresas españolas que han decidido operar en territorios ocupados. Entre ellas se encuentran eDreams, CAF, GMV, Ineco, Salvat Logística y Grupo SEMI. Estas compañías han elegido hacer caso omiso de las repetidas condenas internacionales a la ocupación, colaborando activamente en el desarrollo de infraestructuras que fortalecen el control israelí sobre tierras palestinas.
EDREAMS: TURISMO EN LA PALESTINA OCUPADA
eDreams, una de las agencias de viajes en línea más importantes de España, ofrece alojamientos turísticos en territorios ocupados por Israel, presentándolos como si fueran parte del Estado israelí. En un acto de profunda irresponsabilidad, eDreams normaliza la ocupación militar de Palestina al incluir en su catálogo 237 alojamientos en asentamientos ilegales, distribuidos entre Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán.
El hecho de que estos alojamientos se etiqueten bajo la categoría de «Israel» no solo invisibiliza la realidad de la ocupación, sino que además contribuye a su perpetuación al generar ingresos para los asentamientos ilegales. La participación de eDreams en esta actividad no es un hecho aislado; sigue la estela de otros gigantes del turismo como Booking y Airbnb. Sin embargo, el caso de eDreams es particularmente escandaloso por el volumen de su oferta y su origen español.
A pesar de que los ataques israelíes en Gaza y Cisjordania han intensificado la presión internacional sobre estas prácticas, eDreams no ha hecho ningún comentario público al respecto. El silencio de la compañía refleja una total falta de respeto hacia las víctimas del conflicto y una insensibilidad alarmante ante la tragedia humana que se desarrolla en estas regiones.
CAF Y EL TREN DEL APARTHEID
La empresa vasca CAF (Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles) es otro actor clave en la expansión de la infraestructura israelí en los territorios ocupados. CAF, en colaboración con la compañía israelí Saphir Engineering and Industry, ha sido contratada para extender la red ferroviaria que conecta Jerusalén Este con asentamientos ilegales en Cisjordania. Este proyecto, conocido como la línea de tren ligero JNET, es parte integral de la estrategia israelí para consolidar su control sobre territorios palestinos.
El contrato adjudicado a CAF por 500 millones de euros ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos, que lo consideran una violación flagrante del derecho internacional. La implicación de CAF en este proyecto no es solo un ejemplo de complicidad empresarial, sino también una afrenta directa a los principios de responsabilidad social corporativa. A pesar de las protestas y denuncias, ni la empresa ni el gobierno español han mostrado señales de retractarse.
Este proyecto no se podría llevar a cabo sin la colaboración de otras dos empresas españolas: GMV Innovating Solutions y Salvat Logística. La primera ha proporcionado el software de gestión necesario para operar el sistema de transporte, mientras que la segunda ha facilitado la logística para el traslado de los vagones desde España hasta Israel. Ambas empresas han optado por el beneficio económico sobre la ética, contribuyendo activamente a la consolidación de un sistema de apartheid.
OTRAS EMPRESAS IMPLICADAS: INECO, SALVAT LOGÍSTICA Y GRUPO SEMI
Ineco, una empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes español, también está involucrada en la ocupación. En 2016, fue contratada para planificar e ingenierizar los túneles de la Línea Azul del tren ligero de Jerusalén, una infraestructura crucial para conectar asentamientos ilegales con el resto de Israel. El hecho de que una empresa pública española participe en proyectos que facilitan la colonización israelí es un ejemplo descarado de cómo los intereses económicos y políticos pueden eclipsar los principios éticos más básicos.
Por su parte, Salvat Logística y Grupo SEMI han jugado papeles vitales en la implementación de la infraestructura ferroviaria en Israel. Salvat Logística ha sido responsable del transporte de vagones desde España a Israel, mientras que Grupo SEMI ha electrificado la línea de alta velocidad Tel Aviv-Jerusalén, que atraviesa territorios palestinos ocupados. Ambas empresas han ignorado conscientemente el impacto de sus acciones en la vida de millones de palestinas y palestinos, priorizando sus intereses comerciales sobre los derechos humanos.
EL PAPEL DE ESPAÑA EN LA OCUPACIÓN
España es el tercer país europeo con más empresas operando en territorios ocupados, solo detrás de Alemania e Italia. La participación de estas empresas en la ocupación israelí es un claro indicativo de la falta de compromiso del gobierno español y del sector privado con los principios de derechos humanos. Mientras otros países han comenzado a restringir sus relaciones comerciales con empresas implicadas en la ocupación, España sigue permitiendo que sus compañías colaboren con un régimen que ha sido acusado repetidamente de violar el derecho internacional.
La complicidad de estas empresas españolas en la ocupación de Palestina no es solo una cuestión moral, sino también legal. Al seguir operando en territorios ocupados, estas compañías se exponen a sanciones internacionales y a un creciente escrutinio público. El coste reputacional, sin embargo, parece ser una preocupación secundaria frente a las ganancias económicas que derivan de su colaboración con el Estado israelí.
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