Tres décadas de ‘Caja B’: Fraga, Aznar, Rajoy… el PP dispuso siempre de dinero sucio para los procesos electorales 

Tres décadas de ‘Caja B’: desde Fraga a Rajoy, el PP dispuso siempre de dinero sucio para tener ventaja en los procesos electorales

Durante la Transición, una infinidad de partidos de derecha trataban de hacerse un hueco en un sistema democrático, pero el problema que se encontraron todos los que no encajaban en la Unión de Centro Democrático era, por un lado, que Adolfo Suárez copaba casi todo el espectro de la derecha y el resto eran simplemente asociaciones comandadas por antiguos ministros y altos cargos franquistas. La mayoría logró ponerse de acuerdo y fundirse bajo la siglas de Alianza Popular (AP).

En 1977, se intentó que AP se convirtiese en una alternativa real de Gobierno, pero solo consiguió el 8% de los votos y 16 diputados. En 1979, la cosa fue a peor y bajó hasta los 10 escaños.

Ahí fue cuando Manuel Fraga se alzó como presidente de la formación con dos objetivos claros: limar la imagen franquista del partido y crear una infraestructura estable que sustentase su candidatura para las siguientes elecciones. «Nosotros no ofrecemos una ideología rígida ni un activismo oportunista; aportamos un sistema de grandes principios», decía Fraga en 1982.

Dejando atrás los discursos, lo que no se contó entonces fue cómo se financió el proyecto para reunificar el centro-derecha en España. Ahora, la confesión que Luis Bárcenas entregó a la Fiscalía Anticorrupción ayuda a completar la historia. «Desde el año 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del Partido Popular con percepciones en B que se realizaban a través de donativos», explica el extesorero del PP.

Por lo tanto, si nos centramos en las fechas señaladas por Bárcenas, antes de que el PP fuese un partido, la iniciativa política de Fraga ya se apoyó en las donaciones en negro y sus sucesivos tesoreros y dirigentes mantuvieron un sistema de caja B que permitía sostener el gasto electoral del partido, por encima de los límites legales, además de garantizar una remuneración extra para los altos cargos.

La caja B ya existía antes de la fundación del PP

Ángel Sanchís, tesorero de Alianza Popular entre 1982 y 1987, relató en 2017 que su principal objetivo durante los primeros años era buscar financiación. «Yo organizaba cenas con amigos y recaudaba dinero para Fraga (…) Él se iba, y allí me quedaba yo pasando la gorra», contó en el Congreso. Pagaban empresarios y «amigos» del partido.

«No teníamos un duro, estábamos en la indigencia, yo pagaba la luz muchos meses». «Entonces teníamos muy poco poder, quienes recibían dinero eran quienes estaban en el poder, el PSOE y otros», añadió.

El partido optó entonces por los donativos. Además de que los invitados a sus cenas daban un sobre, se enviaron cientos de miles de cartas a través de una agencia de publicidad pidiendo donativos y hubo una muy buena respuesta, explicó Sanchís.

Durante su comparecencia en el Congreso, Sanchís admitió que el partido había rebasado los límites de financiación para las elecciones, pero que no veía «ninguna deshonestidad» en ese grupo de políticos «que venían de la dictadura» y que «eran mejor que los actuales».

Además dejó muy claro no saber nada de una una caja B, lo mismo que su sucesor en el cargo Rosendo Naseiro, quien llevó las cuentas del partido entre 1987 y 1990, cuando Fraga refundó AP en el actual Partido Popular. Aludiendo a la pérdida de memoria, lo máximo que llegó admitir es que «a veces en un mitin, le daban un talón a Fraga».

A pesar de la mala memoria que adujo el extesorero, los pasajes de los que no se acordaba quedaron reflejados en un caso que lleva su nombre y en el que se investigaba por primera vez la supuesta financiación irregular en el PP. El Tribunal tuvo que cerrar el caso, ya que las grabaciones de sus protagonistas, incluido Naseiro, se habían obtenido en el marco de una investigación por narcotráfico y no se podían usar para perseguir la financiación irregular, por tanto, no se condenó a nadie.

Tras las declaraciones en el Congreso de Sanchís y Naseiro, en las que admitieron el cobro de talones tanto para UP como para el PP, llegó el turno de Carmen Navarro, entonces tesorera del partido tras la etapa de Bárcenas, quien defendió la «total pulcritud» de las cuentas del PP.

Entre la época de Sanchís, Naseiro y Navarro se consolidó la caja B y que no pudieron explicar ninguno de sus protagonistas. Álvaro Lapuerta, señalado por Bárcenas como el gran ideólogo del sistema de donaciones en negro, ya no podrá dar su versión tras haber fallecido en 2018 y Luis Bárcenas, inmerso en una maraña de causas judiciales, le aconsejaban no decir nada en el Congreso.

Bárcenas admitió en el primer juicio de Gürtel la existencia de una «contabilidad extracontable», nutrida a base de donativos de grandes empresarios a cambio de adjudicaciones irregulares de contratos, que servían para pagar gastos de campaña y sobresueldos a altos cargos.

Francisco Correa, admitió que los empresarios donaban a cambio de adjudicaciones de obra pública del gobierno de José María Aznar.

Los jueces están buscando pruebas de la vinculación directa entre donación y adjudicación. Por un lado tienen las pesquisas de la investigación de la caja B que se centra en el posible delito de cohecho derivado de esa contabilidad opaca y, por otro, la confesión de Bárcenas confirma ese hecho.

Algunas de las pruebas que tenía Bárcenas, le fueron sustraídas en una operación presuntamente montada en el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para evitar que fueran aportadas en los juzgados o a la prensa. El Gobierno de Mariano Rajoy hizo todo lo posible por impedir que las pruebas de la caja B salieran a la luz.

Durante la Operación Kitchen, se captó al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, para que este le robara material comprometedor para el partido. En esta causa está imputado el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, su número dos, Francisco Martínez, y buena parte de la cúpula policial de la época.

La investigación ha revelado el uso de fondos reservados y de recursos del Ministerio del Interior para tapar una caja B que se había gestado a la par que la fundación de Alianza Popular, y de la que el PP dispuso durante casi tres décadas.