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Si el Congreso renuncia a frenar la escalada, la promesa de control democrático quedará definitivamente vacía.
Mientras Washington habla de negociación, despliega guerra. El 17 de febrero hubo conversaciones indirectas en Ginebra entre Estados Unidos e Irán. Pocos avances, muchos flecos abiertos. Irán prometió volver en dos semanas con una propuesta revisada. La siguiente cita quedó fijada para el 26 de febrero.
Pero el 19 de febrero de 2026, Donald Trump dio un ultimátum: “10 a 15 días” para alcanzar un acuerdo o acción militar. Diplomacia con cronómetro y pistola sobre la mesa.
Al mismo tiempo, la Casa Blanca ordenó el despliegue del USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, para unirse al grupo de ataque del Abraham Lincoln en el mar Arábigo. Según datos de analistas de inteligencia de fuentes abiertas y registros de vuelo, más de 120 aeronaves estadounidenses han sido trasladadas a la región. Es el mayor refuerzo militar en Oriente Medio desde la invasión de Irak en 2003.
Cada buque reposicionado es un mensaje. Cada avión desplegado es una advertencia. Cada soldado en alerta es una confesión de que la diplomacia está siendo arrinconada.
EL CONGRESO ANTE SU ÚLTIMA OPORTUNIDAD
En el Capitolio, el republicano Thomas Massie y el demócrata Ro Khanna impulsan una resolución basada en la War Powers Act de 1973, que otorga al Congreso la facultad de frenar una guerra iniciada sin autorización legislativa. No es una formalidad. Es el último dique institucional frente al decisionismo presidencial.
Sin embargo, con Cámara y Senado bajo control republicano, las probabilidades son escasas. Figuras como Tom Cotton, Lindsey Graham o el secretario de Estado Marco Rubio llevan años defendiendo ataques contra instalaciones nucleares iraníes. En el otro lado del hemiciclo, congresistas demócratas como Josh Gottheimer y Jared Moskowitz han expresado reservas, alegando que limitaría la “flexibilidad militar”.
La palabra flexibilidad es aquí un eufemismo peligroso. Significa poder bombardear sin control democrático.
Mientras tanto, una encuesta publicada en enero de 2026 mostró que el 50 % de votantes de Trump apoyaría una intervención militar contra Irán por encima de otros objetivos exteriores como Groenlandia, Cuba, Colombia, China o México. Entre quienes se identifican como “MAGA Republicans”, el apoyo sube al 61 %.
La fabricación del consenso bélico avanza más rápido que cualquier negociación diplomática.
IRÁN NO ES UN OBJETIVO ABSTRACTO, SON MÁS DE 90 MILLONES DE VIDAS
Irán no es un punto en un mapa. Es un país de más de 90 millones de personas, con hospitales, universidades, infraestructuras envejecidas y una población que lleva 47 años bajo un régimen autoritario, además de décadas de sanciones que han asfixiado su economía.
Durante la reciente guerra de 12 días, fuerzas israelíes lanzaron armas explosivas que dañaron instalaciones infantiles y varios centros sanitarios, incluido el hospital Farabi en Kermanshah. En Teherán y otras provincias, el conflicto deterioró conducciones de agua ya frágiles.
La experiencia histórica es clara. Antes de la invasión de Irak en 2003, las sanciones ya habían devastado la infraestructura civil. En Afganistán, tras la invasión de 2001, dos décadas de ocupación dejaron un país más empobrecido y fragmentado. Las guerras no llegan quirúrgicamente al poder político. Arrasan primero hospitales, redes eléctricas y sistemas de agua potable.
Hablar de “ataque limitado” es una ficción militar que oculta el colapso civil que inevitablemente sigue.
Las sanciones impuestas durante el primer mandato de Trump hundieron el rial a mínimos históricos frente al dólar. Alimentos, combustible y medicamentos se encarecieron hasta volverse inaccesibles para amplios sectores de la población. La diáspora iraní encuentra cada vez más obstáculos financieros para enviar ayuda a sus familias.
Quienes defienden que una guerra podría precipitar la caída del régimen ignoran una lección repetida: los bombardeos fortalecen a los sectores más duros del poder interno y multiplican la represión contra quienes protestan.
UNA GUERRA QUE DESBORDARÍA FRONTERAS
Irán no está aislado. Mantiene alianzas estratégicas con Rusia y China. Ante la acumulación militar estadounidense, Moscú y Teherán han realizado maniobras conjuntas con buques lanzamisiles, equipos de operaciones especiales y al menos un destructor iraní. Teherán, Pekín y Moscú llevan años realizando ejercicios coordinados, pero los más recientes han sido respuesta directa a la presión militar de Washington.
Además, Irán llegó a cerrar brevemente el estrecho de Ormuz, paso crucial para el transporte del petróleo mundial. Una interrupción prolongada dispararía los precios energéticos globales, afectando a millones de trabajadoras y trabajadores en todo el planeta que nada tienen que ver con esta escalada.
No sería un episodio aislado. Sería una ruptura regional con consecuencias globales.
El impulso hacia la confrontación también se entrelaza con la política interna estadounidense. Con índices de aprobación en mínimos históricos y con nuevas revelaciones vinculadas a los archivos de Jeffrey Epstein generando presión mediática, el desvío hacia una crisis exterior ofrece un viejo recurso de cohesión nacional bajo bandera.
Pero la guerra no es un instrumento de comunicación política. Es destrucción material, trauma colectivo y generaciones marcadas por la violencia.
La Constitución estadounidense reservó al Congreso el poder de declarar la guerra precisamente para evitar que una sola persona pudiera arrastrar a un país entero al desastre. Si las y los congresistas renuncian ahora a ejercer ese control, no estarán defendiendo la seguridad nacional. Estarán certificando que el equilibrio democrático puede evaporarse en cuestión de 10 o 15 días.
Y cuando el primer hospital pierda electricidad y la primera ciudad se quede sin agua, ya no habrá resolución parlamentaria que devuelva la vida a quienes pagaron el precio de una decisión tomada a puerta cerrada.
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