La Fiscalía censura al juez del ‘caso Púnica’ por archivar la causa a empresas y denegar diligencias sobre el PP 

Anticorrupción y varias acusaciones populares han recurrido las últimas decisiones de Manuel García Castellón, el juez de la Púnica.

La Fiscalía Anticorrupción, tal y como ha informado El País «ha recurrido en las últimas semanas varios autos del juez Manuel García-Castellón en los que archivaba causas abiertas por corrupción contra empresas importantes y en los que denegaba determinadas diligencias para investigar la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid a través del Gobierno de Esperanza Aguirre».

Las decisiones de dicho juez refieren a aquellas relacionadas con el caso Púnica, «una trama ―con una decena de ramificaciones­― vinculada a administraciones públicas y que afecta a numerosos altos cargos madrileños del PP. La expresidenta Esperanza Aguirre y su sucesor, Ignacio González, están imputados en este proceso», aclara El País.

Manuel García Castellón, como explica un usuario de Twitter, es «el mismo Juez que mantiene imputaciones a Iglesias y Montero,en contra del criterio de la fiscalía».

A los recursos de la fiscalía Anticorrupción se sumaron dos acusaciones populares (Adade y el PSOE), que reclaman nuevas diligencias de investigación «en un momento decisivo de la causa».

No obstante, García-Castellón pretende finalizar ya la instrucción para celebrar juicio oral y ha dado tres días a las partes para que aleguen lo que consideren conveniente.

Cabe recordar que Adade ya pedía meses atrás que el juez que investiga el caso citara como imputada a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal por presuntos sobrecostes en obras del metro de Madrid cuando fue consejera.

Además desde el mismo Adade y el PSOE recuerdan que el instructor acordó en 2018 incorporar al sumario las pruebas obtenidas en distintos registros a dirigentes del PP, pero que hasta hace unos días ―tres años después― no ha sido posible consultar esos indicios.

Esto explican desde El País «lo que ha impedido es una investigación adecuada de los hechos. También señalan que el juez no ha ordenado en los dos últimos años a las Fuerzas de Seguridad la elaboración de informes sobre las pruebas recabadas de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid».