El Tribunal de Apelación de Gante ha denegado la extradición de Valtonyc a España.
La Justicia belga ha denegado este martes la extradición a España del rapero Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc, por un delito de amenazas. El Tribunal de Apelación de Gante descartó antes los delitos de injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo por los que también le reclama la Justicia española.
«¡Victoria! Después de tres años de procedimientos legales, un desvío al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal Constitucional belga, el Tribunal de Apelaciones resuelve que Valtònyc no puede ser extraditado», ha anunciado su abogado Simon Bekaert, en Twitter. «Un buen día para la música y la libertad de expresión», ha remachado.
Sin embargo, la Fiscalía puede recurrir la sentencia y agotar la vía legal acudiendo al Tribunal de Casación, que estudiaría cuestiones formales durante el proceso judicial.
Durante todo el proceso, la defensa de Valtònyc se ha mostrado segura de que siguiendo los estándares europeos no hay margen para que su cliente sea entregado a España.
Valtònyc por su parte ha expresado por Twitter que «primero te ignoran, luego se ríen, después te atacan y, finalmente, ganas. Gracias a los que me han apoyado desde mi detención el 2012, desde el exilio el 2018, al equipo jurídico y a los imprescindibles que saben que la lucha es el único camino».
La entrega del rapero, que huyó de España en junio de 2018, ya fue rechazada en primera instancia. Saltó entonces a la segunda, un proceso que se ha dilatado más de un año y donde el juez de Gante elevó al Constitucional belga el caso de los ataques al rey.
El magistrado se aferró a la ley belga de 1847 que protege la figura del monarca, pero el alto tribunal la declaró inconstitucional al considerar que colisiona con la libertad de expresión y «no satisface una necesidad social urgente y es desproporcionada con el objetivo de proteger la reputación de la persona del rey».
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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