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Dos exvicepresidentes (Rodrigo Rato y Francisco Álvarez-Cascos) y un ex portavoz del Ejecutivo (Eduardo Zaplana) se enfrentan a las acusaciones de corrupción
La imagen de un exministro de José María Aznar dirigiéndose al banquillo de los acusados se convertirá en una escena recurrente en las próximas semanas en España. Los tribunales del país están preparados para llevar a cabo tres juicios a antiguos miembros destacados de los gobiernos del exlíder del PP, que ocupó la presidencia del Gobierno desde 1996 hasta 2004. Dos exvicepresidentes (Rodrigo Rato y Francisco Álvarez-Cascos) y un ex portavoz del Ejecutivo (Eduardo Zaplana) se enfrentan a las acusaciones de corrupción por parte de la Fiscalía: ocultación de fortunas ante Hacienda, cuentas en Suiza y desvío de fondos.
La Sombra de la Corrupción en el PP de Aznar
Estos juicios simultáneos ponen en tela de juicio una era política que el Partido Popular intentó enaltecer y que llevó a su máxima expresión bajo la dirección de Aznar. El juicio contra Rodrigo Rato ya comenzó en Madrid el pasado 15 de diciembre, mientras que el juicio de Eduardo Zaplana, que estaba programado para iniciar este jueves en Valencia, se ha retrasado hasta marzo. Por su parte, el juicio de Álvarez-Cascos está programado para comenzar en Asturias en poco más de cuatro semanas. Todos los acusados mantienen su inocencia.
El Legado de Corrupción en el PP de Aznar
El Partido Popular, conocido por su orientación conservadora, ha quedado profundamente manchado por la corrupción. Tres de sus exministros ya han pasado tiempo tras las rejas. Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio de prisión por el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, y Jaume Matas, exministro de Medio Ambiente de 2000 a 2003 y expresidente de Baleares, acumula condenas que suman más de ocho años de reclusión por casos como el caso Nóos o el caso Son Espases. Eduardo Zaplana, arrestado en mayo de 2018, también estuvo bajo custodia preventiva hasta febrero de 2019 debido al caso Erial. La jueza lo liberó argumentando que su encarcelamiento ponía en peligro su vida, dado su deteriorado estado de salud a causa de la leucemia diagnosticada en 2015.
El partido conservador también ha recibido tres condenas como entidad jurídica por beneficiarse de la trama Gürtel, una red de corrupción liderada por Francisco Correa que se infiltró en la formación desde la década de los noventa. En una de las sentencias relacionadas con esta red, la Audiencia Nacional describió cómo el PP «tejió una estructura de colaboración estable» con diferentes personas involucradas en la red. Además, gran parte de la cúpula del período Aznar, incluido el propio Aznar, tuvo que declarar como testigo en el juicio sobre la caja b del PP, que resultó en la condena de Luis Bárcenas, el autor de la famosa contabilidad paralela de los populares conocida como «Los Papeles de Bárcenas», donde se registraban presuntos sobresueldos a altos cargos.
Otras Manchas en la Era Aznar
Dos exministros de Aznar también estuvieron involucrados en importantes casos de corrupción. Esperanza Aguirre, quien fue Ministra de Cultura de 1996 a 1999 y posteriormente presidenta de la Comunidad de Madrid, fue imputada en la investigación del caso Púnica sobre la financiación irregular del PP en Madrid. Sin embargo, la causa fue archivada por falta de pruebas en 2022, a pesar de que existían fuertes indicios en su contra. Ángel Acebes, miembro del Gobierno de 1999 a 2004, fue absuelto en el caso Bankia, donde compartió banquillo con Rato.
Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro, quienes también ocuparon carteras ministeriales importantes durante el gobierno de Aznar, están siendo investigados en un caso abierto en Andorra conocido como la Operación Cataluña. Esta investigación se centra en las supuestas maniobras de grupos policiales en el Ministerio del Interior durante el gobierno de Rajoy para desacreditar el movimiento independentista en Cataluña.
Rato, Zaplana y Álvarez-Cascos
Desde diciembre pasado, la Audiencia Provincial de Madrid ha estado llevando a cabo el juicio contra Rodrigo Rato, quien fue vicepresidente del Gobierno de Aznar de 1996 a 2004. Rato enfrenta acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción relacionadas con el origen supuestamente ilícito de su fortuna. Se le atribuye haber urdido una compleja trama societaria para ocultar su patrimonio a Hacienda desde 1999, mientras aún formaba parte del Gobierno de José María Aznar. El juicio ya ha celebrado 13 sesiones y, según el calendario previsto, se extenderá hasta mayo.
El juicio contra Eduardo Zaplana, exministro de Trabajo y ex portavoz del Gobierno de Aznar, debía comenzar este jueves en Valencia. Sin embargo, la vista oral se ha pospuesto hasta marzo debido a problemas de salud de su abogado, quien sufrió un infarto. La Fiscalía solicita 19 años de prisión para Zaplana por presidir una supuesta trama que cobraba comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos, en un caso conocido como el caso Erial. El tribunal estima que el juicio durará unos cinco meses y, en el banquillo, Zaplana estará acompañado por José Luis Olivas, vicepresidente de Bankia y ex presidente de la Generalitat Valenciana.
El juicio a Francisco Álvarez-Cascos, programado para comenzar en marzo en Asturias, acusa al exministro de apropiarse de fondos de Foro Asturias, el partido que fundó después de abandonar el PP. La Fiscalía solicita tres años y medio de prisión y sostiene que Cascos cargó gastos personales, como mobiliario, ropa, videojuegos y viajes, a la formación política. Se le acusa de haber «incorporado a su patrimonio» un total de 181,648 euros. También se han planteado sospechas sobre la etapa de Cascos como ministro de Fomento con Aznar, relacionadas con la venta de obras de arte por parte de una empresa vinculada a su exesposa a grandes constructoras que recibieron contratos públicos millonarios de Fomento.
La «generación Aznar» se encuentra bajo el escrutinio judicial, lo que arroja dudas sobre la integridad de una era política que el PP intentó glorificar. Estos juicios nos recuerdan la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la política española, así como la necesidad de mantener vigilancia sobre los actos de corrupción que han marcado la historia reciente del país. La sombra de la corrupción persiste, y la sociedad espera respuestas y justicia.
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Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
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