Israel legaliza la deportación y encarcelamiento de niños palestinos 

La ofensiva legal israelí amplía la represión contra el pueblo palestino con leyes que permiten el encarcelamiento de menores de 12 años y la deportación de familiares, endureciendo aún más el asedio sobre Gaza.

El Parlamento israelí ha dado luz verde a una ley que permite condenar a menores palestinos a penas de prisión a partir de los 12 años, bajo el pretexto de que han cometido actos “terroristas”. La norma permite que estos niños y niñas sean retenidos en centros de menores hasta cumplir los 14 años, momento en el que se les trasladará a prisiones de adultos. No importa que hablemos de menores: en Israel, se ha decidido que un niño o niña palestina de 12 años puede ser responsable de un acto tan severo como para merecer la cárcel.

Una sociedad que permite encerrar a sus niños y niñas en prisiones no es libre, es opresora. Aprobada con los votos del partido del primer ministro Benjamín Netanyahu y sus aliados ultranacionalistas, esta ley surge de una ideología que ve en cada palestino, sin importar su edad, una amenaza. Con esta nueva legislación, Israel no solo intensifica su represión sobre el pueblo palestino, sino que envía un mensaje claro a la comunidad internacional: la vida y la libertad de la infancia palestina son sacrificables.

Oded Feller, abogado de la Asociación para los Derechos Civiles en Israel, calificó la medida como un “sin sentido populista”. La disposición, que estará en vigor cinco años, podría incluso renovarse, perpetuando esta violación a los derechos de la infancia. Feller señaló, además, que, aunque no existen mecanismos legales para enviar a un ciudadano israelí a Gaza, el simple hecho de aprobar una ley de estas características demuestra hasta qué punto el sistema judicial israelí ha sido cooptado por el racismo institucional.

DEPORTACIÓN Y DESPLAZAMIENTO FORZOSO COMO CASTIGO

No contentos con criminalizar a la infancia, el Parlamento israelí ha aprobado también una ley que permite la deportación de familiares de personas acusadas de “terrorismo” si se les considera cómplices o si se sospecha que “alentaron” los actos violentos. Esto significa que padres, madres, hermanos y hermanas, cónyuges e hijos pueden ser expulsados a Gaza o incluso a otro país.

La expulsión de familias es un castigo colectivo, una práctica que vulnera las leyes internacionales y evidencia la brutalidad de un Estado que normaliza la represión. Esta política no es nueva: durante años, Israel ha utilizado el desplazamiento forzoso como un método de castigo en Cisjordania ocupada, donde familias de palestinos sospechosos de atacar a soldados israelíes son desalojadas y sus casas demolidas. La diferencia es que ahora se institucionaliza, aplicándola de manera más sistemática y con un marco legal que legitima el despojo de derechos.

Represión y despojo como política de Estado: esta ley no solo viola la dignidad y los derechos de quienes, sin juicio ni prueba, son condenados por “proximidad” a supuestos actos terroristas; también impone la amenaza constante de expulsión y desplazamiento sobre toda la población palestina. Una forma de control que recuerda a las peores prácticas de segregación y castigo colectivo en la historia reciente.

ISRAEL: UN ESTADO QUE CRIMINALIZA LA RESISTENCIA

Para el gobierno israelí, no existen diferencias entre un ataque a civiles y un acto de resistencia contra sus tropas de ocupación. En Israel, el término “terrorismo” es elástico y se utiliza para referirse tanto a ataques contra civiles como a cualquier forma de oposición a la ocupación militar.

Esta política de etiquetar como “terrorista” cualquier acto de resistencia palestina es el fundamento de las leyes recientes que criminalizan a la infancia y castigan a las familias. Bajo esta narrativa, todo el pueblo palestino es un enemigo al que hay que contener, desarraigar y expulsar. No se reconoce su derecho a resistir, no se acepta su lucha por la libertad, solo se persigue y se castiga sin matices.

El silencio de gran parte de la comunidad internacional y de las principales potencias ante estas medidas es, en sí mismo, una validación del asedio sistemático contra la población palestina. El único objetivo de estas leyes es aterrorizar y someter al pueblo palestino, institucionalizando un modelo de apartheid y represión.