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La mayoría de Parlamentos han rechazado la puesta en marcha de comisiones de investigación.
InfoLibre ha informado que «sólo Castilla y León mantiene una comisión parlamentaria específica sobre lo ocurrido en las residencias. Mientras en unos territorios han sido las formaciones de izquierda las encargadas de vetar las investigaciones, en otros se han encargado de ello los partidos de la derecha con intervenciones calcadas».
De este modo se ha dado «carpetazo» masivo a la formación de comisiones de investigación sobre las muertes en residencias acontecidas en el contexto de la pandemia.
En total, más de 30.600 personas que vivían en residencias de mayores en España han fallecido a causa del coronavirus, según los datos disponibles hasta el 31 de octubre y recopilados por los ministerios de Derechos Sociales, Sanidad y Ciencia e Innovación, difundidos por RTVE.
«Aunque estos datos aún están en revisión, muestran la magnitud del impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 sobre las residencias de ancianos, solo realmente mitigado por el efecto de las vacunas a partir de 2021», reseñan desde el medio.
Tal es así que las personas que vivían en centros residenciales y que murieron con COVID-19 o causa compatible rondan el 40 % del total de fallecidos en esa fecha en España.
Por comunidades autónomas y en valores absolutos, Madrid es donde más mayores han fallecido por coronavirus, seguida por Cataluña. En el primer caso Ayuso ha instado a no investigar los sucedido para «no añadir dolor innecesario» a las familias. En Cataluña los socialistas se han aliado con Esquerra y JxCat para evitar la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de las residencias durante la pandemia de Covid.
«La muerte de miles de ancianos en residencias no es un genocidio, y es posible que tampoco sea un asesinato. Se trata de un grave fracaso por incompetencia, interés económico o ideología con resultado de muerte, un crimen que debería tener castigo penal», ha apostillado el periodista Ramón Lobo.
Por ello considera que «negar una comisión de investigación es un insulto a la democracia, a la verdad y a las víctimas. Esa comisión debería determinar lo ocurrido y proponer cambios para que no se repita, además de poner todo lo averiguado en manos de la justicia».
«Los responsables de este desastre no deberían tener ningún tipo de contrato público en su vida, ni sueldo ni subvención», sentencia.
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