Las inspecciones de Díaz: 26 millones de euros en multas a 5.500 empresas por fraude en los ERTE 

Se han detectado infracciones en uno de cada seis ERTE

Mantener la actividad del negocio aunque oficialmente la empresa estaba en ERTE de suspensión. Este es el fraude más común con el que se ha encontrado la Inspección de Trabajo de Yolanda Díaz, que ha detectando fraude en uno de cada seis ERTE que ha investigado.

La Inspección de Trabajo ha detectado ya 5.459 infracciones en empresas por fraude en los ERTE a las que ha impuesto sanciones por un valor total de 26 millones de euros, según datos del Ministerio de Trabajo.

La autoridad laboral ha finalizado 33.553 expedientes hasta el 1 de junio en los que han detectado las 5.459 infracciones mencionadas. El fraude alcanza así a un 16% de las empresas investigadas por el momento. Una de cada seis.

La “pillería” española

Esta “pillería”, como gustan de llamar los empresarios a lo que en realidad es un robo de lo público, fue utilizada para abusar del mecanismo que ha sostenido miles de puestos de trabajo, y ha ayudado a las empresas a aguantar en el parón económico ocasionado por el coronavirus.

Las últimas cifras oficiales apuntaban que había unos 97.000 ERTE en vigor a fecha del 31 de julio, con alrededor de 331.500 trabajadores afectados, por lo que ha sido un salvavidas para muchos trabajadores y empresarios, a pesar de que algunos abusasen del Sistema.

Pero no solo se trata de este tipo de abuso. Otra de las sanciones comunes se produjo cuando los empleados tuvieron que trabajar más horas que las reconocidas en los ERTE parciales de reducción de jornada. En casos concretos, las compañías ofrecían a los empleados que cobrasen la prestación por desempleo (el 70% de su base reguladora) y complementarles los ingresos hasta el total de su sueldo.

Exenciones a la cotización

La Seguridad Social exime a las compañías que están en expedientes de regulación temporal de empleo de que paguen gran parte de la cuota a la Seguridad Social de sus trabajadores, lo que se conoce como “exenciones” o “exoneraciones” a la cotización.

Al detectar la irregularidad en los ERTE, la Inspección de Trabajo ha requerido además a las empresas infractoras las liquidaciones por las exoneraciones indebidas de las que se beneficiaron. En este concepto, la autoridad laboral reclama a las compañías casi un millón de euros (996.947,25 euros) por exoneraciones indebidas.

El actual sistema de ERTE estará en vigor hasta el próximo 31 de septiembre. Está por ver si se acuerda una nueva prórroga del instrumento en un contexto en que las restricciones por la pandemia cada vez están más acotadas a sectores más concretos, como el sector servicios.