Indignación ante los comentarios sexuales hacia Luna Fulgencio, una actriz de 13 años 

Es intolerable que mientras los algoritmos de estas redes censuran contenido inofensivo, comentarios claramente pederastas sigan pasando desapercibidos.

El acceso generalizado a las redes sociales ha desvelado una realidad inquietante: la sexualización de menores en línea. En los últimos días, este fenómeno ha alcanzado un nuevo nivel de indignación con el caso de Luna Fulgencio, una actriz de apenas 13 años, quien ha sido objeto de comentarios de carácter sexual en la red social TikTok. La publicación de un video de la joven en una alfombra roja desató una avalancha de mensajes profundamente perturbadores por parte de usuarios adultos. La normalización de este tipo de conductas es, sencillamente, inaceptable.

La presencia de Luna Fulgencio en el ámbito cinematográfico no es nueva. Desde muy joven, ha formado parte de la popular saga “Padre no hay más que uno”, dirigida por Santiago Segura. A lo largo de su carrera, Luna ha demostrado ser una actriz que se ha ganado el cariño del público por su carisma. Sin embargo, lo que debería haber sido un momento de celebración por su participación en la cuarta entrega de la saga, se convirtió en una muestra alarmante de lo que está mal en nuestra sociedad.

REDES SOCIALES: UN ESPACIO DE IMPUNIDAD

Las redes sociales, plataformas creadas para conectar personas y compartir contenido, se han convertido en un terreno fértil para la proliferación de comportamientos inaceptables. El caso de Luna Fulgencio es solo la punta del iceberg en un problema mucho más profundo y extendido. Los comentarios sexuales hacia la actriz no son incidentes aislados; reflejan una tendencia creciente en la que adultos sienten que tienen la libertad de expresar sus deseos de manera abiertamente lasciva hacia menores de edad.

Este fenómeno ha sido posible, en gran medida, gracias a la impunidad que parece imperar en el entorno digital. Las plataformas como TikTok, que se supone deben proteger a sus usuarios, especialmente a los más jóvenes, han demostrado ser incapaces de actuar con rapidez y contundencia ante este tipo de situaciones. Es intolerable que mientras los algoritmos de estas redes censuran contenido inofensivo, comentarios claramente pederastas sigan pasando desapercibidos. La negligencia de estas empresas al no implementar mecanismos efectivos de moderación y control es un hecho que debería ser objeto de una revisión y legislación urgente.

La crítica también debe extenderse a la sociedad en su conjunto. La falta de reacción ante estos comportamientos refuerza la idea de que la sexualización de menores es algo permisible o, peor aún, un tema menor. Los mensajes que estos actos envían a las y los menores son devastadores: su valor como personas queda subordinado a la visión sexualizada que los adultos imponen sobre ellos. Esto no solo afecta su desarrollo emocional, sino que también los expone a peligros reales, ya que estos comentarios muchas veces son el preludio de interacciones más directas y potencialmente dañinas.

LA URGENCIA DE UNA RESPUESTA COLECTIVA

La respuesta que este tipo de actos requiere no puede ser pasiva ni limitada al ámbito privado. Es necesario que como sociedad tomemos una postura clara y contundente en contra de la normalización de la sexualización infantil. Esto implica no solo la denuncia y visibilización de estos actos, sino también la exigencia de que se implementen medidas legales que castiguen de manera ejemplar a quienes perpetúan este tipo de violencia.

El caso de Luna Fulgencio ha sido un catalizador para el debate sobre la seguridad de las y los menores en línea, pero no debe quedar como un mero incidente mediático. Es imperativo que las autoridades y plataformas tecnológicas asuman la responsabilidad que les corresponde. La creación de marcos legales más estrictos que protejan a las y los menores, la educación digital desde edades tempranas y la promoción de un uso responsable de las redes sociales son medidas que no pueden seguir siendo postergadas.

No se trata solo de proteger a las y los menores de los peligros que acechan en internet, sino de garantizar su derecho a desarrollarse en un entorno seguro, donde su valor no sea medido por la mirada lasciva de adultos sin escrúpulos.