A pesar de la condena, al no haber pena de cárcel y solo multa económica, los letrados del Congreso deciden que Alberto Rodríguez no tiene que dejar su acta.
Los letrados del Congreso de los Diputados han determinado que el diputado Alberto Rodríguez puede mantener su acta y seguir en su escaño a pesar de su extraña condena.
En el texto presentado, la sustitución de la pena por una multa hace que ya no exista realmente dicha pena. El informe destaca que «la pena de prisión ha sido sustituida por la pena de multa» y que la clave es determinar si la sustitución altera la naturaleza de la pena, concluyendo que sí.
El informe concluye que «de un análisis de la normativa aplicable, no ha lugar» quitarle el acta a Alberto Rodríguez porque «no cabe derivar consecuencia extrapenal». Por lo tanto, «no concurre ni la inelegibilidad sobrevenida» que estipula la Ley Electoral, ni la aplicación más estricta del Reglamento del Congreso.
El documento de los letrados asegura que la multa «no es ya una forma de sustitución de la pena, sino de aplicación de la misma», de manera que para cuando procediera aplicar la Ley Electoral, ya no opera el artículo 6.2 de la norma, que establece que los condenados a privación de libertad pierden la condición de diputados.
Condenado «sin pruebas»
La Sala Segunda del Supremo impuso en un primer momento una pena de prisión de un mes y quince días al Diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Esta pena le fue sustituida por una multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros.
Usuarios de redes sociales, prensa crítica y dirigentes de Podemos han arremetido contra el Tribunal Supremo (TS) al condenar «sin pruebas» al diputado en el Congreso Alberto Rodríguez por un delito de atentado contra la autoridad.
Por ello, califican la decisión que califica de «vergüenza» y destacan que evidencia que hay una justicia «corrupta» y al «servicio del poder», deslizando con ello el criterio favorable a cerrar la investigación al rey emérito Juan Carlos I.
Vox contra Alberto Rodríguez
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, había exigido que la Cámara Baja retire con la máxima celeridad el escaño al parlamentario de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, condenado por el Tribunal Supremo por atentado contra la autoridad.
En rueda de prensa este lunes tras la Junta de Portavoces, Espinosa de los Monteros señaló que Rodríguez es un «agresor» y «pateador» de policías, a tenor de la sentencia firme emitida por el alto tribunal, con una pena de prisión de mes y medio conmutable con multa y la inhabilitación especial al sufragio pasivo por el mismo periodo.
Para el portavoz de Vox, se trata de un asunto de «máxima gravedad» y por ello ya han registrado un escrito solicitando la retirada plena de la condición de diputado de Rodríguez para lo queda de legislatura. No obstante, ha lamentado que la Mesa aún no haya abordado su inhabilitación, que debería resolverse cuanto antes.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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