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Vox ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la suspensión del procedimiento de desahucio para personas económicamente vulnerables que no tengan alternativa habitacional.
De nuevo VOX ha vuelto a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, en este caso, contra la suspensión del procedimiento de desahucio para personas económicamente vulnerables que no tengan alternativa habitacional, según ha informado EuropaPress.
Desde el partido se considera que el texto vulnera «pilares fundamentales del Estado de Derecho» como la justicia o la propiedad privada y así lo han hecho contar, pidiendo que se declare inconstitucional el Real Decreto-Ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social.
En concreto, matiza EuropaPress, «se refieren a la redacción que confiere a los apartados 1 y 7 ‘c’ del artículo 1 bis de un decreto anterior, el relativo a las medidas urgentes complementarias que se aprobó el 31 de marzo de 2020 para hacer frente a la pandemia».
Fue el pasado 26 de octubre cuando el Consejo de Ministros aprobó la ampliación hasta el 28 de febrero de 2022 de las medidas impulsadas en los últimos reales decretos-leyes sobre contratos de alquiler de vivienda y desahucios, el denominado escudo social.
Vox sostiene que «la entrada y permanencia delictiva en una vivienda no puede configurarse como causa legal que imposibilite el cumplimiento estricto de los mandatos que la sentencia contiene y, menos aún puede permitir dar por satisfecha la tutela judicial efectiva de quien instó el correspondiente proceso penal».
Vox y el uso político de la justicia
El poder judicial, en los países que dicen ser o quieren ser democráticos, se utiliza para asegurar que el incumplimiento de las leyes que emanan del resto de poderes del Estado se cumplan con igualdad y equidad entre toda la ciudadanía, independientemente de la situación personal o particular. Sin embargo, la extrema derecha ha intentado hacer un uso político de la justicia aprovechando las herramientas establecidas en la legislación, las administraciones públicas, los resquicios del sistema e ingentes recursos económicos y mediáticos.
De esta forma, el partido ultraderechista Vox en España, por ejemplo, acostumbra a poner querellas contra todo aquello que no le gusta. Evidentemente, cada querella supone, como mínimo, que parte del sistema jurídico del Estado debe trabajar para estudiarla y, en su caso, tramitarla. Por ello, sería deseable y esperable que ese trabajo no fuera en vano.
Sin embargo, haciendo un breve repaso a todas las actuaciones judiciales en las que la formación ha sido protagonista o parte, resulta fácil deducir que, como ya ocurrió con el sindicato Manos Limpias o con Abogados Cristianos, existe una potente motivación política detrás que, lo que busca, es conseguir rédito político de las causas, independientemente que después acaben en nada, ya sea por no poder aportar pruebas de culpabilidad o por, directamente, el archivo del caso.
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
Cuando un Gobierno habla de ocupar Gaza por fases, ya no estamos ante una guerra: estamos ante un plan.
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Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas
Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le ha contestado con lo único que desmonta la propaganda: pruebas. Y no las había. Ni de que la sanidad fuera a hundirse, ni de que la educación fuera a reventar, ni de que Madrid fuese a convertirse en una especie de apocalipsis administrativo por regularizar a personas migrantes.
El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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Aimar Bretos toma ‘Hoy por hoy’ mientras la SER intenta vender normalidad donde huele a crisis
La SER intenta vender como relevo natural lo que suena demasiado a operación de poder.
Aimar Bretos asumirá Hoy por hoy el 31 de agosto, tras la salida de Àngels Barceló después de 21 años en la cadena y 7 al frente del programa. El problema no es Bretos. El problema es ese viejo truco de llamar “pluralidad” a lo que muchas veces significa presión editorial, ajuste interno y disciplina empresarial.
Porque cuando una periodista sale así, cuando compañeras y compañeros lamentan públicamente las formas, cuando la plantilla tiene que defender su profesionalidad, la palabra independencia empieza a sonar menos a principio y más a decorado.
A lo que llaman relevo quizá haya que llamarlo por su nombre: una operación de despacho con música de sintonía.
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Vídeo | Palantir en España: el contrato opaco que mete a Silicon Valley en el corazón de Defensa
Defensa entregó a una empresa nacida en el ecosistema de la CIA una pieza sensible de la inteligencia militar española, sin publicidad, con una sola oferta y bajo una capa de secreto que huele demasiado a negocio blindado.
Vídeo | Palantir en España: el contrato opaco que mete el tecnofascismo en Defensa
Mientras nos hablan de modernización, eficiencia y seguridad, el Estado español abre la puerta de su inteligencia militar a una de las empresas más vinculadas al negocio global de la vigilancia, la guerra y el poder algorítmico. Te lo contamos en #ReportajesSR. Presentado por Patricia Salvador.