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Los taxistas de Madrid se han manifestado contra las políticas de liberalización del sector que está implementando el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad.
Unos 5.000 taxis, 800 según la Delegación del Gobierno, se concentraron frente a la Consejería de Transportes e Infraestructuras en la calle Orense, bloqueando la vía durante varias horas con la petición principal contra el rechazo al nuevo decreto que Ayuso pretende aprobar, el cual supondría una liberalización del sector del taxi público y que los taxistas han tachado de «otra cacicada más del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso».
La Federación del Taxi de Madrid, la Asociación Élite Taxi Madrid, Taxi Proyecto 2.0, Plataforma Caracol, Colaterales del Taxi, Familias del Taxi, Taxi movimiento y Mujeres de Taxistas son algunas de las organizaciones que participaron en la manifestación.
Los taxistas protestaron contra el nuevo reglamento que permite trabajar 24 horas al día y estima que «deja a los autónomos, como a los sanitarios, en manos de los especuladores».
Además, el decreto abre la puerta a la acumulación de licencias de taxi, pasando de las tres actuales a un límite de 50 licencias permitidas a una misma persona. Incluso, el nuevo decreto permite que sean personas jurídicas las que puedan acumular dicha cantidad de licencias.
Dicho decreto, indican, abre la posibilidad de que sean personas jurídicas las que puedan acumular dicha cantidad de licencias, pudiendo suponer la acumulación de monopolios dentro del sector.
«Ayuso y Almeida le han declarado la guerra al taxi. Un servicio público fundamental que han dejado vendido frente a las multinacionales de VTC. Un sector que da de comer a más de 25.000 familias y que pagan sus impuestos AQUÍ. Vamos a ganar esta lucha», ha respaldado el ex atleta y político Roberto Sotomayor que se ha posicionado ante Ayuso.
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Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
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Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
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En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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