Huelga contra Ayuso: universidad en lucha 

Una comunidad académica agotada planta cara al desmantelamiento lento, metódico y perfectamente calculado

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, A RAS DE SUELO

La Ciudad Universitaria amaneció convertida en una estampa que decía más que cualquier discurso institucional. Frío. Silencio. Aulas vacías. Y en medio de esa quietud, un mensaje contundente: la universidad pública madrileña está siendo sacrificada en nombre de un modelo que antepone balances a derechos.

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La primera de las dos jornadas de huelga convocadas por plataformas estudiantiles y sindicales evidenció lo que lleva años gestándose. Una infrafinanciación crónica que ha empujado a los seis campus públicos de la región a un punto de degradación tan visible que incluso quienes intentan justificar lo injustificable han dejado de saber dónde mirar.

Los piquetes informativos —apenas una treintena de personas según EFE y una veintena de estudiantes según Europa Press— no representaban falta de apoyo sino agotamiento acumulado. Repartieron octavillas, pegaron carteles, denunciaron que lo que Ayuso llama “modernización” es, en realidad, la antesala de un modelo empresarial donde la autonomía universitaria es tratada como obstáculo.

Las consignas, repetidas sin estridencias, marcaron el tono del día:
Ayuso, escucha, la uni está en lucha.
Si nos roban el futuro, a la huelga general.

En la UPM, la pancarta más repetida resumió el estado del sistema: La uni se cae.

Isabel González, profesora de la Escuela de Arquitectura, lo dijo con precisión quirúrgica: el borrador filtrado de la LESUC es un ataque flagrante. No por lo que promete, sino por lo que oculta: un Consejo Social reforzado para intervenir desde fuera, un presupuesto incapaz de cubrir necesidades básicas, y un deterioro físico que se ha convertido en símbolo político. Ascensores que no funcionan, baños inutilizados, laboratorios sin materiales, aulas sin asientos suficientes. El día a día de profesoras, profesores, estudiantes y personal técnico que llevan años sosteniendo instituciones abandonadas.

La Complutense se convirtió en epicentro de la respuesta: alrededor de 300 estudiantes pasaron la madrugada del 25 al 26 encerrados preparando materiales y organizando charlas. La misma universidad que hace semanas pidió un préstamo de 34,5 millones a la Comunidad para poder pagar el déficit. Su rector ha asegurado que las nóminas “no están en riesgo”. Que la frase exista ya debería ser una alarma por sí misma.

CGT informó de un 100% de seguimiento en el campus de Somosaguas. Un dato que desmonta cualquier intento de minimizar la protesta. Pero el Gobierno madrileño eligió el relato más cómodo: negar la legitimidad del malestar, reafirmar su propia versión de los hechos y acusar a la comunidad universitaria de protestar contra quien supuestamente la financia.

EL RELATO OFICIAL Y LA REALIDAD DE LOS PASILLOS

El consejero Emilio Viciana salió al paso con un discurso sin matices. Defendió que la Comunidad destinará 1.239,7 millones en 2026, un aumento de 75,3 millones respecto al año anterior. Un 6,5% que, presentado como generosidad, oculta lo esencial: no compensa la inflación, no revierte los recortes acumulados y no cubre el coste real de mantener la calidad docente e investigadora.

La cifra más repetida por el Ejecutivo —un 26% de incremento acumulado en los fondos desde que Ayuso es presidenta— no responde a la pregunta fundamental:
¿Por qué entonces las universidades se endeudan, se deterioran y pierden capacidad investigadora?

La respuesta está en las condiciones, no en el número. En la infrafinanciación estructural. En los edificios que literalmente se caen. En el profesorado precarizado con contratos asociados que impiden estabilidad y dedicación plena. En los laboratorios que no pueden impartir prácticas. En quienes trabajan en condiciones impropias de un sistema que presume de excelencia mientras se hunde en burocracia y abandono.

La estrategia política del Gobierno regional se completó con una maniobra ya habitual: desviar el foco hacia el “cupo independentista”, acusando al Gobierno central de restar 170 millones anuales a las universidades madrileñas. Una cifra útil para el debate partidista, irrelevante para explicar por qué los pasillos siguen llenos de goteras.

Sobre la LESUC, la promesa de un “modelo de financiación plurianual, revisable y adaptado” suena más a promesa que a garantía. La comunidad universitaria no protesta por deporte: protesta porque lleva años constatando que bajo cada reforma presentada como modernizadora se esconde una nueva vuelta de tuerca privatizadora.

El Gobierno asegura que “no va a dejar caer” a ninguna universidad.
La realidad es que algunas ya están cayendo.
Y lo están haciendo en silencio, entre ascensores que no funcionan, laboratorios vacíos y aulas saturadas.

Porque cuando una sociedad permite que su conocimiento se convierta en mercancía, acepta también que su futuro se venda al mejor postor.