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Una comunidad académica agotada planta cara al desmantelamiento lento, metódico y perfectamente calculado
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, A RAS DE SUELO
La Ciudad Universitaria amaneció convertida en una estampa que decía más que cualquier discurso institucional. Frío. Silencio. Aulas vacías. Y en medio de esa quietud, un mensaje contundente: la universidad pública madrileña está siendo sacrificada en nombre de un modelo que antepone balances a derechos.
La primera de las dos jornadas de huelga convocadas por plataformas estudiantiles y sindicales evidenció lo que lleva años gestándose. Una infrafinanciación crónica que ha empujado a los seis campus públicos de la región a un punto de degradación tan visible que incluso quienes intentan justificar lo injustificable han dejado de saber dónde mirar.
Los piquetes informativos —apenas una treintena de personas según EFE y una veintena de estudiantes según Europa Press— no representaban falta de apoyo sino agotamiento acumulado. Repartieron octavillas, pegaron carteles, denunciaron que lo que Ayuso llama “modernización” es, en realidad, la antesala de un modelo empresarial donde la autonomía universitaria es tratada como obstáculo.
Las consignas, repetidas sin estridencias, marcaron el tono del día:
Ayuso, escucha, la uni está en lucha.
Si nos roban el futuro, a la huelga general.
En la UPM, la pancarta más repetida resumió el estado del sistema: La uni se cae.
Isabel González, profesora de la Escuela de Arquitectura, lo dijo con precisión quirúrgica: el borrador filtrado de la LESUC es un ataque flagrante. No por lo que promete, sino por lo que oculta: un Consejo Social reforzado para intervenir desde fuera, un presupuesto incapaz de cubrir necesidades básicas, y un deterioro físico que se ha convertido en símbolo político. Ascensores que no funcionan, baños inutilizados, laboratorios sin materiales, aulas sin asientos suficientes. El día a día de profesoras, profesores, estudiantes y personal técnico que llevan años sosteniendo instituciones abandonadas.
La Complutense se convirtió en epicentro de la respuesta: alrededor de 300 estudiantes pasaron la madrugada del 25 al 26 encerrados preparando materiales y organizando charlas. La misma universidad que hace semanas pidió un préstamo de 34,5 millones a la Comunidad para poder pagar el déficit. Su rector ha asegurado que las nóminas “no están en riesgo”. Que la frase exista ya debería ser una alarma por sí misma.
CGT informó de un 100% de seguimiento en el campus de Somosaguas. Un dato que desmonta cualquier intento de minimizar la protesta. Pero el Gobierno madrileño eligió el relato más cómodo: negar la legitimidad del malestar, reafirmar su propia versión de los hechos y acusar a la comunidad universitaria de protestar contra quien supuestamente la financia.
EL RELATO OFICIAL Y LA REALIDAD DE LOS PASILLOS
El consejero Emilio Viciana salió al paso con un discurso sin matices. Defendió que la Comunidad destinará 1.239,7 millones en 2026, un aumento de 75,3 millones respecto al año anterior. Un 6,5% que, presentado como generosidad, oculta lo esencial: no compensa la inflación, no revierte los recortes acumulados y no cubre el coste real de mantener la calidad docente e investigadora.
La cifra más repetida por el Ejecutivo —un 26% de incremento acumulado en los fondos desde que Ayuso es presidenta— no responde a la pregunta fundamental:
¿Por qué entonces las universidades se endeudan, se deterioran y pierden capacidad investigadora?
La respuesta está en las condiciones, no en el número. En la infrafinanciación estructural. En los edificios que literalmente se caen. En el profesorado precarizado con contratos asociados que impiden estabilidad y dedicación plena. En los laboratorios que no pueden impartir prácticas. En quienes trabajan en condiciones impropias de un sistema que presume de excelencia mientras se hunde en burocracia y abandono.
La estrategia política del Gobierno regional se completó con una maniobra ya habitual: desviar el foco hacia el “cupo independentista”, acusando al Gobierno central de restar 170 millones anuales a las universidades madrileñas. Una cifra útil para el debate partidista, irrelevante para explicar por qué los pasillos siguen llenos de goteras.
Sobre la LESUC, la promesa de un “modelo de financiación plurianual, revisable y adaptado” suena más a promesa que a garantía. La comunidad universitaria no protesta por deporte: protesta porque lleva años constatando que bajo cada reforma presentada como modernizadora se esconde una nueva vuelta de tuerca privatizadora.
El Gobierno asegura que “no va a dejar caer” a ninguna universidad.
La realidad es que algunas ya están cayendo.
Y lo están haciendo en silencio, entre ascensores que no funcionan, laboratorios vacíos y aulas saturadas.
Porque cuando una sociedad permite que su conocimiento se convierta en mercancía, acepta también que su futuro se venda al mejor postor.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.