A la cárcel con ellos: cómo el poder usa las prisiones para salvar su propio pellejo 

Un país que castiga a unos corruptos para proteger a otros no es un país, es un cortafuegos político.

EL RITO DE LA JUSTICIA QUE SOLO CAE SOBRE QUIENES YA ESTÁN CAÍDOS

Este jueves el Tribunal Supremo decidirá si José Luis Ábalos y Koldo García entran en prisión preventiva a las puertas de un juicio que promete ser un espectáculo de autodefensa institucional. El juez Leopoldo Puente les cita después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares pidieran revisar unas medidas cautelares que llevan más de un año sobre la mesa sin resolver la cuestión fundamental: qué ocurre con quienes ocuparon despachos donde se firmaban contratos millonarios mientras el país agonizaba bajo la covid.

La trama de las mascarillas se destapó hace más de un año y apunta al Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos. Es ahora, con la vista oral próxima tras la propuesta formal de enjuiciamiento del pasado 3 de noviembre, cuando se activa la maquinaria para valorar la prisión. Todo a partir de nuevas acusaciones que reclaman 24 años de cárcel para Ábalos, 30 para él desde las acusaciones populares, 19 años y medio para Koldo García, y 30 según las acusaciones conservadoras. Las cifras, frías y contundentes, actúan como un recordatorio de que el delito de guante blanco solo se persigue cuando ya no existen favores pendientes.

El Supremo sabe que la petición de penas largas incrementa el llamado riesgo de fuga. Un argumento jurídico válido, aunque rara vez aplicado a quienes pertenecen a círculos de poder político y económico. El castigo no llega cuando se comete el delito, sino cuando la pieza ya no es útil. Es un patrón histórico que se repite desde hace décadas, documentado incluso en estudios como Elites, accountability and political decay (Brookings, 2015), que describen cómo los sistemas judiciales en democracias liberales priorizan la estabilidad de las élites sobre la reparación social.

Puente ya rechazó enviarles a prisión en octubre, pero deslizó la idea de un riesgo de fuga creciente según se acerca la fecha del juicio. Una forma elegante de decir que solo queda la mascarada final. Las acusaciones populares, dirigidas políticamente desde el PP, quieren cárcel inmediata. La Fiscalía no revela si lo pedirá, aunque fuentes internas apuntan a un endurecimiento de las medidas.

Las y los trabajadores de este país llevan años observando esta coreografía. Para la inmensa mayoría, la palabra “corrupción” significa despido, ruina o cárcel rápida. Para las élites, significa una larga negociación sobre cuándo y cómo caer. El sistema se protege a sí mismo antes que a la sociedad.

LAS SOMBRAS QUE NO ENTRAN EN PRISIÓN Y LAS QUE SÍ

El caso incluye cinco delitos graves: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Y no solo eso. La Fiscalía reclama para Ábalos y García una multa de más de 3,9 millones de euros y que paguen de forma subsidiaria 34.477,86 euros a Ineco y 9.500,54 euros a Tragsatec por los puestos conseguidos para Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos. La precisión de las cantidades es casi obscena si se compara con el descontrol presupuestario con el que operan muchas administraciones cuando se trata de beneficiar a empresas privadas, consultoras o lobbies.

El comisionista Víctor de Aldama, que se ha autoinculpado y ha entregado documentación, afronta 7 años de prisión gracias a la atenuante de confesión. Una rebaja que suena más a pacto implícito que a justicia restaurativa. El único que ha pisado la cárcel hasta ahora es Santos Cerdán, desde el 30 de junio hasta el 19 de noviembre, por riesgo de destrucción de pruebas. Pero ese encarcelamiento no fue tanto consecuencia de una justicia rigurosa como de un detalle inconveniente: su “cierta preeminencia” dentro de la trama convertía su libertad en un problema operativo.

Mientras tanto, en otros procesos de corrupción, desde Gürtel hasta Púnica, pasando por la Operación Kitchen, los tiempos judiciales han demostrado que el calendario, más que la ley, determina el alcance real de la responsabilidad. No hay justicia cuando los plazos se ajustan más a la lucha política que al interés público.

La vista de hoy simboliza el mismo ejercicio de contención que ha caracterizado este caso desde el principio. La maquinaria judicial se activa con lentitud cuando hay vínculos con poder político, pero se acelera cuando ese poder se ha roto y conviene exhibir firmeza. El sistema penal es duro con quien ya no importa. Para las y los jueces que cada día ven desahucios, precariedad o pequeños delitos, este contraste es un recordatorio de que la igualdad ante la ley es el gran mito fundacional del liberalismo tardío.

Nada de esto exime a Ábalos, García o quien corresponda de rendir cuentas. Pero conviene no perder de vista lo esencial: el castigo individual no puede ocultar las fallas estructurales de un modelo político donde lo público se convierte en botín y las instituciones actúan como archivadores de lealtades.

Este proceso no solo juzga a dos hombres. También revela cómo se protege el Estado a sí mismo. Porque en España, cuando alguien cae en desgracia, nunca lo hace solo. Y cuando se salva, tampoco. Hoy no se decide si Ábalos y Koldo irán a prisión, sino cuánta justicia está dispuesta a soportar la democracia española.