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La especulación, la inacción política y los fondos buitre convierten la capital en un campo de batalla donde vivir es un privilegio.
Este domingo, Madrid ha sido testigo de una movilización masiva contra la crisis de la vivienda. Alrededor de 15.000 personas han tomado las calles para exigir lo que debería ser un derecho básico: un techo bajo el que vivir. La protesta, convocada por más de 40 colectivos, desde asociaciones vecinales hasta plataformas de derechos humanos, ha vuelto a poner en el centro del debate la negligencia institucional en materia habitacional.
“Madrid nos está echando”, han advertido los organizadores de la marcha, en un mensaje que resume el sentimiento de quienes ven cómo la capital se convierte en un espacio inaccesible para la clase trabajadora. El precio del alquiler se ha disparado más de un 70% en la última década, mientras los sueldos siguen anclados en la precariedad.
El lema de la protesta, «Vivienda digna y sostenible ya», deja claro que no se trata solo de reclamar un techo, sino de señalar el saqueo de la ciudad por parte de grandes inmobiliarias, fondos de inversión y rentistas que ven en la vivienda un negocio intocable. La situación, lejos de mejorar, ha empeorado desde la última gran movilización del 13 de octubre. Las administraciones han ignorado las demandas y la especulación sigue campando a sus anchas.
Alejandro Escribano, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Línea 7B de Metro, ha sido tajante: “El Gobierno de Ayuso debe aplicar la Ley estatal de Vivienda de una vez”. Madrid se niega a reconocer zonas tensionadas de alquiler, un paso necesario para limitar el abuso de los precios. Mientras tanto, quienes no pueden pagar son desahuciados, las ayudas llegan tarde y los grandes propietarios siguen inflando el mercado con alquileres imposibles.
Jorge Nacarino, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), ha señalado al Gobierno central: “Las comunidades autónomas deben ser obligadas a que ni un solo euro público en vivienda acabe en manos de especuladores”. Pero los fondos buitre siguen acumulando viviendas vacías y las administraciones siguen mirando hacia otro lado.
LOS POLÍTICOS SE SUMAN, PERO ¿QUIÉN ACTÚA?
La manifestación ha contado con la presencia de representantes políticos de PSOE, Más Madrid, Sumar y Podemos. Han salido a la calle, han dado declaraciones, han criticado la inacción del PP, pero ¿qué medidas reales están impulsando desde sus propias responsabilidades?
Rita Maestre (Más Madrid) ha afirmado que obligarán al Ejecutivo autonómico a actuar, mientras Manuela Bergerot ha acusado a Ayuso y Almeida de «anteponer el negocio al derecho». Palabras contundentes, pero insuficientes frente a una comunidad que sigue sin aplicar la Ley de Vivienda.
Desde el PSOE, Reyes Maroto ha recordado que medio millón de madrileños se beneficiarían de la regulación de alquileres si Ayuso dejara de proteger a los especuladores. Pero, de nuevo, el problema va más allá de Madrid. El Gobierno central lleva años anunciando medidas estructurales que nunca terminan de aplicarse.
Mónica García, ministra de Sanidad, ha señalado que las competencias son autonómicas y que el Ejecutivo ha «dado un giro de 180 grados» en materia de vivienda. Sin embargo, el giro no ha sido suficiente para evitar que vivir en Madrid sea un privilegio reservado a quienes pueden pagar alquileres desorbitados.
El mensaje de la calle es claro: los discursos políticos no pagan alquileres ni evitan desahucios. Si las administraciones siguen dejando la vivienda en manos de los especuladores, Madrid se convertirá en una ciudad exclusiva para turistas y élites, expulsando a quienes la construyen y la habitan.
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