Glovo “hará una subasta del precio por pedido y los Riders pelearemos entre nosotros para ver quien lo hace más barato” 

Recientemente entraba en vigor la conocida como ‘ley Rider’, momento que ha aprovechado Glovo para promover un modelo aún más precario.

La empresa de servicios Glovo, a raíz de la ‘ley Rider’ ha dado “una vuelta más de tuerca” para precarizar a los trabajadores, afirma Iván Gutiérrez, periodista de la sección de economía de TV3.

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“Paradójicamente, para adaptarse a una ley y decenas de sentencias en contra. Eliminan el sistema de puntuación que era propio de Black Mirror, pero van a otro casi peor para justificar que cumplen la ley”, ha tuiteado Gutiérrez.

Es un giro de tuerca más, paradójicamente, para adaptarse a una ley y decenas de sentencias en contra.

Eliminan el sistema de puntuación que era propio de Black Mirror, pero van a otro casi peor para justificar que cumplen la ley

— Iván Gutiérrez (@ivanngutierrez) August 13, 2021

Esto conlleva lo que se le ha llamado el “multiplicador”, “precisamente para “cumplir” con la ley que no sean falsos Autonomos, Glovo quiere que puedan elegir el precio Por lo que a través de un multiplicador (por encima de 1 cobran más, por debajo cobran menos) “negocian” sus honorarios”, continúa.

De este modo concluye que “los riders subastan su sudor con precios a la baja. En días como hoy (agosto) que no hay demanda, muchos riders desesperados de cualquier mínimo ingreso ponen su multiplicador a x0.7. Eso quiere decir trabajar por menos de lo que Glovo les ofrece”.

Por su parte el Sindicato Riders x Derechos ha asegurado que “Glovo no sólo ha optado por seguir incumpliendo el Estatuto de los Trabajadores sino que además ha incluido lo que ellos califican como “modelo inédito”. Ahora se hará una subasta del precio por pedido y los riders pelearemos entre nosotros para ver quien lo hace más barato”.

Glovo no sólo ha optado por seguir incumpliendo el Estatuto de los Trabajadores sino que además ha incluido lo que ellos califican como "modelo inédito".

Ahora se hará una subasta del precio por pedido y los riders pelearemos entre nosotros para ver quien lo hace más barato.

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— Riders x Derechos (@ridersxderechos) August 13, 2021

Hace unos días, el director de la Inspección de Trabajo, Héctor Illueca aseguraba que se pondrá en “marcha un dispositivo para que se cumpla la Ley Rider”.

A su vez explicaba que no solamente en este campo “hay un elevado volumen de fraude en la contratación temporal en España. Creo que no descubro nada al afirmar esto”.

¿Qué es la ‘Ley Rider’?

El Gobierno aprobaba la ‘ley rider’ en el Consejo de Ministros, dos meses después de que Trabajo llegara a un acuerdo con los agentes sociales para su promulgación. Esta norma obliga a las empresas de reparto a domicilio, como Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart a contratar a sus repartidores en un plazo de tres meses desde la publicación de la ley en el BOE.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la misma Yolanda Díaz explicaba que la norma es «histórica», destacando que España «se convierte en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia», ya que «ningún país se ha atrevido a legislar sobre esta materia».

Un año de negociaciones

Para la aplicación de esta ley fue necesario un año de negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, donde se produjo un acuerdo de mínimos, pero sin el apoyo de todos los trabajadores ni de las empresas afectadas.

Según indica el texto aprobado por el Consejo de Ministros, «la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles».

En concreto, el decreto recoge una nueva letra d) en el apartado 4 del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Este tiene la siguiente redacción: «Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles».