Recientemente entraba en vigor la conocida como ‘ley Rider’, momento que ha aprovechado Glovo para promover un modelo aún más precario.
La empresa de servicios Glovo, a raíz de la ‘ley Rider’ ha dado «una vuelta más de tuerca» para precarizar a los trabajadores, afirma Iván Gutiérrez, periodista de la sección de economía de TV3.
«Paradójicamente, para adaptarse a una ley y decenas de sentencias en contra. Eliminan el sistema de puntuación que era propio de Black Mirror, pero van a otro casi peor para justificar que cumplen la ley», ha tuiteado Gutiérrez.
Esto conlleva lo que se le ha llamado el «multiplicador», «precisamente para “cumplir” con la ley que no sean falsos Autonomos, Glovo quiere que puedan elegir el precio Por lo que a través de un multiplicador (por encima de 1 cobran más, por debajo cobran menos) “negocian” sus honorarios», continúa.
De este modo concluye que «los riders subastan su sudor con precios a la baja. En días como hoy (agosto) que no hay demanda, muchos riders desesperados de cualquier mínimo ingreso ponen su multiplicador a x0.7. Eso quiere decir trabajar por menos de lo que Glovo les ofrece».
Por su parte el Sindicato Riders x Derechos ha asegurado que «Glovo no sólo ha optado por seguir incumpliendo el Estatuto de los Trabajadores sino que además ha incluido lo que ellos califican como «modelo inédito». Ahora se hará una subasta del precio por pedido y los riders pelearemos entre nosotros para ver quien lo hace más barato».
Hace unos días, el director de la Inspección de Trabajo, Héctor Illueca aseguraba que se pondrá en «marcha un dispositivo para que se cumpla la Ley Rider».
A su vez explicaba que no solamente en este campo «hay un elevado volumen de fraude en la contratación temporal en España. Creo que no descubro nada al afirmar esto».
¿Qué es la ‘Ley Rider’?
El Gobierno aprobaba la ‘ley rider’ en el Consejo de Ministros, dos meses después de que Trabajo llegara a un acuerdo con los agentes sociales para su promulgación. Esta norma obliga a las empresas de reparto a domicilio, como Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart a contratar a sus repartidores en un plazo de tres meses desde la publicación de la ley en el BOE.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la misma Yolanda Díaz explicaba que la norma es «histórica», destacando que España «se convierte en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia», ya que «ningún país se ha atrevido a legislar sobre esta materia».
Un año de negociaciones
Para la aplicación de esta ley fue necesario un año de negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, donde se produjo un acuerdo de mínimos, pero sin el apoyo de todos los trabajadores ni de las empresas afectadas.
Según indica el texto aprobado por el Consejo de Ministros, «la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles».
En concreto, el decreto recoge una nueva letra d) en el apartado 4 del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Este tiene la siguiente redacción: «Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles».
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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