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Las empresas afectadas se estaban ahorrando entre 100 y 120 millones de euros al año solo en cotizaciones sociales.
El Gobierno ha aprobado al fin la ‘ley rider’ en el Consejo de Ministros, dos meses después de que Trabajo llegara a un acuerdo con los agentes sociales para su promulgación. Esta norma obliga a las empresas de reparto a domicilio, como Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart a contratar a sus repartidores en un plazo de tres meses desde la publicación de la ley en el BOE.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros han estado presente la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. En la misma, Díaz ha explicado que la norma es «histórica», destacando que España «se convierte en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia», ya que «ningún país se ha atrevido a legislar sobre esta materia».
La ministra de Trabajo ha dado las gracias a los agentes sociales por su «valentía» y también al trabajo realizado por la Inspección durante este tiempo. Según ha confirmado, se han regularizado más de 16.000 empleos, teniendo un impacto de 29 millones de euros.
Un año de negociaciones
Se pone fin a un año de negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales donde se produjo un acuerdo de mínimos, pero sin el apoyo de todos los trabajadores ni de las empresas afectadas.
Según indica el texto aprobado por el Consejo de Ministros, «la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles».
En concreto, el decreto recoge una nueva letra d) en el apartado 4 del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores. Este tiene la siguiente redacción: «Ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles».
Fin de la polémica de los falsos autónomos
El Gobierno, amparado por un grupo importante de denuncias y sentencias judiciales, ha venido denunciando desde hace dos años que los riders son falsos autónomos. A su juicio, esta situación es aprovechada por las plataformas para reducir sus costes a costa de precarizar las condiciones laborales no pagando las correspondientes cotizaciones.
Casi veinte sentencias individuales se dividen a partes iguales entre los jueces que están a favor de que estos trabajadores sean autónomos y los que consideran que son trabajadores que deberían tener un contrato regular. La balanza la decantó la sentencia de septiembre del año pasado del Tribunal Supremo que establece que estos repartidores sí son falsos autónomos.
Los cálculos hechos para Invertia por abogados laboralistas cifran el impacto total para todas estas empresas entre los 100 y los 120 millones de euros al año, solo en cotizaciones sociales. Si se tuviesen que contratar a todos los repartidores estamos hablando de no menos de 25.000 nuevas altas a la Seguridad Social.
Queda mucho por hacer
Riders X derechos, plataforma que ha asesorado y apoyado a las decenas de denuncias presentadas en los juzgados contra el modelo de autónomos, cree que esta ley es una buena noticia, pero que queda mucho por hacer.
«Ahora, se abre un escenario diferente en el que consideramos muy importante el papel de los sindicatos y animamos a que todos los trabajadores se unan y se organicen con el sindicato que consideren», han señalado.
Señalan desde la plataforma que «es importante remarcar que la laboralización de los riders se ha conseguido no solo por la voluntad del Ministerio de Trabajo con esta ley, sino que ha sido la suma de fuerzas de diferentes sindicatos, de académicos comprometidos, de la fuerza de la red internacional contra la uberización y, en especial, de la autoorganización, manifestaciones y denuncias de los propios repartidores, que han cosechado más de 47 sentencias favorables durante estos últimos 4 años, incluida la del Tribunal Supremo».
«Esta ley no es el final, ni mucho menos, es un simple punto y seguido en nuestra lucha. Estas empresas han venido a cargárselo absolutamente todo y sabemos que, igual que se han saltado la ley durante más de 5 años, lo van a seguir intentando hacer con esta legislación. Es por ello que seguiremos luchando junto a muchos otros sectores de la clase trabajadora para que se respeten nuestros derechos y se deje de vulnerar sistemáticamente derechos fundamentales», finalizan.
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