Ni persecución política ni campaña de desprestigio: lo que hay es un fraude fiscal y un relato desmontado línea a línea en sede judicial
EL SUPREMO SACA LOS COLORES A LA PAREJA DE AYUSO
No lo dice la prensa. No lo dice la ministra Montero. No lo dice un meme. Lo dice el Tribunal Supremo: llamar “defraudador confeso” a Alberto González Amador no vulnera su honor. Porque, aunque duela, confesar un fraude fiscal de 350.000 euros mediante tu abogado también es confesar.
A partir de ahora, cada vez que alguien del entorno de Isabel Díaz Ayuso hable de persecución política, de campañas orquestadas o de guerras sucias, bastará con señalar dos hechos probados:
1. Que el abogado de González Amador mandó un correo a Fiscalía en el que reconocía “dos delitos contra la Hacienda Pública”.
2. Que ha confesado ante el Supremo que lo hizo por encargo directo del empresario.
La defensa de la pareja de Ayuso, esa tragicomedia política que lleva más de un año mutando de versión según las necesidades del momento, se ha derrumbado con estrépito. El discurso inicial fue de ciencia ficción: “nunca ha confesado, esto es una conspiración”. Luego pasó al thriller: “el abogado lo hizo por su cuenta, sin que yo lo supiera”. Y ha terminado en comedia judicial: el propio abogado, Carlos Neira, admite ante el juez que González Amador sabía, entendía y aceptaba lo que implicaba su confesión.
El problema no era que lo llamaran defraudador. El problema es que lo era. Y lo sabía.
AYUSO, RODRÍGUEZ Y EL TEATRO DE LA CONSPIRACIÓN
Cuando elDiario.es publicó en marzo de 2024 que la Fiscalía acusaba al empresario de fraude fiscal y falsedad documental, la reacción del Gobierno de Madrid fue furibunda. Ayuso se parapetó en su relato victimista: su pareja era víctima de “todos los poderes del Estado”. Miguel Ángel Rodríguez, fiel escudero y maestro de la intoxicación informativa, amenazó con cerrar medios y difundió bulos a mansalva.
El relato se vino abajo en días. A las pocas horas ya se sabía que habían negociado un pacto con la Fiscalía para reconocer el fraude, pagar y no entrar en prisión. La prueba era demoledora: un correo del abogado al fiscal admitiendo los delitos. La estrategia fue entonces cambiar el marco: no era una confesión, era una negociación. Luego que el abogado actuó por libre. Luego que la ministra Montero había vulnerado su honor. Y así, una cadena de excusas que ha terminado triturada por la realidad judicial.
Porque esta no es solo una derrota legal. Es una demolición narrativa. El abogado, inspector de Hacienda en excedencia, especialista en pactos de conformidad, explicó ante el juez que habló con González Amador, que este entendió perfectamente el acuerdo, y que no actuó por su cuenta ni improvisó nada. La confesión fue real. La intención de pactar fue deliberada. Y el objetivo era evidente: quitarse de encima el caso “con el menor ruido posible”.
Que Ayuso mantenga la ficción ya no es defensa. Es desinformación institucional.
La sentencia del Supremo, por su parte, no solo blinda a Montero frente a la demanda civil de 40.000 euros. Protege la crítica política cuando hay base fáctica. Y en este caso, la base fáctica es contundente. No se trata de una condena judicial (que aún no ha llegado), pero sí de una confesión directa a través de un representante legal. Y eso basta para que los jueces de la Sala de lo Civil sentencien: no hay intromisión ilegítima, sino libertad de expresión amparada por hechos objetivos.
Más claro, agua. Y menos oro, también. Porque la querella contra Montero era solo una pieza de un puzle mayor: una campaña de intimidación con casi 20 demandas contra periodistas, políticos y cargos públicos, con las que González Amador busca reescribir la historia a golpe de litigio. Pero lo que no se puede ocultar es que su confesión es tan real como sus ingresos durante la pandemia vendiendo mascarillas a precios inflados.
No es persecución. Es rendición de cuentas.
Y si alguien ha mentido en sede judicial, ya saben lo que toca. Porque entre la declaración del empresario —negando el encargo de confesar— y la de su abogado —asegurando que sí se lo encargó— alguien ha mentido ante el Supremo. Y no parece que sea Neira quien esté improvisando.
A veces, los delitos no los descubre la prensa. Los confiesan los propios protagonistas. Aunque luego intenten demandarte por recordárselo.
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