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El canciller se arrodilla ante las élites económicas mientras abre la puerta a recortar derechos sociales.
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EL ATAQUE AL ESTADO DEL BIENESTAR
El 23 de agosto de 2025, desde un congreso del CDU en Osnabrück, Friedrich Merz dejó claro cuál es su proyecto político: el Estado del bienestar “ya no puede financiarse” con lo que produce la economía alemana. Una afirmación cargada de cinismo en el cuarto país más rico del planeta, con superávit exportador y con beneficios récord para sus grandes empresas.
El mensaje de Merz no es casual. Prometió que bajo su liderazgo no habrá ningún aumento del impuesto sobre la renta para las empresas medianas. El canciller protege así a los sectores que financian y sostienen a su partido, blindando a la patronal y trasladando el coste de la crisis fiscal hacia abajo. El discurso repite la vieja receta neoliberal: reducir derechos sociales, demonizar el gasto público y proteger el capital privado.
Alemania no es un país empobrecido. Según el Bundesbank, los beneficios empresariales crecieron un 12% en 2024, mientras el gasto social representó el 25,5% del PIB. La cuestión no es que no haya recursos, sino a quién se decide favorecer. El gobierno prefiere salvaguardar dividendos en lugar de garantizar pensiones dignas o una sanidad pública sólida.
LA FRACTURA POLÍTICA Y EL ASCENSO DE LA EXTREMA DERECHA
El movimiento de Merz busca tensionar a su socio de coalición. El SPD, debilitado electoralmente, se resiste a asumir recortes que cuestionan su propia identidad. El vicecanciller Lars Klingbeil habló de “soluciones imaginativas” y no solo de tijeras, mientras los Jusos advirtieron que “si las reformas solo significan recortes, el SPD no puede ceder ni un milímetro”. Pero la debilidad del partido socialdemócrata amenaza con convertir esa resistencia en mera retórica.
La jugada del canciller también tiene otra lectura: es un guiño a los votantes fugados hacia la ultraderecha de AfD. Merz intenta presentarse como el hombre duro dispuesto a “poner orden” en las cuentas públicas, aun a costa de destruir conquistas sociales que son parte de la identidad alemana desde la posguerra.
El riesgo es evidente. Cuando los partidos tradicionales compran el marco discursivo de la extrema derecha, esta no se debilita, se fortalece. Al legitimar la idea de que el Estado del bienestar es insostenible, el canciller entrega munición a quienes convierten la pobreza y la inseguridad en caladero de votos.
Alemania ya vivió algo parecido con las reformas Hartz del canciller Schröder a inicios de los 2000. Aquellos recortes precarizaron el mercado laboral y ampliaron la desigualdad. Dos décadas después, la historia amenaza con repetirse. El poder económico sigue dictando las reglas, y los gobiernos —sean conservadores o socialdemócratas— aceptan sin resistencia que los costes de cada crisis recaigan siempre sobre trabajadoras y trabajadores.
Merz lo resumió con crudeza en Osnabrück: “No estoy satisfecho con lo que hemos logrado. Tiene que ser más”. Más recortes, más desigualdad, más sacrificios para quienes sostienen el país. Nunca para quienes lo saquean.
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Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
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Aimar Bretos asumirá Hoy por hoy el 31 de agosto, tras la salida de Àngels Barceló después de 21 años en la cadena y 7 al frente del programa. El problema no es Bretos. El problema es ese viejo truco de llamar “pluralidad” a lo que muchas veces significa presión editorial, ajuste interno y disciplina empresarial.
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