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En 2021, 186 países votaron a favor de reconocer el derecho humano a la alimentación. Solo dos se opusieron: los mismos que hoy justifican bloqueos y genocidios.
EL VOTO CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA
En diciembre de 2021 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución A/RES/76/166. El texto, respaldado por 186 países, declaraba que el hambre constituye “una violación de la dignidad humana” y reafirmaba el derecho universal a la alimentación. Se trataba de un paso simbólico pero fundamental para fortalecer el marco internacional contra la hambruna, especialmente en un mundo donde más de 811 millones de personas padecen inseguridad alimentaria grave según datos de la FAO.
El resultado fue casi unánime. De Afganistán a Zimbabwe, de China a toda Europa, la comunidad internacional se alineó con una verdad obvia: nadie debería morir de hambre en un planeta capaz de producir alimentos para todos y todas. Solo dos países votaron en contra: Estados Unidos e Israel.
Estados Unidos, primer exportador agrícola del mundo, justificó su rechazo en tecnicismos. Alegó que el “derecho a la comida” no está definido en la legislación internacional y que podría servir de excusa para medidas “proteccionistas” que afectasen sus exportaciones. Añadió que aceptar este derecho podría poner en cuestión sus patentes de biotecnología y sus negocios en torno a la propiedad intelectual. El capitalismo disfrazado de argumento jurídico.
Israel ni siquiera ofreció explicaciones públicas. Su voto se alineó de forma automática con Washington, como tantas veces. Sin embargo, especialistas apuntaron una obviedad: en ese mismo momento el Estado israelí mantenía un bloqueo criminal sobre Gaza, que restringía alimentos, combustible y medicinas. Reconocer el derecho humano a la comida lo habría colocado de inmediato en violación flagrante de ese principio.
Decir no al derecho a la alimentación es legitimar que la gente pueda morir de hambre en nombre del beneficio económico o de la geopolítica.
EL HAMBRE COMO ARMA DE GUERRA
La resolución subrayaba algo que ya recoge el derecho internacional humanitario: “es prohibido atacar, destruir o inutilizar objetos indispensables para la supervivencia de la población civil, como alimentos, cultivos, ganado o agua potable”. Un recordatorio necesario porque las guerras modernas, desde Yemen hasta Gaza, se libran no solo con bombas sino también con la privación sistemática de bienes básicos.
El rechazo de EE.UU. e Israel no fue inocuo. Supuso un intento de debilitar ese consenso global que condena el uso del hambre como táctica militar. Los hechos hablan solos. Israel, a través de su asedio a la Franja de Gaza, ha convertido la comida en un arma de control. Estados Unidos, con su historial de sanciones económicas y bloqueos comerciales, ha utilizado el hambre como herramienta de presión política en países como Cuba, Venezuela o Irán.
El doble rasero es evidente. Las mismas potencias que declaran la libertad como su valor supremo se niegan a garantizar el derecho más básico de todos: el acceso al pan, al agua y a la supervivencia.
Las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, pero marcan el pulso moral y político del mundo. La soledad de EE.UU. e Israel en aquella votación los retrató como lo que son: Estados que privilegian el mercado, el control y la dominación por encima de la vida humana.
La ONU puede carecer de mecanismos de enforcement, pero su voz es un espejo. Y ese espejo dejó en evidencia en 2021 que el hambre no es una fatalidad natural, sino una estrategia diseñada y mantenida por quienes se benefician del desequilibrio global.
Mientras medio planeta malvive entre guerras, bloqueos y desnutrición, las superpotencias que podrían poner fin al hambre con un simple giro político siguen tratándolo como una mercancía más.
El hambre no es un accidente, es una decisión.
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