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El negocio de la vivienda es violencia estructural. El movimiento inquilino convoca la primera gran movilización estatal para reventar un sistema que ha convertido el derecho a techo en mercancía.
Bajar los alquileres un 50% y acabar con el negocio de la vivienda no es una consigna, es una urgencia social. Eso exigen los colectivos que han convocado para el 5 de abril la primera gran movilización estatal por el derecho a la vivienda de este nuevo ciclo de protestas. Madrid, Barcelona y decenas de ciudades se sumarán al grito unánime de las y los inquilinos hartos de la precariedad impuesta por gobiernos que siguen protegiendo la rentabilidad por encima del derecho.
La movilización llega tras meses de protestas descentralizadas que han estallado en Baleares, Canarias, Málaga, Barcelona o Madrid, donde el 13 de octubre de 2024, decenas de miles de personas desbordaron las calles reclamando lo que el Estado se niega a garantizar: acceso justo a una vivienda digna.
Desde entonces, el Ejecutivo ha optado por el escapismo legislativo. Anuncios vacíos, registros simbólicos, promesas sin calendario y leyes bloqueadas. El Ministerio de Vivienda de Isabel Rodríguez ha optado por mantener los privilegios de los especuladores en lugar de intervenir el mercado. Ni se ha fiscalizado con seriedad el alud de pisos turísticos, ni se ha limitado el uso abusivo de los contratos de temporada. Mientras tanto, la Sareb acumula viviendas vacías pagadas con dinero público, los fondos buitre las acaparan a través de testaferros, y las y los vecinos son expulsados de sus barrios.
Según datos oficiales del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el esfuerzo medio de una familia para pagar un alquiler en España ya supera el 42% de su salario. En ciudades como Madrid, Barcelona o Palma, esta cifra roza el 60%. Hablar de «mercado» en estas condiciones es una farsa: esto es un régimen de saqueo.
UN MOVIMIENTO QUE CRECE Y SE ORGANIZA: HUELGAS, CONFEDERACIONES Y RESPUESTAS COLECTIVAS
Lejos de resignarse, el movimiento por el derecho a la vivienda ha decidido organizarse y contraatacar. Nuevos sindicatos de inquilinas y arrendatarios han surgido en Sevilla, Cádiz o Asturias, sumándose a los ya consolidados en lugares como Vigo, Zaragoza, Ibiza o Catalunya. La fuerza de estas redes quedó clara en episodios como el de Josep, en el barrio de la Casa Orsola del Eixample barcelonés, donde la presión vecinal evitó su desahucio y forzó la compra pública del edificio por parte del consistorio.
El reciente II Congreso de Vivienda, celebrado el 8 y 9 de febrero, reunió a más de 600 activistas en Catalunya. Allí se consolidó una confederación que agrupa a decenas de colectivos y propone herramientas colectivas de lucha como las huelgas de alquiler. Ya hay experiencias reales en marcha contra empresas como La Caixa o Nestar-Azora.
Frente al cinismo institucional que sigue blindando el negocio de Blackstone, Cerberus o Lone Star, las organizaciones sociales apuestan por medidas contundentes: recuperar las viviendas vacías, expropiar el parque de la Sareb, ilegalizar los grupos de desokupación —como denuncian desde Sistema 161 en esta investigación— y establecer un control efectivo de precios. Todo lo demás es humo.
El 5 de abril, el movimiento de vivienda no solo exige cambios. Se planta ante el Estado, los gobiernos y sus partidos por haber permitido este sistema criminal. Y lo hace desde abajo, desde los barrios, con pancartas y con dignidad.
No es una protesta más, es un ultimátum: si no garantizáis techo, habrá desobediencia. Si no actuáis, habrá huelga. Y si seguís mirando hacia otro lado, habrá revuelta.
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Porque sí, la extrema derecha no empieza siempre gritando censura, deportaciones, recortes o mano dura. A veces empieza antes. Mucho antes. Empieza alterando el lenguaje. Empieza llamando “libertad” al privilegio de quienes más tienen. Empieza llamando “familia” a un modelo único y obediente. Empieza llamando “patria” a una frontera moral. Empieza llamando “sentido común” a una agenda profundamente reaccionaria.